En la mañana del último día de 2020, un grupo de guardias del Inpec realizó el traslado de uno de los presos que más guarda verdades en Colombia: Gustavo Moreno. A pesar de que un juez de la república ordenó inicialmente que su reclusión se diera bajo unas condiciones especiales, por cuenta de todo lo que sabe y de su compromiso con delatar a decenas de políticos y magistrados del país, el exfiscal fue enviado a la cárcel Nacional Modelo.
El abogado del exfuncionario, David Benavides, presentó una acción de tutela en la cual solicitó que se le protejan a Moreno los derechos a la vida, a la integridad personal y al debido proceso y se deje sin efectos la boleta de encarcelación. La acción señala que ordenar que Luis Gustavo Moreno cumpla su pena “en un establecimiento carcelario como “La Modelo” de Bogotá es prácticamente condenarlo a muerte, sometiéndolo a condiciones de reclusión que ponen en peligro su integridad personal y su vida” y además expone varios argumentos en contra de la Juez de Ejecución de Penal que ordenó su traslado a esa cárcel.
En primer lugar, expresa que la Juez está incumpliendo lo ordenado por el Juzgado 75 penal municipal con función de control de garantías que por cuestiones de seguridad ordenó que fuera recluido en CESPO, un complejo de la Policía en donde han estado detenidos otros tantos funcionarios públicos. Asimismo, expresó que llama la atención este cambio súbito de posición porque la propia Juez de Ejecución de Penas había considerado la necesidad de recluirlo en CESPO y no en un centro como la Picota porque corre grave peligro su vida:
“Lo anterior con la observación que LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA deberá ser trasladado y custodiado con todas las medidas de seguridad al centro de estudios referido, con base en lo dispuesto en el numeral 6 y 7 del artículo 250 de la constitución política, y numeral 6 del artículo 114 de la ley 906 de 2004, tal y como fue señalado por el SETENTA Y CINCO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA D.C, en la audiencia de aplicación del principio de oportunidad adelantada entre el 30 de junio y 1 de julio de 2020 por el delito de cohecho, en el radicado No. 110016000000201702214, en consideración que la Fiscalía General de la Nación anunció el grave peligro que corre el prenombrado de ser privado de la libertad en el COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA COMEB ‘LA PICOTA’.
Así mismo, se informará al director del CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL. CESPO-, DEBERÁ adoptar las medidas a que haya lugar, en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales del penado LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA”.
También denuncia que en “La Modelo” se encuentran personas que Moreno ayudó a encarcelar, y que se supone es custodiado por una institución que él mismo investigó, dado su trabajo como Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía. En este punto recuerda además que incluso “sufrió un atentado contra su vida cuando lo intentaron envenenar con una sustancia tóxica mezclada con un café mientras se encontraba recluido en un pabellón especial de la cárcel “La Picota”-”, lo cual podría volver a repetirse, pues en la modelo se encuentran también otras personas contra las que él ha testificado. Esos hechos, sucedidos antes de ser extraditados, aún no se han esclarecido.
Cabe recordar que cuando Moreno estuvo recluido en la Picota se presentaron extrañas circunstancias como controles realizados intempestivamente, cambios de celda sin justificación y atentados que pudieron poner en peligro su vida, según la defensa.
Desde que Gustavo Moreno llegó al país, diferentes voces han pedido que el gobierno haga lo necesario para garantizar su vida. El 30 de diciembre, su familia hizo pública esa preocupación, al conocer de una orden para que el exfiscal fuera trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué. “Estamos preocupados y queremos advertir a la opinión y al país, que el día de hoy de manera sorpresiva nos enteramos del traslado de Luis Gustavo Moreno Rivera, donde fácilmente puede ser asesinado”, advirtió su mamá, Noemí Rivera.
“Gustavo regresó al país a cooperar por su propia voluntad y desde el primer momento reconoció su error y cooperó de manera responsable con la justicia colombiana, tocando las más altas esferas del poder, que hoy ponen en riesgo su vida en un centro carcelario que no garantiza su protección como principal testigo de la justicia en el proceso”, agregó.
La muerte de Moreno dejaría en la impunidad decenas de hechos de corrupción en los que él es único testigo. Moreno tiene la llave para la condena de numerosos ex magistrados, ex congresistas y ex funcionarios de la rama judicial contra los que todavía no ha declarado. Por ello su intempestivo traslado a La Cárcel Modelo ha causado muchas dudas.
El extraditado exfiscal anticorrupción guarda los secretos más pútridos de cómo durante años operó una manguala de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en la cual magistrados de esa corporación dilataban o archivaban procesos a cambio de grandes sumas de dinero. Su regreso al país después de cumplir su pena en los Estados Unidos, pone a temblar a ese establecimiento que logró alivios judiciales por cuenta de ese entramado criminal.
La foto con la llegada de Moreno al país hace unas semanas sorprendió a todos. Aunque se rumoraba que su retorno era inminente, ni siquiera sus abogados y personas más allegadas sabían la fecha exacta en que ese traslado se daría. La operación se realizó en medio de total discreción. El exfiscal llegó en un vuelo comercial, fue recibido por oficiales de Migración de la Regional El Dorado y puesto a disposición de la Fiscalía, que hizo efectiva la orden de captura en su contra. La primera foto del operativo era simple: Moreno vestido con un traje de paño negro, sin corbata, con tapabocas desechable y, a su lado, dos oficiales de Migración, quienes lo acompañaban sin tocarlo. El exfuncionario fue trasladado al búnker de la Fiscalía, ahí sí, en medio de un gran operativo de seguridad, con un chaleco antibalas y acompañado de agentes del CTI a lado y lado.
En un cuarto, atiborrado de cajas con expedientes, se le notificó su captura por cuenta de una condena, ratificada por la Corte Suprema, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, emitida el pasado 7 de marzo de 2018. “Tiene derecho a indicar una persona para notificarle su aprehensión, a guardar silencio… y a contactar a un abogado de confianza”. Moreno apenas contestó “muchas gracias”.
Aunque no se sabía mucho de que pasaría con su ventilador, sí estaba claro en esos primeros días que su destino permanente sería el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). La juez de ejecución de penas aseguró que es tanto lo que sabe que su vida puede correr riesgos en una cárcel como La Picota o Cómbita. Sin embargo, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que ese lugar cumple “es una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber” y que no era un centro de reclusión. La institución también dejó saber que el lugar estaba con la capacidad llena.
El ventilador de Gustavo Moreno
Moreno tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía que le permitió, antes de ser extraditado en mayo de 2018, obtener una condena relativamente corta: cuatro años y diez meses de prisión frente a la hecatombe judicial que protagonizó. A cambio, se comprometió a contar la verdad sobre cómo operaba esa red, en la cual él participó como abogado litigante y luego como fiscal anticorrupción. ¿Qué tanto se prenderá este ventilador? La respuesta podría aterrar a decenas de implicados y abrir nuevamente uno de los capítulos más vergonzosos de las cortes en su historia.
SEMANA conoció el principio de oportunidad de la Fiscalía con Gustavo Moreno. El documento de 14 páginas, del 20 de junio de 2020, deja claro que el exfiscal hizo un pacto con la Justicia para contar bastante y que su regreso al país suscitará revuelo. El documento muestra la matriz de colaboración en la que Moreno se comprometió a aportar lo que sabe sobre 27 personas. En algunos casos su colaboración ya empezó; en otros, simplemente la Justicia ha sido muy lenta y estos están en el congelador.
El escándalo, conocido en su momento como el cartel de la toga, salpicó al menos a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y estremeció al país. De alguna manera, parecía una escena del realismo mágico que el exfiscal anticorrupción fuera detenido por corrupto. La historia era novelesca. El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, le había tendido una trampa –coordinada por sus propios jefes en la Fiscalía y la DEA– para cogerlo en Miami, recibiendo una coima de 5.000 dólares. La cita se había dado en el parqueadero de un centro comercial, mientras que su esposa y su pequeña bebé hacían compras. Todo había quedado registrado por grabadoras escondidas en el carro. Los billetes que le habían entregado estaban marcados y, al llegar al país, en un registro que le hicieron en el aeropuerto, había quedado claro que Moreno los tenía en su poder. Al pasar los días, y en un enorme operativo, fue capturado en su propia oficina, de donde salió esposado con fines de extradición.
En el documento de principio de oportunidad, la Fiscalía relata la historia de este abogado. Asegura que desde 2012 hasta 2016, en calidad de litigante, Moreno “habría participado en por lo menos 11 eventos como intermediario entre varios exmagistrados de la Corte Suprema y funcionarios y exfuncionarios públicos, para favorecer a sus clientes a cambio del cobro de millonarias sumas de dinero”.
El exfiscal se comprometió a hablar de los altos funcionarios que habrían recibido esas coimas y de quienes las pagaron. El texto señala también que Moreno entregará “información, nombres y circunstancias del modo, tiempo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos actos delictivos. Además, se comprometió a servir como testigo de cargo en contra de las personas que mencionó”.
El primer grupo de individuos delatados por Moreno está conformado por miembros y exmiembros de la cúpula de la Justicia, que según el exfiscal anticorrupción participaron en un vergonzoso mercado delictivo de compra de decisiones judiciales. En primer lugar está Leonidas Bustos, el poderoso expresidente de la Corte Suprema, quien era el ‘padrino’ de Moreno y había manejado el poder en este alto tribunal durante años. Este se fue del país debido al escándalo, al parecer a vivir a Canadá. En el principio de oportunidad se menciona a la segunda esposa de Bustos, María Cristina Pineda, a quien Moreno señala de ofrecerse “como intermediaria a cambio de una suma de 1.500 millones de pesos”.
Otros dos expresidentes del alto tribunal, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, también están en serios problemas por las revelaciones de Gustavo Moreno. En el proceso de Ricaurte, Moreno ya testificó desde los Estados Unidos. En la audiencia, que se realizó de manera virtual, el exfiscal narró por varios días los pormenores de cómo se pactaron las coimas y quiénes participaban de esa repartija. Eran miles de millones de pesos. Según el documento, frente a ese expediente, Moreno “señaló que [Ricaurte] era uno de los principales miembros de la organización”. Del segundo dijo que intervino “en el proceso de favorecimiento al exgobernador Lyons”.
En la lista también está Gustavo Malo, quien era el magistrado ponente de algunos de estos casos, y salió del alto tribunal después de una pelea interna. La propia corte terminó ordenando su captura. Además, aparecen otros funcionarios de la Corte Suprema como el magistrado auxiliar Camilo Ruiz, quien trabajaba en el despacho de Malo. Moreno aseveró que Ruiz “recibió dinero para interferir en la toma de decisiones”.
El exfuncionario logró un acuerdo con la Fiscalía y ya fue condenado a 66 meses de cárcel por haber recibido 200 millones para interceder en el proceso del congresista Nilton Córdoba. Se comprometió a aportar información. Así mismo, habla de Alfredo Bettín Sierra, exfiscal delegado ante la Corte Suprema, que está en una situación similar, pues también tiene un preacuerdo con la Fiscalía. Moreno fue el que reveló que Bettín era “la persona que dilató de manera injustificada una imputación con la finalidad de favorecer a Juan Carlos Abadía [exgobernador del Valle] y para ser ayudado por los abogados de este a mantenerse en su cargo”. De Luis Raúl Acero, quien fue fiscal delegado en la administración Montealegre, Moreno “manifiesta que le entregó un vehículo BMW, que era propiedad de José Leonidas Bustos”.
El listado de políticos es más extenso. Comienza con el exsecretario general de la Presidencia de Álvaro Uribe, Alberto Velásquez, condenado por la Yidispolítica. Según la Fiscalía, Moreno “narró que cuando el proceso en contra de este sujeto ya estaba en trámite, él realizó un pago de 300 millones de pesos para obtener información privilegiada que le ayudó a la defensa de su caso”.
Sobre Zulema Jattin, investigada por paramilitarismo, Moreno dijo que no solo fue su abogado, sino su pareja sentimental. “Se cuenta con la posibilidad de la colaboración, ya que, en su calidad de abogado defensor, su estrategia consistió en delatar el proceso hasta que cambiara de magistrado”, reza el documento. Del excongresista Martín Emilio Morales, se comprometió a declarar que “pagó 1.000 millones de pesos para ser favorecido en el proceso que en su contra se adelantaba, para lo cual el magistrado Gustavo Malo tomaba posiciones en sala que le favorecieron”. Morales fue condenado a 25 años de cárcel.
En la lista aparece el exsenador Musa Besaile, a quien Moreno señala de pagar “2.000 millones de pesos a la organización” con el fin de evitar una orden de captura. Sobre el exsenador Julio Alberto Manzur, “narró que le entregó información privilegiada relacionada con su proceso y una orden de captura que venía en su contra con la finalidad de que contratara los servicios de la organización”. Como su proceso tenía que ver con supuestos nexos con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, él es uno de los políticos que logró hace poco que su caso pase a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Moreno también se refiere al exsenador Álvaro Ashton, y asegura que “tenía una investigación en la Corte Suprema por relaciones con grupos paramilitares, y pagó 1.200 millones para que el magistrado que adelantaba la investigación lo beneficiara”. Ashton fue capturado y asimismo se acogió a la JEP, que ordenó su libertad mientras avanza el caso.
Respecto al representante Nilton Córdoba, Moreno explica que “pagó 800 millones de pesos a la organización y 200 al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, con la finalidad de lograr decisiones que le favorecieran en las investigaciones que adelantaban en su contra”. Finalmente, la corte avanzó en la indagación y lo llamó a juicio por el delito de cohecho. La exrepresentante Argenis Velásquez también aparece en la lista por haber pagado, según Moreno, 600 millones de pesos. La exparlamentaria terminó siendo investigada y respondiendo en juicio por el delito de cohecho. Por otro lado, Moreno señala al exrepresentante Julio Gallardo Archbold y dice que “entregó 300 millones de apesos a la organización para obtener una preclusión en su favor, lo que no se logró”. La Fiscalía le imputó el delito de cohecho.
En la lista de exgobernadores está Lucas Gnecco Cerchar, del Cesar, de quien Moreno dice: “Pagó 150 millones de pesos para lograr que le dilataran un proceso y con ello obtener unos beneficios jurídicos en otra investigación”. Hace un año la Fiscalía y la Procuraduría pidieron a la corte que lo condenaran por supuestas irregularidades en contratos de elementos escolares cuando fue gobernador.
Del exgobernador Alejandro Lyons señaló que “con la finalidad de resultar favorecido en las investigaciones que como gobernador de Córdoba eran adelantadas en la Fiscalía, buscó y pagó la intermediación, entre otros, del fiscal que tenía a su cargo la investigación”. Después de negociar con la Justicia colombiana terminó siendo condenado a cinco años y cuatro meses de prisión y a devolver 4.000 millones de pesos. Permanece en Estados Unidos como testigo.
De igual manera, menciona al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, de quien “reveló que, con la finalidad de evitar una imputación, contrató los servicios de la organización”. La Fiscalía terminó acusando a Abadía por contratos irregulares en ese departamento. Sobre la exgobernadora del Quindío Sandra Hurtado, Moreno dice lo siguiente: “Los fiscales que tenían estos casos no eran de su línea, que solo recibía el poder según instrucción del doctor Ricaurte, pero no hubo manejos irregulares hasta donde se conoce”. Sin embargo, la Fiscalía espera aclarar la información. Hurtado fue acusada por la Fiscalía por presuntamente exigir comisiones para entregar contratos.
En el documento igualmente Moreno señala al exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro. “Indicó que Chaparro pagó 300 millones para una demanda de casación y le pidieron 1.500 millones para tramitar la admisión de la demanda de casación sin que se concretara el pago, y esta fue inadmitida”. El exalcalde cumple una condena de 39 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir.
Otro abogado mencionado es Gerardo Torres, conocido como Yayo, y quien trabajaba en la UTL del congresista Germán Varon. De él, Moreno asegura “que esta era la persona a quien reemplazó en la organización, puesto que al principio era el encargado de litigar los asuntos que llegaban a la organización”. La Fiscalía lo citó a un interrogatorio por lavado de activos y testaferrato. El otro abogado es Luis Ignacio Lyons. Sobre él Moreno asegura: “Lyons fungió como abogado de algunos de sus clientes, conoció de los manejos ilegales entre ellos, para recibir información privilegiada u obtener decisiones que los favorecieran; le cancelaron sumas de dinero a la organización criminal”. La Fiscalía le imputó el delito de cohecho porque “habría recibido 2.000 millones de pesos del exsenador Musa Besaile para que supuestamente se los entregara a Moreno para que intercediera en un proceso penal”.
Y LO QUE PUEDE FALTAR
Del principio de oportunidad, llaman más la atención las personas de las cuales Gustavo Moreno no hablará que el listado de quienes sí lo hará. Por ejemplo, el documento deja claro que, a pesar de que fue su abogado, no se referirá al proceso de Luis Alfredo Ramos. El exgobernador estuvo preso tres años y tres meses. Fue liberado por vencimiento de términos y está a la espera de su fallo. También menciona explícitamente a Mauricio Lizcano como otro de los personajes de los cuales no hablará. En un inicio, Moreno lo había mencionado al decir que Leonidas Bustos le contó que el exsenador podría ser un posible cliente. Pero, posteriormente, el exfiscal aclaró que nunca le constó que eso se hubiera dado. En el mismo sentido menciona al exsenador Hernán Andrade, pues afirma que en su caso “no ha suministrado información de lo que se puede inferir la existencia de una conducta penalmente relevante”.
Otro de los temas que podría poner a temblar al establecimiento es su relación con la Fiscalía General. Moreno dijo en una audiencia virtual llevada a cabo en agosto de este año que el contrato de 130 millones de pesos que tuvo con esa entidad se habría negociado entre los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el exfiscal Eduardo Montealegre. Esto podría abrir el capítulo del cartel de la toga en el búnker. Además, todavía hay preguntas sobre su posterior nombramiento como fiscal anticorrupción, en especial quién lo recomendó y si detrás de su nombramiento también se quería hacer una extensión de la toga en esa entidad. En ese capítulo siempre han sonado nombres de personas muy importantes.
La defensa de Moreno pedirá en los próximos días ante la justicia que la pena que cumplió su cliente en Estados Unidos sea conmutada y se tenga en cuenta como cumplida en Colombia. El argumento es que se trata de los mismos hechos. El balón en este momento lo tiene el fiscal Francisco Barbosa, quien deberá velar porque a Moreno le presten la seguridad necesaria para que no le pase nada. De igual manera, esta Fiscalía es la entidad que debe hacer efectivo el principio de oportunidad suscrito por Moreno y que puede obtener información sobre otras personas que no fueron mencionadas en su lista negra. Moreno es una mina de oro que conoce al detalle muchos de los más turbios secretos de la política y de la Justicia. Su colaboración eficaz con la Fiscalía podría esclarecer múltiples casos de corrupción recientes en Colombia.