De la indignación y el anuncio de justicia que provocó el terrible accidente de tránsito, ocurrido el 13 de septiembre de 2021, en el sector de Gaira, Santa Marta, y que dejó seis personas muertas y un menor gravemente herido, poco queda. Solo el ruego de la Fiscalía por buscar un acuerdo con el responsable. Irónicamente, Enrique Vives, el conductor, tiene con qué defenderse. Lo hará y probablemente, pese al escándalo, no pondrá ni un pie en la cárcel.
El proceso arrancó con una idea clara para la Policía que capturó, la Fiscalía que judicializó y el país que condenó. No era para menos. Seis personas perdieron la vida mientras intentaban cruzar la vía, y el conductor, Enrique Vives, los atropelló. Luego, en una prueba de alcoholimetría que hizo la Policía de Tránsito, concluyó que se encontraba en grado tres de embriaguez. Todo indicaba que el camino de Vives conducía a una prisión.
Fueron al menos cuatro exámenes los que le realizó la Policía a Enrique Vives después de su captura. Sin embargo, y aquí se enreda el proceso, nunca lo llevaron, según su defensa, a Medicina Legal para practicarle una prueba clínico-forense o de alcoholemia, fundamental, de acuerdo con los expertos, como evidencia en un proceso penal.
La prueba
La ley les exige a las autoridades de tránsito que, en casos de accidente con muertos, el conductor implicado debe ser sometido a una prueba clínico-forense o de alcoholemia con Medicina Legal. Ese requisito, según la defensa de Enrique Vives, no se cumplió, o por lo menos no durante los actos urgentes. Y es apenas obvio, pues luego del accidente las autoridades de forma irregular dejaron ir a Vives, quien se refugió en una clínica de cirugías estéticas y se hizo el enfermo. El país recuerda la foto en la que aparece lleno de cables y hasta con una Biblia a su lado, cual moribundo, cuando sufría una simple deshidratación.
Lo que resulta inexplicable es que esa misma prueba, que la Policía y la Fiscalía omitieron con Vives, sí se les realizó a las víctimas, que en cinco casos arrojó positivo para alcohol y marihuana, respectivamente. En otras palabras, la exigencia legal con las víctimas fue más indulgente con el victimario.
La Policía de Tránsito se conformó con los resultados del alcoholímetro que llevaban los uniformados en su patrulla, y, para disipar las dudas, insistieron en las pruebas con el alcoholímetro, todas positivas, pero debatibles en un proceso penal por las dudas científicas sobre su confiabilidad.
El aparente error, que ahora es la punta de lanza en la defensa de Vives y podría tumbar la condición de embriaguez, tan evidente al comienzo de este proceso, tampoco fue advertido por la Fiscalía, que ordenó los actos urgentes y judicializó al conductor sin este elemento de prueba. Una equivocación que debe ser sancionada, según el Código Nacional de Tránsito.
“Si bien es cierto que las autoridades de tránsito cumplen con un rol importante en la realización de actos urgentes, no es menos cierto que es el fiscal asignado el que debe dirigir y coordinar todas las actuaciones a ejecutar. Es este quien tiene la inexorable obligación de ordenarla y verificar que se practique”, explicó el abogado Fernely Castañeda, experto en derecho sancionatorio, tránsito y seguridad vial.
En otras palabras, y en juicio, Vives podría demostrar que no estaba borracho cuando convirtió a un grupo de jóvenes en víctimas de un accidente de tránsito, los mató atropellándolos. Ese escenario podría incidir en la eventual condena en contra del conductor, pues el agravante desaparece y el gran escándalo terminaría en un infortunado accidente.
Sin comparendo
No realizar la prueba de alcoholemia en Medicina Legal luego del accidente se convirtió en el argumento de un recurso de reposición contra la orden de comparendo a Enrique Vives. SEMANA conoció la resolución que suspendió el proceso contravencional, es decir, en la actualidad las actuaciones en la Secretaría de Movilidad de Santa Marta que involucran al conductor están congeladas, mientras se resuelve en una segunda instancia.
Con la suspensión de la orden de comparendo y los argumentos que fueron sumados en ese proceso, que incluyó el error de no llevar a Enrique Vives a Medicina Legal, el escenario jurídico se inclina en favor del conductor y en riesgo para la Fiscalía, que ahora busca a como dé lugar un acuerdo para terminar rápido el proceso, pero con una sombra de impunidad cada vez mayor.
Entre los argumentos se estableció que la prueba de alcoholemia en Medicina Legal finalmente se ordenó, pero 11 días después del accidente, cuando se percataron de tamaño descuido en el proceso de judicialización. Claramente, un espacio de tiempo que deja considerables dudas y que la defensa aprovechó en favor de su cliente.
No hay acuerdo
El proceso contra Enrique Vives por el accidente de tránsito y la muerte de seis personas ha tenido dos fiscales. En la etapa preliminar, uno imputó el delito de homicidio con dolo eventual. Luego, y tras los reclamos por justicia, la Fiscalía trasladó el proceso a Bogotá y le asignaron un nuevo fiscal, que sumó el delito de tentativa de homicidio.
Con la nueva imputación, la Fiscalía iba por todo: una condena ejemplar en un caso que indignó al país. Sin embargo, con el paso de los meses, y mientras se aplazaron las audiencias, lo que estaba tan claro se distorsionó. Ahora es el mismo ente acusador el que propone acuerdos con penas irrisorias a las que se planteaban en el escenario de un conductor borracho que arrolló y mató a seis personas.
Se conoció la posibilidad de firmar un acuerdo entre Vives y la Fiscalía, que incluía aceptar cargos a cambio de una pena de ocho años de cárcel en detención domiciliaria. SEMANA estableció que ni ese acuerdo se logró, fue rechazado por la defensa del conductor, que le hizo una contrapropuesta al fiscal del caso: un principio de oportunidad, que cese toda investigación contra su cliente y lo ponga en libertad.
La defensa confía en que pueden ganar el juicio, pues los elementos de prueba no son claros. La Fiscalía tendrá problemas para confirmar la embriaguez de Vives, luego de los errores al comienzo de la investigación y, por el contrario, los abogados tratarán de demostrar una figura que se conoce como responsabilidad compartida: tanto el conductor como los peatones provocaron el fatal desenlace.
El proceso se encuentra en etapa probatoria, la propuesta de la Fiscalía para terminarlo de manera anticipada por ahora se descarta. Seis víctimas fueron indemnizadas por montos que en total sumaron más de 1.600 millones de pesos. Solo una familia se negó a la reparación tras considerar que no hay cifra económica que resarza el daño causado, esperan que lo haga la justicia.
Recientemente, se conoció una denuncia de Enrique Vives contra los familiares de dos víctimas del accidente. El conductor advierte que tiene información de que se estaría planeado un ataque contra su vida y su familia.
“Por información de terceros, fui informado que los familiares y por cuestiones de trago y a viva voz comenzaron a manifestar que estaban esperando que yo (Enrique Vives Caballero) o alguno de mis familiares, saliéramos de nuestra residencia con el fin de atacar nuestra integridad física y atentar contra nuestra vida”, señala el documento conocido por SEMANA.
La denuncia está en poder de la Defensoría del Pueblo, que deberá darle trámite, es decir, que las víctimas sean investigadas. Una vuelta jurídica que no se esperaba el país y en la que las responsabilidades están lejos de definirse. Con una ironía de fondo: Vives, quien atropelló a los jóvenes, huyó de la justicia, se refugió en una clínica y no dio la cara. Está pasando de victimario a víctima, un desenlace inesperado.