SEMANA tuvo acceso a un documento de 81 páginas, dirigido a Leonardo Espinosa, quien fue fiscal ad hoc. El tema central es Odebrecht y el objetivo del informe, con fecha de abril de 2019, según se lee en la primera página, es realizar labores de verificación y ubicación de Eder Paolo Ferracuti, Amiton Hideaki Senda y Mauricio Marangoni. El informe, realizado por un perito de la Fiscalía, hace preguntas y cuenta detalles sobre la salida del país de estos directivos.

El informe señala o cuestiona, entre otras cosas, que estas personas habrían salido del país por cuenta de que en el sistema no se tenían registradas las órdenes de captura pese a que se habían ordenado.

Por ejemplo, sobre Ferracuti, señala el informe conocido por SEMANA, que registra salida del país el día primero de febrero de 2017 con destino a la cuidad de Panamá. Sobre Hamilton Hideaki registra salida el día 07 de abril de 2017, con destino a la cuidad de Lima. Sobre Marangoni, su salida fue el día primero de Abril de 2017, sin que se tenga registro de su destino.

En el informe se pregunta si las órdenes de captura de estos directivos estaban vigentes o no en el momento de salir del país. Al parecer, el registro en el sistema de las órdenes de captura se habrían dado posterior a la salida de los mismos.

El informe resulta muy importante en este momento, pues podría dejar en evidencia una falta de acción y de medidas para evitar que estos representantes de la multinacional brasilera salieran del país, cuando meses atrás se había anunciado la investigación y orden de captura, que no se hizo efectiva por no subirla al sistema. Estuvo así cerca de un año, y por eso las dudas que se generan en torno a los viajes.

¿Quiénes son y qué hacían? En primer lugar, Eder Paolo Ferracuti es un ciudadano portugués que fungía como el representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol SAS; Amilton Ideaki Sendai, funcionario de la Constructora Norberto Odebrecht SA, y el brasileño Marcio Marangoni Marangoni, funcionario del Consorcio Ruta del Sol Consol.

¿Por qué son tan importantes? Aunque prácticamente es imposible que regresen a Colombia, en su momento los tres fueron requeridos por los millonarios sobornos de la firma brasileña en Colombia, particularmente, la Fiscalía reclamó su responsabilidad por los supuestos contratos simulados a través de los cuales se habrían terminado pagando millonarias sumas a políticos y aliados de la firma en Colombia.

Desde un comienzo, la tesis del ente investigador es que bajo esta modalidad se desmbolsaron por lo menos 34.653 millones de pesos, lo que aseguran los testigos corresponde a un porcentaje entre 4 y 5 % del total del otrosí Ocaña-Gamarra.

Cuenta el perito que se solicitó información a Luis Arturo Buitrago, jefe del Departamento de Investigación de la Dirección del Cuerpo Técnico de investigación, y la respuesta citada es que “... se hicieron las búsquedas correspondientes en el sistema Orfeo y en registro de control interno de la coordinación apoyo gestión documental de la Dirección del C. T. I. Y del Departamento de investigaciones, sin encontrar registro alguno que relaciones las ordenes de captura”.

Y advierten que: “Del mismo modo, se le hizo la consulta al doctor Daniel Hernández, fiscal delegado ante el Tribunal, adscrito a la Dirección del C. T./, si en ese despacho había algún soporte de la asignación de las referidas ordenes de captura y vía WhatsApp”.

El documento obtenido por SEMANA se conoce precisamente cuando para el próximo 4 de febrero está citada una de las audiencias más esperadas dentro del proceso debido a la información que pueden aportar los citados. Es la continuación de la audiencia de acusación en contra de Andrés Sanmiguel, contratista, y su esposa Edna Karina Méndez.

La salida de estos tres directivos el conocida, pero el informe busca indagar precisamente qué pasó con el registro de las órdenes de captura.

Ellos tendrían información sobre el supuesto ingreso irregular de cerca de 4.000 millones de pesos de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial de reelección de Juan Manuel Santos.

Cuenta también el investigador, en el informe conocido por SEMANA, que la respuesta de Hernández fue: “No, señor. Era innecesario ordenar la ejecución de esas órdenes si conocíamos por Migración que los señores estaban fuera del país desde enero de 2017. Uno de los fines que la sustento (sic) fue el peligro de no comparecencia debido a su nacionalidad, son brasileños y están en su país”. La duda que queda es si, pese a tener las órdenes de captura, el registro se dio posterior a la salida.

Sobre Marangoni, señala el informe: “Le indico que las prórrogas de órdenes de captura 032, 034 fueron allegadas por nuestro homólogo de la Policía Nacional adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e lnterpol DIJIN el 13 de agosto de 2018, las cuales fueron ingresadas al Sistema SIAN, es importante resaltar que las ordenes de captura emitidas para el año 2017, nunca fueron remitidas a esta Área, por lo cual se procede hacer el Registro de la orden de captura y su respectiva prorroga”.

SEMANA ha intentado contactar al fiscal Daniel Hernández y Leonardo Espinosa, pero no ha sido posible obtener respuesta a lo que el informe señala.