En el complejo entramado tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, hay un hombre que ha despertado intrigas y suspicacias: Antonio Intriago. El empresario venezolano ha sido señalado de ser quien contrató a los colombianos para ir a Haití a través de la compañía CTU Consulting. Sus abogados compilaron un extenso dosier, conocido por SEMANA, lleno de documentos que mostrarían detalles ignorados hasta ahora sobre cómo terminaron allá los exmilitares colombianos.
Intriago, quien se encuentra libre en Florida, Estados Unidos, asegura ser “víctima” de un complot criminal que buscaba cambiar el poder en Haití. Según afirma, nunca supo de los planes del magnicidio y, por el contrario, lo que pretendía era apoyar un proyecto “humanitario” en la convulsionada isla; además, él creía que contaba con el apoyo de Estados Unidos.
La versión del venezolano contiene elementos que podrían jugar a favor de la defensa de los colombianos, quienes, hasta donde se sabe, aún no han podido contar con un equipo jurídico. En este arsenal de su defensa, hay un documento clave: una orden de captura falsa que le habrían entregado a CTU, y que ellos, a su vez, les habrían mostrado a los colombianos. Con supuestos sellos oficiales, los jueces Wyndelle Coq y Gerald Norgaisse dictaminaban la detención del presidente Moïse. Curiosamente, la orden de arresto fue llenada a puño y letra.
En otro documento, el juez Coq, supuestamente, le cuenta de esos planes a una oficina contra el terrorismo en Florida, en una carta en la que lo llama “dictador” y lo acusa de querer perpetuarse en el poder. En las evidencias presentadas, los abogados también adjuntan un documento que les habría entregado el médico y pastor Emmanuel Sanon, en el que se plantea esta estrategia humanitaria, y un memorando de entendimiento sobre “la refundación de Haití”, firmada por los líderes del país para “una transición”.
En este último, se señala que, teniendo en cuenta que no existen vías constitucionales para un cambio y después de múltiples consultas con la sociedad, se llegó al acuerdo de que Sanon se postulara al cargo de presidente de Haití de manera transitoria. Sanon, según el plan, tenía 72 horas una vez posesionado para nombrar un primer ministro de una terna. El documento cuenta con la aparente firma de numerosos líderes políticos.
Otro escrito, conocido también por SEMANA, muestra cuál es el plan estratégico para seguir. Así, según los abogados de Intriago, los colombianos no solo “no son mercenarios”, sino que no formaron parte del plan para asesinar a Moïse. De acuerdo con el documento del bufete de abogados Lacayo Law, cuando “los contratistas entran a la casa, encuentran ya al presidente muerto y a su esposa herida”. Esas declaraciones contrastan con el testimonio de la primera dama, quien aseguró que el grupo de mercenarios sí asesinó al presidente y que los colombianos no estaban propiamente jugando al “escondite”.
No obstante, coinciden con la tesis que ella defiende: fue la oligarquía y el equipo de seguridad del presidente quienes fraguaron su asesinato. “Ellos no habrían apretado el gatillo sin una orden. Necesitamos saber quién dio esa orden”, le dijo a CNN esta semana. También coincide con apartes de la confesión entregada por los colombianos en Haití, publicada por SEMANA, del soldado (r) Juan Carlos Yepes Clavijo, del teniente coronel (r) Carlos Giovanni Guerrero Torres y del capitán (r) Germán Rivera García. Guerrero y Yepes sostuvieron que, en principio, les habían dicho que con la operación trataban “de arrestar a una persona muy importante de la política”.
La Cancillería y la Defensoría del Pueblo visitaron a los colombianos en las últimas semanas. Sin embargo, aún no es claro de quién y cómo será su estrategia de defensa ante la grave acusación de magnicidio a la que se enfrentan. El presidente Iván Duque señaló esta semana que está dispuesto a acudir a instancias internacionales para que a ellos se les garantice el debido proceso. Mientras tanto, la defensa de Intriago podría ser uno de sus muy pocos salvavidas.