Juan Carlos Cáceres fue uno de los primeros en prender el ventilador sobre el escándalo de Centros Poblados. El experimentado contratista del sector de las TIC representaba a Novotic, una fundación que era parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
“Voy a decir toda la verdad”, aseguró al comienzo de su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación. Cáceres aseguró que sabía a lo que se enfrentaba si hablaba, pues siempre que se destapa la verdad alguien queda molesto. Pero agregó que estaba dispuesto con miras a buscar un acuerdo con la justicia mediante un principio de oportunidad.
Cáceres comenzó narrando que el contrato de MinTic era un “sueño inalcanzable”. No era para menos. Se trataba de la adjudicación de cerca de 8.000 puntos de conectividad en todo el país con una cifra increíblemente alta: 1 billón de pesos.
Aseguró que por esa razón cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.
Y narró el papel de quien será quizá el protagonista que genere más controversia: Emilio Tapia. Según él, el condenado contratista brindó ese día con whisky de la felicidad. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.
Luego, cuando se dieron cuenta de que eran los ganadores del jugoso contrato, empezó la fiesta. “Yo inmediatamente celebré y todos celebramos, eso fue una gritería porque nos la habíamos ganado, yo me fui a una oficina, oré, lloré, llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el doctor Pino Ricci (...) Como a las 5:30 o 6:00 de la tarde nos fuimos a una cena todos los que estábamos ahí”, agregó Cáceres en su relato.
Este hombre dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados, que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen, y por el cual acaba de ser nuevamente capturado.
“¿Qué papel tuvo Emilio Tapia en el desarrollo del contrato, y en los comités a los que usted hace mención?”, le preguntaron a Cáceres en la Fiscalía. “Él escuchaba, se le explicaba todo, lo que se iba a comprar, estos asesores que él tenía opinaban, también opinaba Luis Fernando Duque (representante legal de la unión temporal), y ellos aparte se reunían con proveedores y traían soluciones a la mesa”, respondió.
Cáceres contó que todo empezó a cocinarse después de que el abogado Inocencio Meléndez, también condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, le presentó a Tapia en Sincelejo. Unos días después de ese encuentro, Tapia citó a Cáceres a su oficina en Bogotá, en la calle 93 con 17, para que le explicara exactamente a qué se dedicaba en el mundo de las telecomunicaciones y las redes.
El contratista le contó a Tapia que se trataba de un negocio redondo. “Lo normal de este negocio era ganarnos un 10 por ciento del billón”, aseguró a la Fiscalía.
Al poco tiempo llegó la pandemia con sus cuarentenas. Ambos terminaron importando tapabocas desde China, ya que vieron allí una oportunidad de negocio. Luego, Cáceres se enteró de la convocatoria del Ministerio TIC para instalar internet en las escuelas rurales. Como dueño de Novotics, empezó a buscar con quién asociarse para presentarse a dicha licitación.
Sin embargo, le cerraron más de una puerta y fue en ese momento cuando le contó a Tapia sobre la oportunidad, quien de inmediato se interesó por el contrato. “Él decía que lo de las redes era como una concesión de las vías, porque si usted monta una red de telecomunicaciones donde nadie ha llegado, usted va a tener mucho éxito”, dijo Cáceres en su interrogatorio.
Ambos se pusieron manos a la obra. Tapia empezó a articular todo el entramado empresarial, asesorado por abogados, técnicos, agentes de seguros y en reuniones en Bogotá, Barranquilla y Rionegro (Antioquia).
“Él me dice que tiene unas empresas que pueden servir para eso, internacionales, que tiene los contactos. Y ahí se empieza a hacer un trámite con una empresa china, creo que era China Telecom”, contó Cáceres.
Sin embargo, la premura de la licitación y las demoras de los permisos y documentos con empresas internacionales llevaron a descartar a las firmas chinas. Tapia, un experto en hacerle trampa al Estado en la contratación, y al que muchos creían acabado y arrepentido por el saqueo en Bogotá, se movió rápidamente y puso sobre la mesa tres firmas: ICM, Omega Building e Intec. Las reuniones iban y venían.
En la casa de Tapia en Barranquilla, en la carrera 47 con calle 92, al lado de un jardín infantil, se estructuró gran parte del torcido. Cáceres relató un encuentro en esa vivienda al que habría asistido Alfredo Jesús Amín Yaber, un contratista de la costa que hoy también está en la mira de la justicia por el caso. En una reunión, Cáceres se impresionó por la cantidad de gente que visitaba a Tapia.
“Estaba él, había varias personas que no conozco para hablar de otros temas, cuando uno va a la casa de él le toca hacer antesala, porque a él lo visita mucha gente. Ese día llegó Robert. Ahí fue cuando nos presentaron al muchacho Amín, que él le dice Alfredito”, sostuvo.
En una declaración, el propio Amín Yaber le reconoció a la Fiscalía que fue contactado para que revisara toda la documentación técnica que la unión temporal iba a presentar ante el Ministerio TIC. Llama la atención que, insistentemente, a la hora de la estructuración del negocio, hablan de un hombre llamado “Mauricio”.
Tapia se encargó de vincular a las fichas clave de este entramado. No solo habría buscado desde el primer día la asesoría jurídica del abogado Jorge Pino Ricci, sino que contactó a Juan José Laverde, un agente de seguros. Todo parece indicar que las órdenes de Tapia se cumplían al pie de la letra. Por ejemplo, pidió una cuota de 100 millones de pesos a cada uno de los involucrados en el negocio para pagar la gestión de la póliza a un hombre identificado como John González Moreno. Todo esto se lo contó Cáceres a la Fiscalía, en un interrogatorio que inició sobre las 9:00 de la mañana y terminó casi 12 horas después.
La comunicación de Tapia con sus socios era fluida. En WhatsApp tenían dos grupos, llamados Comité UT Urgente y Póliza MinTIC, en los que se cruzaban no solo mensajes, sino que se intercambiaban cuentas bancarias, tablas, reportes, recibos de pago y hasta imágenes de botellas de whisky con las que presumían.
Piñata con el anticipo
Los 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados terminaron siendo malversados y manejados como plata de bolsillo. La confesión de Cáceres a la Fiscalía da cuenta de ello, pues reveló que se compraron carros, apartamentos, se hicieron préstamos familiares y además Emilio Tapia dio órdenes de consignaciones a cuentas por fuera del país, concretamente a Dubái. La plata tenía que haberse destinado exclusivamente a la compra de los equipos para llevarles internet a los niños más humildes de Colombia.
El detalle de lo narrado por Cáceres es indignante. “Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, confesó.
La Fiscalía le preguntó por un giro en particular que recibió su esposa, Shirley Carolina, por 147′595.000 pesos de la firma Inselsa, una de las proveedoras. Cáceres respondió: “Eso ahí debe haber una factura de por lo menos cinco o siete camionetas, no sé cuántas camionetas tenía alquiladas mi esposa, y no sé cuánto tiempo le debían del alquiler de las camionetas”.
Pero, además, Cáceres reveló que la plata del anticipo del contrato también terminó invertida en la compra de un vehículo de alta gama para uno de sus compañeros. “Quiero dejar constancia que Robert Gómez en esos días necesitaba un dinero porque no tenía carro y yo le dije al gerente de Inselsa que le diera un préstamo a Robert de 200 millones de pesos y que yo los iba a descontar de la plata que yo había conseguido”
Cáceres, quien ya solicitó un principio de oportunidad en la Fiscalía, detalló con cifras y documentos cómo la plata del anticipo terminó en cuentas suministradas por Tapia. “Como él representaba a las constructoras y esas eran socias del negocio, por eso le giré ese dinero”, dijo.
Los movimientos, según su testimonio, habrían sido los siguientes. A Safe Cargo Internacional le giró 120.000 dólares; a Cimexp FZ-LLC fueron a parar 73.000 dólares. “Sobre esta quiero decir que él me recalcó varias veces que no había llegado a su destino, que era Dubái; yo tenía que ir al banco a revisar esa transferencia, eso me lo dijo hace poco, yo no alcancé a ir al banco a verificar eso”, aseguró Cáceres. Otra de las transacciones fue a Juan Sebastián Ulloa por 30.000 dólares.
La plata también cayó en manos de otras empresas, por órdenes de Tapia. “2wings Aircraft, por 150.000 dólares; OLT Logistic, por 300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por 50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, sostuvo Cáceres.
En su relato, también contó que por momentos hubo tensión entre los socios porque el anticipo que estaba previsto para febrero se tardó un poco más en llegar. Se quedaron ilíquidos y no tenían cómo pagar la nómina y a los proveedores. “Emilio Tapia me había dicho que no me preocupara por el dinero porque él tenía 60.000 millones de pesos aprobados en un crédito en el banco BBVA, pero yo personalmente, en la medida en que el tiempo pasaba, me di cuenta de que él no tenía eso, que eran mentiras, él decía que el crédito se lo habían cerrado por las noticias que habían salido del proceso”, contó Cáceres.
Amenazas de un comando armado
El escándalo por el desfalco del contrato de MinTIC con Centros Poblados ha tenido todos los ingredientes propios de la mafia. Cáceres le contó a la Fiscalía que, cuando estalló el escándalo, se reunió con Tapia, y este ya estaba muy desconfiado. Tanto, que Cáceres tuvo que levantarse la camisa y demostrarle que no llevaba su celular para grabarlo. Cuando Tapia le preguntó a Cáceres por su teléfono, este le contó que ya lo había entregado a la Fiscalía con todos los chats. Tapia se llevó las manos a la cabeza, sabiendo lo que se le venía encima. En otra reunión con Tapia, a Cáceres le habrían pedido acordar una estrategia de defensa conjunta.
Por esa razón, los días para Cáceres se volvieron muy complicados. El 6 de agosto, a las 2:00 de la madrugada, un comando de hombres armados irrumpió en su vivienda. “Me amordazaron, despertaron a mi esposa, me empezaron a golpear con una pistola en el pecho, me decían que si hablaba me iba a morir, que si hablaba iban a matar a mi hijo, que si decía algo a la Policía o a alguien, ellos iban a volver.
Después se llevaron a mi esposa al clóset, se llevaron sus joyas, dos o tres relojes míos y un dinero que tenía en efectivo. Hablaban por teléfono con una persona. Ahí duraron aproximadamente 29 minutos dentro de mi casa. Durante ese tiempo me seguían golpeando y diciendo cosas. Cuando se van, me van a poner como una capucha, yo les empecé a decir que no me pusieran eso, que me iba a dar algo al corazón. Mi esposa les dice que me den una aspirina, uno de los señores destapó la aspirina, me la da en la boca y saca agua de una neverita que tenemos en el cuarto. Me la echa en la cara y se va”, contó Cáceres.
En total, se llevaron 170 millones de pesos en efectivo, un reloj Piaget, otro reloj Cartier deportivo, tres cadenas, siete anillos y un par de aretes de oro, al igual que un crucifijo incrustado en piedras preciosas. El robo sumó 220 millones de pesos. “Desde ese día empecé a tener temor por mi vida, por mi esposa y por mis hijos”, dijo Cáceres en la Fiscalía.
Sobre los 73.000 dóares que presuntamente fue a parar a Cimexp FZ-LLC, su representante legal señaló que sí hubo acercamientos pero nunca se concretó ningún negocio. “Jamás hemos tenido contacto con la sociedad constituida en Colombia, bajo el nombre comercial de Omega Building, fue un intermediario que solicitó a CIMEXP FZ-LLC la cotización del precio de un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser 200 (Sahara), nosotros dimos respuesta a dicha cotización, pero no obtuvimos respuesta por parte del intermediario, ni volvimos a saber de dicha empresa que hace pocos meses nos enteramos de que está inmiscuida en todo este escándalo”, aseguró el empresario Bruno Branco.
Frente a esto, la Fiscalía corroboró que no existe ni existió vínculo alguno entre CIMEXP FZ-LLC y alguna empresa o persona relacionada con el escándalo de Centros Poblados, en respuesta a un derecho de petición señalan que no aparecen registros de vinculación a procesos penales explicó Branco.