Los escándalos y complejos enredos judiciales que enfrenta la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, le están pasando costosas facturas que ya, incluso, golpearon las puertas de su familia. El asunto va mucho más allá de la inminente extradición de su hermano Álvaro Córdoba Ruiz, pedido por una corte de Estados Unidos bajo cargos muy graves que tienen que ver con narcotráfico. En este caso, las pesquisas se dirigen a 13 miembros de su círculo familiar más cercano, que resultaron salpicados y ahora tienen que explicar de dónde obtuvieron cerca de 6.000 millones de pesos.
La estrecha relación de la senadora con el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, tienen a la congresista enfrentando un duro proceso penal. Esto, a causa de un personaje clave, el cuestionado empresario barranquillero Álex Saab, considerado el testaferro del régimen, pues se han documentado los negocios que tenía con él, además de sus supuestos vínculos con las Farc.
SEMANA revela en exclusiva el documento de la Corte Suprema de Justicia en el que piden investigar un incremento patrimonial al parecer injustificado de los familiares de Córdoba en sus cuentas.
Se trata de un oficio enviado desde la Sala de Instrucción de la Corte y dirigido directamente al fiscal general, Francisco Barbosa, y a la dirección de Finanzas Criminales de la entidad, en el que pide una investigación a fondo del patrimonio de los familiares más cercanos de la senadora.El proceso contra Córdoba lo lleva la Corte Suprema por su condición de aforada, pero las investigaciones contra su familia deben ser asumidas por la Fiscalía, ya que se trata de ciudadanos comunes.
La orden de la Corte, emitida por la magistrada Cristina Lombana, pide “compulsar copia de los informes de Policía Judicial No 29875-01 del primero de junio y 298752 del 13 de agosto del presente año, ante el despacho del Fiscal General de la Nación, con destino a la Dirección de Finanzas Criminales, para que se investigue las posibles conductas punibles de las personas que a continuación se relacionan, que perteneciendo al núcleo familiar extendido de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba, reportan ingresos por justificar que sumados ascienden a seis mil trescientos treinta y seis millones ($6.336.356.049)”, advierte la solicitud firmada por la magistrada Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte.
El asunto resulta realmente espinoso para la senadora del Pacto Histórico. En la lista de investigados están sus papás, hermanos, hijos y hasta su exesposo, de quienes, uno a uno, se identifica el patrimonio que deben justificar.
Dos de los montos más altos por explicar son justamente los que les atribuyen a sus hijos. Natalia María Castro, conocida por su labor como gestora cultural y musical, con ingresos por justificar de 1.221.968.000 pesos. Pero más compleja es la situación de su hermano, Camilo Andrés Castro, con 1.407.140.806 pesos. El nombre de este último no resulta extraño para las autoridades, ya que en el caso de Saab, cuyo principal delator es Andrés Vásquez, quien fue mano derecha de la senadora, aseguró que habría estado involucrado en esas transacciones. La excongresista lo habría delegado para esa recuperación de la millonaria cartera de Saab en Venezuela, que, según su versión, en ese momento ascendía a cerca de 29 millones de dólares.
Justamente, Camilo Andrés Castro también resultó relacionado en la denuncia del parlamentario ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien dio a conocer que el joven viajó con su mamá y con Saab “el 8 de julio de 2013, en el avión de matrícula americana N72LJ, propiedad de una empresa cuyos dueños son procesados por narcotráfico”.
Otro de los nombres que ronda en las investigaciones con un fuerte patrimonio inexplicable es Luis Ángel Castro Hinestroza, exesposo de la congresista, a quien en sus cuentas le aparecen 1.090.340.055 pesos. Su hijo mayor, Juan Luis Castro, quien llegó a ser senador por el Partido Verde y hoy reside en Estados Unidos, tiene ingresos por explicar por un monto de más de 627 millones de pesos.Y si había alguna duda de los complejos líos judiciales de Córdoba y su familia, en esta lista también aparece Álvaro Fredy Córdoba, quien está detenido en la cárcel La Picota esperando su ya aprobada extradición a Estados Unidos.
En este caso, el monto que tiene que explicar alcanza los 465 millones de pesos.Justamente, con esta detención en La Picota, una hermana de la senadora, Martha Lyz Córdoba, fue sorprendida tratando de entrar al penal con 2 millones de pesos en efectivo, escondidos entre sus piernas. Ella también está en el inventario familiar de la Corte. El monto que tendrá que aclarar es de casi 80 millones de pesos. Hasta su mamá, Lya Esneda Ruiz, aparece en la lista que remitió la Corte a la Fiscalía, por un millonario monto de 671.548.235 pesos.
El inventario sigue. A su papá, Zubulón Augusto Córdoba, lo investigan por casi 22 millones de pesos de ingresos injustificados. Y sus hermanos: Alejandra, por 27 millones de pesos; Byron Oswaldo, por 83.687.472 pesos; Gloria Eugenia, por 187.042.400 pesos; y Sandra Elizabeth, por más de 187 millones de pesos.El sustento de esta investigación se dio a raíz de un trabajo que durante meses realizó un equipo de la Policía Judicial con expertos en contabilidad y forenses que rastrearon, entre otras cosas, el núcleo familiar extendido de la senadora y sus movimientos financieros. Las conclusiones alertaron sobre las posibles irregularidades y fueron entregadas en dos informes a la magistrada Lombana.
Además, en las pesquisas que se llevan en este momento, se están rastreando empresas, firmas y otras cuentas para establecer si se presentan inconsistencias o actividades ilegales, entre ellas algunas relacionadas con los presuntos negocios de Saab y Piedad Córdoba.
Lo que conoció SEMANA es que la Fiscalía está haciendo un detallado estudio y ha ordenado pruebas para establecer si alguno de estos familiares de Córdoba incurrió en delitos o si tienen alguna responsabilidad penal con el manejo de esos dineros.
La senadora del Pacto Histórico, quien se encuentra en delicado estado de salud en Medellín, y no se ha podido presentar ante el Congreso a trabajar por su incapacidad médica, ha dicho sobre este tema que “el mito de mi madrinazgo con Álex Saab en Venezuela es un chisme inventado que carece de prueba alguna. No existe documentación que permita siquiera insinuar tal relación. Mi vida es un libro abierto y sometido al constante escrutinio público. Mis enemigos políticos han optado por mi linchamiento mediático y de mi familia”.
En medio de este proceso que avanza en la Corte Suprema de Justicia contra la senadora, ella, a través de sus abogados, pidió, argumentando falta de garantías y violación al debido proceso, la nulidad del caso. Esta es la carta con la que busca frenar la sombra que le ha puesto la justicia encima.