El pasado 13 de octubre no fue un día normal para el presidente Gustavo Petro.
Ese jueves en la noche, el presidente convocó, en la sede de inteligencia de la Policía, a una rueda de prensa extraordinaria para revelarle al país que su gobierno y la Fiscalía estaban tras el rastro de 3.655 narcobienes, cuyo paradero no se registra dentro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Días después del revelador anuncio del presidente Petro, la directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), Elvia Otero, una curtida investigadora, recibió en su despacho un extraño sobre de manila que no tenía remitente.
Al abrirlo, Otero encontró una USB que de inmediato conectó a su computador. La sorpresa fue máxima.
El dispositivo contenía una base de datos con aproximadamente 33.483 folios de matrículas inmobiliarias de bienes inmuebles regados a lo largo y ancho del país.
Predios con medidas cautelares por extinción de dominio de 2014 hacia atrás, bienes que nunca llegaron a la SAE y de los cuales no había ninguna información.
Convencida de que tenía en su poder una invaluable “caja de Pandora”, Otero convocó de emergencia a sus mejores hombres en investigación, que iniciaron un rastreo minucioso de las matrículas inmobiliarias.
“Lo primero que hicimos fue un cruce para hacer las verificaciones correspondientes con los bienes que está administrando actualmente la SAE, a través de su base de datos”, le dijo a SEMANA Elvia Otero.
También cruzaron y verificaron información con los registros que tiene la Superintendencia de Notariado y los catastros municipales y nacionales.
A la fecha se han revisado 27.472 matrículas inmobiliarias que han arrojado los siguientes resultados: con medida cautelar no administrados por la SAE, 2.106 bienes; con cancelación de medida cautelar, 3.263 bienes; bienes destinados a entidades del estado, 316; bienes con venta a terceros, 2.653, y bienes en la base de la Sociedad de Activos Especiales, 19.134.
“Los 2.106 bienes que no están siendo administrados por la SAE fueron enviados a consulta a los catastros con el fin de cotejar su valor catastral y su ubicación geográfica”, reveló Otero.
Esa información catastral permitió conocer que 1.111 predios ubicados en Bogotá tienen un valor catastral de 54.369.694.000 millones de pesos y que 113 predios ubicados en Cali cuentan con un valor catastral de 23.439.027.849 pesos.
“Estamos trabajando duramente para tener la información de la totalidad de las matrículas inmobiliarias que aparecen en la base de datos. Nos faltan por revisar cerca de seis mil folios que esperamos tener en poco tiempo”, dijo Elvia Otero.
La Diari también trabaja en la georreferenciación de los predios para lograr ubicarlos, con el fin de entregar esta información a la Fiscalía General de la Nación y a la SAE.
Recientemente, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que su despacho tiene bajo la lupa a la SAE.
La Contraloría considera que la información que maneja la SAE no es idónea, pues en el inventario de los bienes administrados los datos están incompletos y desactualizados.
En ese sentido, el contralor Carlos Hernán Rodríguez indicó que hay que frenar ese problema y está preparando un informe detallado que será entregado al Gobierno nacional para que se conozca el estado real de la SAE. “Le entregaré personalmente un informe detallado al presidente Gustavo Petro sobre cómo están los bienes de la SAE”, dijo el contralor.
El funcionario cree que lo ocurrido en la SAE se salió de control, que es un problema histórico al que no se le ha dado la importancia requerida y que por eso es momento de “ponerle una talanquera” a la situación.
“La Contraloría General tiene una responsabilidad inmensa sobre el adecuado uso de los recursos públicos. Hay bienes que no están bajo la administración de la SAE, pero sí bajo terceras personas a pesar de estar en extinción de dominio”, dijo el contralor.
El contralor reveló que en el informe que se le entregará al presidente Gustavo Petro se evidenciará que hay un problema sobre el valor real de los bienes porque no están dentro del catastro y eso hace que el avalúo comercial esté muy por debajo del precio real.
“La SAE no puede ser vista como una gran oportunidad de negocio para particulares. Son bienes de los colombianos y del Estado. Vamos a identificar todos los bienes y debe haber una monetización real para que ese recurso público pueda ser invertido por parte del Gobierno nacional”, concluyó Rodríguez.