En entrevista con SEMANA, el abogado Jaime Lombana, defensor del Ministerio de las TIC en medio de la polémica desatada por el contrato millonario con Centros Poblados, reveló nuevos detalles del caso que hoy tiene en la mira de la justicia a funcionarios e incluso a cuatro congresistas.

“¿Qué necesidad tenía Karen Abudinen de inventarse una llamada o que tal congresista haya falsificado la póliza. Estamos averiguando, pero sí sabemos que la persona que pide la caducidad del contrato es la exministra y eso prueba su inocencia”, dijo Lombana.

¿Red o entramado criminal?

Y agregó que tiene preocupación por lo que sería una red de falsificadores: “Encontramos un correo que preocupa. Se adjudica el contrato y, una vez pasa eso, el contratista tenía 3 días para presentar una garantía de cumplimiento. En ese momento, la unión temporal manda un oficio y dicen que quieren tener un plazo adicional, digamos, para conseguir la póliza. Ellas (dos funcionarias) contestan que no hay más plazos. Si usted no entrega la póliza, aplicaremos lo que establece la norma, dicen, y le niegan el plazo”. Lombana señaló que es muy diciente que no se le hubiera concedido dicho plazo, pero además en el documento técnico, explica el defensor de MinTIC, “le piden a quien debía verificar todo, que revisara la autenticidad de los correos”.

Aclara además que todo está probado en el documento técnico que se conocerá en el proceso penal.

¿Correo falso?

“Hemos descubierto que hay un entramado criminal sofisticado. Es que a cualquier persona le meten un gol. Alguien mandó un correo falso con el tema de Itaú. Pero entendamos algo. Ustedes saben que un correo falso rebota, nunca hubo rebote ni le llegó al Itaú. No tengo duda de la inocencia de la doctora Diana, Sandra, funcionarias al sentirse engañadas. Es lo que hemos visto en la investigación. Sobre otras personas creo que hay que explicar muchas cosas. Más teniendo en cuenta que están en juego más de 1 billón de pesos”, agregó.

El abogado Lombana explicó que la exministra es víctima de un “entramado criminal” que no le tiene temor a nadie. “Es que decretar la caducidad es la prueba clara del apego a la ley de la exministra, insisto”.

SEMANA reveló en días pasados, en exclusiva, el testimonio de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona ante la Fiscalía. Él es el dueño de la firma Novotics y es uno de los involucrados en el sonado escándalo de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC.

El anticipo del contrato con Centros Poblados fue por 70.000 millones de pesos, cifra que ha ocupado la primera plana de la opinión pública en las últimas semanas y que le costó el cargo a Karen Abudinen, que comandaba el ministerio.

Por este escándalo tres personas fueron capturadas y cobijadas con una medida de aseguramiento. Se trata del excontratista y condenado por el “Carrusel de Contratos” de Bogotá, Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el corredor de seguros Juan José Laverde.

¿Esa platica se perdió?

Lombana explica que hubo daño en el reembolso y que además no se preste el internet para las personas que lo necesitaban en las partes más lejanas de Colombia, pero sí fue claro en señalar que la plata no se ha perdido. “La ministra ordenó embargos de esas cuentas, la Contraloría ha tomado medidas idóneas que tienen embargadas sumas”.

Los tres negaron su responsabilidad en los hechos que imputó la Fiscalía y por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. En las audiencias preliminares las fiscales de la Dirección Anticorrupción revelaron todo el material probatorio en contra de los ahora judicializados y que los dejaba como los principales responsables de llevar a un error a los funcionarios del MinTIC.

La Fiscalía presentó las conversaciones que dejan en claro cómo existía previamente una relación entre el corredor de seguros Juan José Laverde y Emilio Tapia, a quien calificaron como el dueño y principal responsable de las actividades ilegales para quedarse con el millonario contrato.

Son chats que compartió Emilio Tapia y quien ahora es considerado el testigo clave de la Fiscalía en todo este entramado de corrupción, con el contratista Juan Carlos Cáceres, representante legal de una de las empresas que conformaron en su momento la unión temporal Centros Poblados.

“Gustavo Petro y yo desenmascaramos una red de corrupción hace muchos años”

El abogado Jaime Lombana recordó cómo, según él, junto con Gustavo Petro, desenmascararon lo que se conoció como el cartel de la contratación en Bogotá, “con todos los actores, varios ya detenidos; al principio nadie me creía, pero debo ser honesto. Petro trabajó en este tema, incluso al punto de denunciar a Emilio Tapias. Es que me acuerdo de reuniones de los Nule con Moralesrussi, con el apellido Benedetti. Moralesrussi fue parte de esto, como el abogado Inocencio Meléndez”.

Este testigo además aseguró que fueron Emilio Tapia y otras personas los encargados de conseguir garantías bancarias ante la imposibilidad de obtener las pólizas para participar y ganarse la adjudicación del contrato para la conectividad de 7.000 puntos de internet en las zonas más apartadas del país.

SEMANA también conoció la declaración de Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados, en la que explica de qué manera llegó a la millonaria licitación, cuál fue su participación en el proceso y qué sabe de las garantías bancarias que fueron confirmadas como falsas por el Banco Itaú, Incocrédito y la propia Fiscalía.

Advirtió Duque, en más de tres horas de diligencia, que la orden de los representante legales de las empresas que conformaban la Unión Temporal era continuar el proceso para la obtención de las garantías bancarias, con el mismo corredor de seguros que ubicó los documentos necesarios en el proceso precontractual, el señor Juan José Laverde.