Este miércoles, ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Víctor Mosquera presentó ampliación de denuncia contra el congresista Gustavo Bolívar por supuestamente financiar a la denominada primera línea.
En esa diligencia, de manera virtual, ante el magistrado Francisco Farfán, se expuso un documento que también fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dirigido a Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatora para Colombia, Ecuador y Nicaragua.
El senador Gustavo Bolívar compartió una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que se buscaba darles recursos a los manifestantes de “la primera línea”, que en ocasiones han sido los que terminan enfrentados con la policía y el Esmad. Varios usuarios cuestionan al senador por apoyar este financiamiento cuando se ha visto que muchas de estas confrontaciones terminan con civiles y uniformados heridos.
El informe empieza señalando: “En relación con las protestas que se han venido desarrollando en Colombia, entre el 28 de abril y el 10 de agosto de 2021, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados se permite informar que el Senador Gustavo Bolivar Moreno ha recolectado más de 330 millones de pesos (casi 83.000 dolares), para comprar implementos como cascos, caretas y guantes para que estos sean usados por el grupo delictivo autodenominado “primera línea” al momento de enfrentarse con la fuerza pública”.
Y agrega: “Lo anterior resulta de enorme gravedad, toda vez que existen hechos notorios y de público conocimiento con respecto a los actos violentos y delictivos cometidos por la autodenominada “primera línea” contra la población civil no manifestante y contra la fuerza pública; actos que han venido ocurriendo incluso antes de que el senador Gustavo Bolívar recolectara fondos para adquirir implementos en favor de dicho grupo, como se expone en el presente informe”.
El informe cita de manera cronológica varios hechos en los que la primera línea ha incurrido en actos delincuenciales. Por ejemplo, se lee: “El 29 de abril de 2021, integrantes de la primera línea atacaron con arma blanca al patrullero Ángel Gabriel Padilla, a quien le habrían propinado más de 27 puñaladas, lo que estuvo a punto de causarle la muerte, por lo cual tuvo que ser internado durante varios días en una unidad de cuidados intensivos”.
En otro aparte advierte que: “El 6 de mayo de 2021, en su cuenta de Twitter el senador Gustavo Bolívar publicó un fervoroso agradecimiento a los integrantes de la primera línea, acompañado de una foto donde se aprecian desmanes en el marco de las protestas”.
El informe también adjunta trinos del consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien publicó un segundo tuit en el que manifestó que “La ‘primera línea’ es un aparato entrenado para la violencia urbana a gran escala, señalando que: “En algunos casos actúa con individuos armados. En Cali disparan al ESMAD e intentan tomarse estaciones de policía. Este video es de anoche, 10:30 pm, en la estación de Siloé. @ONUHumanRights”.
“Este Tweet fue acompañado de un video en el que se observa la forma en que un grupo de presuntos integrantes de la “Primera Línea” disparan en repetidas ocasiones con armas de fuego contra el Esmad y, además, les lanzan bombas molotov”, escribió.
En otro aparte, señala el informe: “El 31 de mayo de 2021, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa informó que a 3 menores de edad, de entre 15 y 17 años, presuntos integrantes de la “Primera Línea”, se les impuso medida de internamiento preventivo, ya que fueron detenidos en flagrancia luego de haber participado el 28 de mayo en el ataque a un centro judicial y una estación de policía en el suroccidente de Cali con bombas Molotov y armas de fuego.
Según la Fiscalía, estos jóvenes, a quienes se les decomisaron tres escudos metálicos con letreros alusivos a denominada Primera línea Siloé, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en ese lugar. Según lo manifestó el fiscal Barbosa: “Los delitos imputados ante el juez de garantías a estas personas son: terrorismo agravado, homicidio en grado de tentativa agravado y porte ilegal de armas agravado”.
Precisamente, SEMANA reveló en primicia la citación que le hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán Molinala. La secretaría de la Corte citó a Mosquera para esta semana y Gustavo Bolívar deberá entregar versión el próximo 20 de agosto.
Bolívar también fue denunciado por el abogado Bernardo Jaramillo. Aparte de la presunta financiación, otro argumento es que, como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático “han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad, la de su familia, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones”.
El informe concluye señalando: “En virtud de todo lo anterior, en consideración de los principios y normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y considerando que son elementos esenciales de la democracia,informamos así sobre estos alarmantes hechos cometidos por el autodenominado grupo “Primera Línea” (grupo financiado por el senador Gustavo Bolivar) en contra de la Fuerza Pública y la población no civil no manifestante, los cuales bajo ningun punto de vista pueden ser considerados como parte del legítimo ejercicio del derecho a la protesta (art. 15 CADH), pues dicho derecho por definición debe ser ejercido en forma “pacifica” y por ende sin lesionar los derechos de los demás”.