Que los exsecuestrados sean citados como testigos y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impute al secretariado de las ex-Farc por reclutamiento de menores son las dos peticiones que quedaron plasmadas en un revelador documento que acaba de ser radicado ante la JEP.

La Fundación Defensa de Inocentes, en cabeza del abogado Juan Camilo Sanclemente, señala que exsecuestrados que vivieron los horrores de la guerra como Luis Mendieta, John Frank Pinchao y Sigifredo López “han hecho referencias publicas al delito de reclutamiento forzado de menores en medios de comunicación y en sus versiones ante la JEP y la Comisión de la Verdad, razón por la cual deben ser llamados como testigos para que expongan cuanto todo les conste sobre esos hechos”.

Y es que la petición se da también cuando en la Corte avanza una profunda investigación por la denominada farcpolítica, que tiene involucrada como protagonista a Piedad Córdoba.

Algunos han hablado con SEMANA sobre lo ocurrido en las filas de la guerrilla en la selva espesa, donde perdieron meses y años privados de la libertad.

El documento también le pide a la JEP citar como testigos a exsecuestrados como Íngrid Betancourt, Óscar Tulio Lizcano, Alan Jara y Clara Rojas. Además, hace un relato de lo que significó el reclutamiento de menores y señala:

“Se hace necesario para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, llamar como testigos a los exsecuestrados señalados, con el fin que la Sala tenga claridad respecto a los trabajos forzados [a los] que fueron sometidos (sic) las víctimas del presente caso, que podrían sin duda enmarcarse dentro del delito [de] lesa humanidad de esclavitud, y utilización de niños y niñas dentro del conflicto armado por parte de los integrantes de la denominada Farc-EP”.

La petición agrega que, tal y como ya ha quedado evidenciado a través de las versiones voluntarias de los integrantes de las Farc-EP y de comunicados que en su momento fueron emitidos por dicho grupo al que se califica como narcoterrorista, “el secuestro de militares y políticos fue una política establecida desde el secretario, tal como en su momento lo manifestó el Mono Jojoy, al indicar: “Si los militares no le importan a la oligarquía, vamos a tener que coger unos políticos a ver si resolvemos el canje”.

El documento cita apartes en los que varios exsecuestrados han dicho lo que vieron y vivieron en carne propia. Por ejemplo, en palabras de Luis Mendieta: “Con respecto al reclutamiento de niños y niñas, dice que ‘los utilizaron para cargar leña y era una esclavitud porque, si no les cumplían, los fusilaban. Siempre les manifestamos la clase de delito que estaban cometiendo, no solo en el orden jurídico nacional, sino internacional’”.

En otro aparte, el documento cita que Alan Jara daba clases de ruso e inglés a los secuestrados y que a veces a los guerrilleros, cuando se podía; se inventaba juegos, contaba historias y les daba clases “para levantar el ánimo”.

“De él agradece que le enseñó los números del 1 al 999 en inglés y nunca pudo ayudarlo a fugarse de las Farc porque ‘uno ni sabía dónde estaba parado’ y claro, por el riesgo latente, comenta. • A escondidas de los jefes guerrilleros, Juan Manuel* les llevaba a los secuestrados y con especial cariño a Alan Jara “lechona de cafuche (chigüiro)”, pan y buñuelos que él mismo cocinaba. • Una de las leyes internas de la guerrilla es que “uno no debe saber más de lo necesario” y por ello no amplía en sus recuerdos sobre Clara Rojas, de quien anota que ella todo el tiempo exigió que le devolvieran a su hijo Emanuel”, señala la solicitud.

Ahora, la JEP deberá revisar la petición y considerar una eventual imputación, como ya ha ocurrido en otros casos.