A esta hora, el senador Gustavo Bolívar rinde versión libre ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente financiar a la primera línea. El llamado lo hizo el magistrado Francisco Farfán, luego de que dos denuncias pidieran investigar a Bolívar para establecer si hubo irregularidades en una colecta que hizo en la plataforma Vaki.
La denuncia inicial la presentó Víctor Mosquera, defensor internacional del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, Bolívar también fue denunciado por el abogado Bernardo Jaramillo. Aparte de la presunta financiación, otro argumento es que, como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático “han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad, la de sus familias, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones”.
SEMANA pudo establecer algunas de las preguntas que el magistrado Farfán le ha formulado a Gustavo Bolívar. Por ejemplo, el magistrado indagó sobre la forma en la que se creó la Vaki o colecta para las personas que hacen parte de esa denominada Primera Línea.
La Corte Suprema también indaga a esta hora sobre la creación de la denominada Fundación Manos Limpias. El magistrado Farfán Molina también le preguntó a Bolívar sobre qué personas hacen parte de la fundación y le pidió un informe detallado de los gastos de la colecta que se hizo.
Uno de los puntos que el senador Bolívar, a esta hora niega tajantemente es la supuesta relación entre la Primera Línea y la Fundación Manos Limpias. Bolívar insiste en que no existe ningún tipo de vínculo.
SEMANA consultó a la defensa del senador Bolívar sobre este tema, en cabeza del abogado Miguel del Río, quien señala que en este caso el debate se debe centrar en la motivación del congresista que era, según él, “proteger a los jóvenes” de la Primera Línea.
“Pareciera que esta denuncia acude a otro propósito que lo estrictamente penal”, señala. Del Río también explica que: “El senador pretendía comprar elementos de protección porque, cuando él hace la Vaki, había jóvenes que salían a proteger a otros de los embates de la fuerza pública, específicamente del ESMAD, y ya se tenían probados varios casos de agresiones. Esa fue la motivación”.
Cabe señalar que en este caso ha llegado a tal punto la polémica que, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia aseguró que el senador Gustavo Bolívar sí tendrá que terminar respondiendo ante la justicia por semejante aseveración.
En su momento Valencia aseguró que “le quiero leer el artículo 345 del Código Penal, ‘Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada’. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada”.
Los abogados Mosquera y Jaramillo ya fueron escuchados por la Corte Suprema. Ese día, le entregaron al magistrado Farfán un informe muy completo, revelado en exclusiva por SEMANA, que fue también entregado a la CIDH.
Por ejemplo, un aparte del informe señala que: “El senador Gustavo Bolívar Moreno ha recolectado más de 330 millones de pesos (casi 83.000 dólares),para comprar implementos como cascos, caretas y guantes para que estos sean usados por el grupo delictivo autodenominado ‘primera línea’ al momento de enfrentarse con la fuerza pública”.
Aparte de la presunta financiación, otro argumento es que, como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático “han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad, la de su familia, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones”.
Pero no solamente ante la Corte Suprema deberá responder el senador Bolívar. Hace una semana, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al senador Gustavo Bolívar.
De igual manera, en octubre, el senador debe acudir ante el Consejo de Estado a una audiencia.