Son casi 40 días los que completa el país en medio del fuego cruzado provocado por las protestas. Los hechos no han pasado desapercibidos para la comunidad internacional, que ha manifestado su preocupación por posibles excesos de la fuerza pública.

Pero ahora recibieron un explosivo informe, de casi 70 páginas, en el que se revela la cruda violencia de las movilizaciones, la infiltración de la protesta y el coletazo para la economía. El documento, al que tuvo acceso en su totalidad SEMANA, fue entregado, en sus manos, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a la Organización de las Naciones Unidas, al igual que a la Corte Penal Internacional, como parte de una ofensiva diplomática iniciada por el Centro Democrático en Washington.

El informe está dividido en 14 capítulos. Uno de ellos se refiere a actos violentos contra la población civil no manifestante, que deja un balance preocupante de afectaciones y costos de los daños por sectores: comercio, 123.000 millones de pesos; transporte, 53.000 millones; agro, 26.000 millones; manufacturas, 41.000 millones; y construcción (vivienda y obras públicas), 26.000 millones.

La cronología del documento muestra cómo ha venido escalando la alteración del orden público. Por ejemplo, el 24 de mayo, en Soacha, varios camiones bloquearon la autopista Sur. Esto causó una ola de violencia en la que los manifestantes quemaron un bus de Transmilenio, y golpearon con palos y piedras los buses de transporte público. El 26 de mayo, en Florida, Valle del Cauca, fue incinerada una buseta en la que se transportaban corteros de caña de azúcar.

Resultaron dos trabajadores quemados de gravedad y otros siete heridos. Uno de los hechos más graves que destaca el informe ocurrió el 28 de mayo, en Bogotá, cuando manifestantes “robaron un bus de Transmilenio, obligando al conductor a desviar la ruta. Pusieron en riesgo la vida de los pasajeros y del conductor”.

El segundo capítulo del escrito, elaborado en su parte técnica por la firma del abogado Víctor Mosquera, quien representa la defensa internacional del expresidente Álvaro Uribe, está dedicado a los ataques contra la libertad de prensa. Advierte que el 28 de abril de 2021 la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que 19 periodistas y dos medios de comunicación fueron agredidos durante las manifestaciones.

En Bogotá, se presentaron ataques con bombas molotov, piedras y objetos contundentes contra las sedes de la revista SEMANA y los canales de televisión RCN y NTN24. La Asociación Internacional de Radiodifusión coincidió con que se estaba atentando en contra de la libertad de prensa. Relata también que el viernes 7 de mayo de 2021, en la vía Tunja-Bogotá, un grupo de periodistas fue retenido cerca del peaje El Roble, que 48 horas atrás había sido incinerado por manifestantes.

Fueron detenidos e inmovilizados por encapuchados, a pesar de que los líderes de la protesta verificaron que se trataba de periodistas. Los comunicadores contaron que los organizadores de la marcha pedían a los motociclistas gasolina en botellas de gaseosa para hacer bombas molotov. El balance es preocupante para la prensa. Son más de 47 hechos: 29 amenazas, 13 obstrucciones, nueve casos de robo o eliminación de material periodístico, seis detenciones ilegales, seis hostigamientos, tres daños a infraestructura, dos casos de estigmatización y dos ciberataques a páginas web.

Hay un capítulo dedicado al que se ha convertido en el dolor de cabeza para el Gobierno y que más afecta la economía del país: los bloqueos. Señala el informe que, a dos semanas de iniciado el paro nacional, se habían presentado más de 1.662. En la tercera semana, la cifra era de 2.048. Y, tras un mes de protestas, se contaban 2.499 bloqueos.Ante los organismos internacionales también se expuso el incumplimiento de las normas de los conflictos. Así, fueron documentados 170 casos de ataques a misiones médicas.

El informe, con la minucia de lo ocurrido en el paro, realiza un inventario de pérdidas por productos de exportación a causa de los bloqueos, en especial en el puerto de Buenaventura: aguacate hass, 15.000 millones de pesos; panela, 1.300 millones; café, más de 200.000 millones; y pescado, 32.000 millones, entre otros. Para darse una idea de la magnitud de las pérdidas, se calcula que un día de manifestaciones produce un saldo en rojo de 484.000 millones de pesos.

Como si fuera poco, se documentan también las personas desaparecidas. Con corte al 25 de mayo, se habla de más de 500, según cifras de la Defensoría del Pueblo. La Fiscalía ha encontrado 290, y se encuentran activos más de 192 casos a través de mecanismos de búsqueda urgente.

Petro y Bolivar

El informe, relacionado con el sector del Centro Democrático, hace referencia a políticos, como los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Habla de cómo estarían incitando al odio y la violencia. Menciona que el 3 de mayo de 2021, en Cali, un grupo de manifestantes le prendió fuego a un hotel, porque estaban alojados miembros del Esmad. “No obstante, el senador Gustavo Petro desinformó a la opinión pública afirmando en Twitter que era la policía la que le estaba prendiendo fuego: ‘Queman las casas en Cali. El mundo debe enterarse de esta barbarie de Duque y su jefe Uribe’”, señala el reporte al citar los trinos de Petro.

Bolívar también es mencionado, pues el 2 de mayo de 2021 publicó varios mensajes en Twitter “en los que desinformaba a la comunidad internacional asegurando que el gobierno del Presidente de Colombia estaba ‘masacrando a la población civil’”.

El senador además escribió: “RT si están de acuerdo en que la Primera Línea cuida más al pueblo que la recua de políticos ladrones, tramposos y matones que nos gobiernan hace 200 años #GraciasPrimeraLínea. Nos enseñaron a perder el miedo”. El mensaje estaba acompañado de una imagen con manifestantes encapuchados y escudos de lata de la primera línea y del hashtag #UribeParacoHpta, con lo cual, señalan, estaría incitando a la violencia.

¿ELN y Farc, infiltrados?

El informe presenta como, desde la clandestinidad, Iván Márquez, jefe de la denominada Segunda Marquetalia, se refiere al paro nacional y aviva la violencia: “Tendremos nuevo gobierno, por la fuerza irresistible de las masas o por la vía constitucional, eso es seguro. Basta Duque, no más represión militar ni tratamiento de guerra contra un pueblo indemne”.

Lo curioso es que, ese mismo día, según el documento, el ELN emitió un comunicado felicitando a los manifestantes y afirmando que el Gobierno “buscaba aprovechar las movilizaciones para decretar el estado de conmoción interior”.

Se trata de una cruzada para poner ante los ojos del mundo, en especial de los organismos internacionales, la gravedad de lo ocurrido en las protestas. Los enfrentamientos no solo se dan en las calles. En la arena de la diplomacia también forman parte del ajedrez, y la ofensiva del Centro Democrático busca hacer contrapeso a lo que han documentado organizaciones como Human Rights Watch, en cabeza de José Miguel Vivanco, quien se ha enfocado en la violencia contra los manifestantes y los excesos de la fuerza pública.