En manos del Gobierno de Gustavo Petro está una verdadera “papa caliente”, en materia judicial y política: la decisión de firmar (o no) la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, requerido en Estados Unidos por narcotráfico.

SEMANA sigue conociendo detalles verdaderamente reveladores del expediente en poder de la Corte Suprema y de las autoridades en los dos países. En uno de los apartes de la decisión, de más de 43 páginas en el que los magistrados de la Sala Penal dieron “luz verde” para enviarlo a Estados Unidos, aparecen dos personas cuyos aportes en la investigación fueron realmente significativos.

En primer lugar, Benjamin W. Schrier, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y, en segundo lugar, Mathew S. Passmore, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Ambos reseñan “los pormenores de la investigación y posterior acusación, la imputación y la normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código Federal de dicho país”, se lee en la decisión de la Corte Suprema de Colombia.

Las dos declaraciones de estos investigadores hicieron parte del dosier para que la Corte encontrara los argumentos para considerar que Córdoba debe ser extraditado.

¿Cómo era enviada la droga según los hallazgos? Por cielo, tierra y mar. Por ejemplo, el documento conocido por SEMANA relata que en alguna ocasión lo hicieron a bordo de una aeronave matriculada en los Estados Unidos. En otra ocasión fueron más de 12 millas, en aguas, a través de las cuales transportaron una gran carga de cocaína.

Córdoba Ruiz fue capturado el pasado 4 de febrero en plena vía del barrio El Poblado, en Medellín; es requerido por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

Junto a Córdoba, fue detenida una mujer identificada como Libia Amada Palacio Mera, quien también es requerida por las autoridades de Estados Unidos.

Según las evidencias, Córdoba Ruiz sería el encargado de conseguir la droga con el jefe de las disidencias de las Farc en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

El documento menciona, por ejemplo, a esta persona, Libia Amado y a otros miembros de la red de narcotráfico, de manera clara en varios episodios: “Desde al menos el mes de julio de 2021, o alrededor de esa fecha, hasta e inclusive el mes de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha, en un delito que fue iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de algún estado o distrito de los Estados Unidos en particular, incluyendo en Colombia, Venezuela y en otras partes, y en virtud del cual al menos uno de dos o más infractores conjuntos será primero llevado y aprehendido en el Distrito Sur de Nueva York, los acusados, durante y con relación a un delito de narcotráfico por el cual podrán ser procesados ante un tribunal de los Estados Unidos, a saber: el delito de sustancias controladas”.

Una vez se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba, las disidencias de las Farc se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos claves: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle).

No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos. Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente.

Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros.