La Fiscalía General cuenta con un centenar de interceptaciones ilegales y documentos para vincular a María Luisa Botero Villa, hija del exministro del Deporte, Andrés Botero, en una compleja red criminal dedicada a mover el dinero de la mafia y darle apariencia de legalidad mediante inversiones ficticias en el sector ganadero. Todo apunta a que formaba parte de la red de lavado de activos del criminal Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya.
María Luisa Botero Villa, diseñadora de modas de profesión, pero reconocida por sus logros deportivos, en especial relacionada con las prácticas caballistas, a tal punto que, en 2016, fue ganadora del X Concurso Mundial de la Mujer Vaquera, aparecía como representante legal y socia de la comercializadora Náutica S.A.S, Botero Villa Botervil y CÍA. S.C.S y La Cortesana S.A., que realizaban negocios con cabezas de ganado.
Sin embargo, al revisar los movimientos y libros contables de las mencionadas empresas se encontraron varias irregularidades. “No presenta una tendencia constante y/o proporcional en su crecimiento económico”, indicó el fiscal en la audiencia de imputación conocida en exclusiva por SEMANA. Es decir, no se sabía cómo se estaban obteniendo los millonarios ingresos.
Ninguna de las empresas de Botero Villa contaba con Registro Único Empresarial y Social (RES), Registro Único Tributario (RUT) y ningún soporte que evidenciara la cría de ganado bovino y bufalino, pese a que ese era el centro del negocio de las tres empresas.
Es que ni siquiera, según reclamó el fiscal del caso, realizó una declaración de renta entre los años de 2010 a 2021. Pese a que para ese lapso logró un ingreso más que sobresaliente de 1.060 millones de pesos. Por lo que era obligatorio que le notificara de todo esto a las autoridades.
“Para estos montos es exigible una declaración de renta”, aseveró el fiscal. Esto llevó a realizar un análisis financiero que generó más dudas que respuestas. Entre 2010 y 2023, registró varios movimientos bancarios en sus cinco cuentas. Por ejemplo, solo en depósitos en efectivo movió 4.553 millones de pesos, mientras que en egresos se registraron valores de 4.628 millones de pesos. Justamente llamó poderosamente la atención que estas gigantescas sumas las hubiera movido en efectivo.
Además, tras realizar un perfil patrimonial, se encontró que entre los años de 2010 y 2018 Botero Villa compró bienes avaluados en 321 millones de pesos. Esto pese a que su valor en el comercio era muy superior a lo que notificó la empresaria. “También se registró un saldo de valor patrimonial en acciones por 76 millones de pesos”, explicó la Fiscalía en la audiencia en la que fue identificada como parte de la red de lavado de activos de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya.
En este sentido, la Fiscalía indicó que la información aportada por los bancos en este caso “no cuadran” con los movimientos reportados. “Los bancos reportan más de lo que ella declaró en la renta, lo que lleva a una suma de 2.913 millones de pesos”. Esta situación se presentó con otros integrantes de la banda. “No sé si tienen al mismo contador o qué fue lo que pasó”, se cuestionó el fiscal.
“María Luisa Botero ocultó en estas declaraciones versus la realidad que reportaron los bancos una diferencia de 3.413 millones entre 2010 a 2021″. En los años 2010, 2012 y 2016 la empresaria registró movimientos económicos muy superiores frente a lo que podía comprar. “No logró justificar”.
Con toda esta evidencia se concluyó que existió un incremento injustificado del patrimonio de Lulú, como es conocida en la alta sociedad antioqueña. Por esto, le imputaron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
“Se puede concluir que la señora María Luisa Botero Villa, entre el período comprendido entre el año 2010 al 2023 presenta un incremento patrimonial por justificar aproximado por valor de 3.786 millones de pesos, representado en efectivo y otros activos de los cuales se desconoce su origen”, aseveró el fiscal.
En este entramado criminal, el esposo de Lulú le puso a su nombre varios bienes, lo que aumentó el incremento patrimonial durante casi una década.
Su relación con alias Soya
La desarticulación de esta organización criminal se logró con la Operación Galicia, que busca la afectación estructural a las finanzas criminales de organizaciones narcotraficantes y lavado de activos que delinquen en la región del Urabá antioqueño y la Costa Caribe colombiana, fueron cayendo uno a uno los criminales que formaban parte de la red de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya. Lo que nadie esperaba, que incluso fue sorpresa para la misma Policía, es que en esta red estuviera vinculada María Luisa Botero.
Sin embargo, al parecer, detrás de esta mujer empresaria, deportista y vaquera, según la Policía, había negocios muy turbios en los que ella participaba como parte de esta red en el eslabón de lavado de activos.
Con la finalidad de atacar las finanzas del Clan del Golfo, organización criminal narcotraficante que comandaba alias Otoniel, y la de uno de sus principales socios, alias Soya, la Policía hizo seguimientos durante meses para identificar la forma de operar de esta red y sus principales miembros. Con la información obtenida en labores de inteligencia, finalmente empezaron las capturas e incautaciones y, como un castillo de naipes, empezó a caer este imperio del crimen.
Así, entre el 29 de febrero y el 2 de marzo de este año, en procedimientos simultáneos desplegados en Medellín y los municipios de Santa Rosa de Osos, Abejorral, Apartadó y Turbo (Antioquia), se desarrolló la Operación Galicia II, contra las finanzas criminales de la organización de lavado de activos vinculada con alias Soya. Se logró la extinción del derecho de dominio a 24 inmuebles, siete empresas, siete cuentas bancarias y certificados de depósito a término (CDT), con avalúo comercial de 13.000 millones de pesos, aproximadamente.
No se trató de una operación de poca monta. Juan Carlos Salazar, alias El Contador, era el cabecilla de la red de lavado de activos a la que estaban estrechamente vinculadas cinco personas, entre ellas María Luisa Botero.
Esta red, según conoció SEMANA, operaba con creación de empresas de papel, fachada y pantalla en la región del Urabá y la ciudad de Medellín, las cuales eran representadas legalmente por familiares y colaboradores de confianza. Los bienes que ahora están en proceso de extinción de dominio eran usados estratégicamente en la capital antioqueña y el Urabá antioqueño, y eran utilizados para reuniones de coordinación criminal y punto de tránsito de elementos logísticos.