Desde hace un tiempo, los juzgados penales han venido presentando una variación en el ingreso estadístico de carpetas y tutelas. A partir de la pandemia, Orellanos indicó que se creó un sistema centralizado para el reparto de las acciones de tutela.
Si bien ese sistema ha sido positivo, el Gobierno nacional ha creado alternativas con respecto al reparto de acciones de tutela, pero el problema sería el uso desmedido que se ha dado a estas con la misma planta personal de hace más de una década.
“Con la entrada en vigor de la Ley 906 de 2004, los despachos pasamos de tener un componente de siete empleados a tener tres y dos empleados se unen al tipo de juzgado”, afirmó Orellanos. La consecuencia fue que, aunque se transformaron y pareciera que habrían más juzgados, en verdad siguen siendo iguales con la misma cantidad, pero la demanda de la justicia fue mayor.
A medida que la población fue aumentándose demográficamente, los casos paralelamente crecieron. En la especialidad penal cuentan en teoría con un centro de servicios encargado de cumplir funciones administrativas. Sin embargo, Orellanos declaró que en verdad no están funcionando como debería ser. La culpa de esto no es de los empleados ni de los jueces coordinadores, sino del modo por el cual el Consejo Superior de la Judicatura mantiene las relaciones frente a la distribución de cargas.
“Los que somos los juzgados de conocimiento en penal municipal, los que somos juzgados de control de garantías en controles municipales, somos muy pocos y recibimos una carga exagerada de trabajo”, afirmó Orellanos al poner sobre la mesa la problemática que ocurre, “la pandemia nos trajo posibilidades como el trabajo remoto, pero el Consejo no vio en ello una oportunidad para descongestionar la justicia”.
Actualmente, hay despachos que trabajan 24 horas con empleados despiertos desde las 4:00 a. m. y terminan su jornada a las 2:00/3:00 a. m., según lo revelado por el funcionario. “Hay compañeros que han fallecido por estas cuestiones de sobrecarga laboral”, dijo.
En ese orden de ideas y bajo este contexto, Orellanos afirmó que, desde Semana Santa, las acciones de tutela en los juzgados municipales recibieron un incremento exagerado de llegada, a tal punto que están recibiendo diez tutelas al día para ser falladas por un sustanciador y un juez.
Aparte de esas funciones, el sustanciador también responde por asuntos penales y los jueces se encuentran en juicios durante todo el día, por lo que al finalizar la jornada, hay más de diez tutelas en cola de espera para ser revisadas y falladas.
Orellanos señaló que anteriormente habían mecanismos para rechazar tutelas, especialmente por motivos absurdos. Sin embargo, ese procedimiento eficiente que tenían se acabó y ahora se requiere un análisis exhaustivo. “Hay gente que interpone tutelas porque no les cambiaron un pantalón”, afirmó.
Esta situación genera que la carga de trabajo aumente, en gran medida, debido a que cada acción requiere por separado un procedimiento exhaustivo de análisis. En adición, el funcionario señaló que la respuesta del Consejo Superior ha sido que no hay presupuesto para crear nuevos juzgados, a pesar de estar muy por debajo del estándar establecido de capacidad.
El ‘truco’, como lo calificó Orellanos, que ha empleado el Consejo es el de aparentar que hay más juzgados transformando los números de los juzgados municipales de conocimiento. Por ejemplo, el primero pasó a ser el 88 municipal, y así sucesivamente. Parece que hay más de 100 juzgados, pero en la realidad no es así.
Cada juzgado de conocimiento cuenta con cuatro personas: un juez, sustanciador, secretario y un escribiente. Ellos deben atender audiencias, procesos, público, entre otras labores. Del mismo modo, la inconformidad también va destinada a que ahora está permitido recibir correos electrónicos después de las cinco de la tarde. “Hay que trabajar en la madrugada. El Consejo no sabe manejar la justicia”, afirmó Orellanos.
La promoción en carrera es otro tema que está sobre la mesa. Orellanos hace parte de este proceso y declaró que superan con crecer los requisitos para ejercer puestos, pero el Tribunal sigue manejado la elección por afinidades familiares o de amistas, y no por los méritos necesarios con gente sin la formación suficiente. Del mismo modo, la falta de infraestructura tecnológica obligatoria es otro obstáculo para el funcionamiento de los juzgados.
“Hay computadores de hace 20 años”, declaró Orellanos al indicar que llevan seis años a la espera de ser trasladados a una mejor sede, pero no ha sido posible. Igualmente, hay lugares con cucarachas y ratones entre los muebles.
La protesta, entonces, es un modo de concientizar al Consejo para que escuche las peticiones y proporcione la ayuda para mitigar estas situaciones que afectan el funcionamiento judicial del país. En meses anteriores, los juzgados del circuito se manifestaron y pudieron obtener lo que pedían.
“El legislativo pensó en una transformación del sistema, pero las Cortes lo fueron deformando y el Tribunal por igual. No existe la aceleración porque el sistema no se aplicó como debía. Volvimos al mismo sistema de papel”, afirmó Orellanos sobre las deficiencias que hay actualmente. Del mismo modo, hay empleados que no tienen tiempo para almorzar ni tener un momento de descanso por el exceso de trabajo.
Finalmente, Orellanos afirmó que la culpa no es de ellos, tal como los señalan la Alcaldía y autoridades, sino que el problema es que las herramientas, sistemas y demás problemáticas son las que obstaculizan el correcto funcionamiento. Además, todavía están esperando el aumento del salario, siendo merecedores de una correcta paga y mejores condiciones laborales.