SEMANA obtuvo la reveladora acusación que acaba de proferir el magistrado de Corte Suprema, Francisco Farfán Molina, en contra del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Carrillo había sido llamado a indagatoria en 2016. Desde ese momento, se buscaba establecer si el dirigente cometió algún delito cuando la Gobernación de Norte de Santander celebró contratos para la recuperación de vías afectadas por la ola invernal de 2011. Carrillo en ese momento era el secretario de Infraestructura.

“En síntesis (...), con base en las pruebas, la sala concluye que contrario a lo expuesto en las alegaciones (por parte de la defensa de Carrillo) se considera que se reúnen los presupuestos para dictar resolución de acusación en contra del exsecretario de infraestructura de la gobernación del departamento de Norte de Santander y actual representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, pues se ha demostrado que existen suficientes pruebas que conducen a concluir su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, previstos en los artículos 410 y 397, del código penal, conforme lo pide el ministerio público”, señala el documento de acusación conocido en exclusiva por SEMANA.

En otro aparte de la acusación, la Corte Suprema, a través del despacho de Francisco Farfán, es contundente en advertir que todo surge desde la posición distinguida que ocupaba Carrillo en la administración de la Gobernación de Santander.

Sobre la conducta de peculado por apropiación, advierte la Corte Suprema, que la cuantía de los recursos presuntamente apropiados está estimada en la suma aproximada de 159.491.109 pesos, valor que de “de conformidad, con las normas establecidas, por el Gobierno nacional, sobrepasa los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se lee en el escrito emitido por la Corte Suprema.

Por la época en la que ocurrieron los hechos, autoridades locales de todo el país celebraron una cantidad inusitada de contratos para mitigar el impacto del invierno que golpeó al país por esos meses.

En Norte de Santander, el entonces gobernador, William Villamizar, celebró contratos para reconstruir vías maltrechas en la región por causa de las inundaciones, contando con el visto bueno de su secretario de infraestructura.

Posteriormente, la Contraloría encontró que “las obras dieron lugar a detrimento patrimonial, comprometiendo la responsabilidad del gobernador Villamizar y del entonces secretario Wilmer Carrillo”.

Al parecer, las actuaciones de la administración no solo generaron problemas de gestión fiscal, sino que podrían tener implicaciones penales o, al menos, eso lo que buscan esclarecer las autoridades del ramo.

Primero fue la Fiscalía 10 Delegada ante la Corte Suprema la que abrió la indagación, para determinar si funcionarios de la administración departamental de la época cometieron delitos en esos procesos contractuales. Entre ellos se cuenta Villamizar, pues en su condición de máxima autoridad era el organizador del gasto.

Lo mismo hace ahora la Corte Suprema, que busca precisar si el congresista Wilmer Carrillo tiene responsabilidad penal en la celebración de los convenios por no haber desaprobado su desarrollo.