El escándalo por el posible carrusel de contratación en la Alcaldía de Cali tiene un nuevo capítulo. En esta ocasión, varios exfuncionarios –incluyendo exsecretarios que formaron parte de la administración en el primer año– denuncian que Mauricio Ospina, hermano del alcalde Jorge Iván, los presionó en varias oportunidades para obligarlos a tercerizar jugosos contratos y vincular en sus dependencias a personas cercanas al destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
En los audios, que tiene en su poder SEMANA, los denunciantes llegan a la misma conclusión: “Por favor, no publiquen mi nombre porque les tengo miedo, son gente muy poderosa y peligrosa”, al referirse a Mauricio Ospina, quien, además de ser hermano del mandatario, fue el gerente de campaña y líder del grupo de empalme a finales de 2019. “Él (Mauricio Ospina) llegaba con las hojas de vida para que le contrataran gente de él en todas las dependencias. Y luego llegaba y decía: yo sé que aquí van a contratar esto y necesito que revisemos esos temas.
Así llegaba a cada una de las dependencias”, cuenta uno de los exsecretarios que salió del gabinete de Jorge Iván Ospina debido, según señala, a las presiones de su hermano. Manifiesta, además, que cuando algún funcionario se negaba a sus peticiones inmediatamente era blanco de investigaciones injustificadas de la Personería y la Contraloría distrital, entidades que –denuncian– están al servicio de Mauricio Ospina y Juan Carlos Abadía.
“Él sabía de los contratos grandes y nos pedía que los contratáramos con personas en específico. Él tenía el presupuesto de todas las entidades, tanto de inversión como de contratación. Uno se hablaba con los compañeros: ¿a vos ya te visitó? (...) Su lema era ‘yo tengo unos amigos que pueden hacer eso’”, señala el ex alto funcionario de la administración de Ospina. Recuerda que el principal interés de Mauricio Ospina eran los contratos grandes, aquellos que involucraban generosos recursos públicos.
“Todo lo quería tercerizar muy a pesar de que nosotros contábamos con gente para realizar esas labores. Cuando uno le decía que no, inmediatamente venían las investigaciones, auditorías, las presencias de los funcionarios de Personería y Contraloría distrital. Eso era una locura. Nos abrían investigaciones exprés que eran cerradas al poco tiempo”. Los exfuncionarios consultados por SEMANA dicen que todas estas acciones de Mauricio fueron puestas en conocimiento de Jorge Iván Ospina, quien les restaba importancia.
“El peor enemigo del alcalde es su hermano. Una vez fui a hablar con él sobre esta situación y Mauricio me dijo: ‘Los voy a poner a subir gradas’. Eso es un término propio de cuando te van a mandar a los entes de control. Para uno estar bien con él había que hacer las cosas como él decía”.
SEMANA se comunicó con el personero de Cali, Harold Andrés Cortés, quien negó estas prácticas y señaló que todas las investigaciones hechas tienen un sustento y, además, su actuar no está condicionado por ningún grupo político.
“Emcali era su fortín”
Pese a que presuntamente Mauricio Ospina chantajeó a varios funcionarios y se inmiscuyó en procesos de contratación sin pertenecer formalmente a la Alcaldía de Cali, los denunciantes aseguran que su principal fortín eran las Empresas Municipales de Cali (Emcali). “En varios puestos clave él nombró a gente cercana a Abadía y a Dilian Francisca Toro.
Luego, a través de ellos, enviaba órdenes para que los grandes contratos se hicieran con equis o ye empresa. Todo tercerizado”, dice otro de los exfuncionarios consultados por SEMANA. Su denuncia –y relato– calza perfectamente con lo hallado por el Laboratorio Ciudadano Mi Cali Contrata Bien, que le ha puesto la lupa a la contratación de Emcali y encontró, por ejemplo, que entre 2020 y 2022 han hecho licitaciones públicas por casi 500.000 millones de pesos.
“El dato que más llama la atención y preocupa es que el 70 por ciento de las licitaciones públicas adjudicadas en ese periodo son a un único oferente: Deltec, que resulta con contratos por 243.000 millones de pesos”, dice María Isabel Alvarado, vocera de ese laboratorio. En esos contratos entra el polémico convenio por un valor cercano a los 215.000 millones de pesos para suministrar medidores incluyentes, y que trascendió a la opinión pública al comprobarse la cotización de televisores de 55 pulgadas por más de 43 millones de pesos.
Los contratos entre Deltec y Emcali han estado orientados a temas de facturación y lectura de medidores de energía. Todas esas actividades las habría podido desarrollar Emcali con sus más de 3.000 trabajadores y su planta tecnológica, pero el entonces gerente Juan Diego Flórez –cercano a Mauricio Ospina– decidió que era mejor buscar por fuera. Buscar, específicamente, a Deltec.
“Había tensiones de Mauricio con todo el equipo, no solo conmigo. A través de la gente que él nombraba en las diferentes dependencias ejercía presión para contratar. Él tenía su equipo y hablaba con Abadía y luego llegaban a plantearme cómo y con quién debía contratar. Yo nunca accedí”, señala otro exfuncionario de la Alcaldía de Cali.
Frente a estas reiteradas denuncias, el alcalde Jorge Iván Ospina defendió a su hermano, a quien calificó como “un hombre honesto e incapaz de cometer delito alguno”. “Muéstrenme una prueba o la oficina que él tiene en la Alcaldía o en Emcali, o que toma decisiones. No ubico a mi hermano en los procesos de la Alcaldía.
Mi hermano tiene capacidad suficiente para asumir otros retos”. Sin embargo, los testimonios de exfuncionarios, en poder de SEMANA, señalan todo lo contrario y, aunque manifiestan que Mauricio no tenía oficina física, sí hacía una injerencia directa sobre los diferentes procesos de contratación para favorecer a sus amigos o al grupo político de Abadía.
“Ellos son expertos en hacer proyectos tipo sastre, que son aquellos que calzan perfectamente a un único oferente. ¿Para qué? Para desviar recursos y tercerizar actividades que perfectamente se podrían ejecutar con personal propio”, puntualiza uno de los exsecretarios de Ospina. SEMANA intentó comunicarse con Mauricio Ospina para conocer su versión ante estas denuncias, pero no fue posible.
¿Hay carrusel de contratación?
El abogado y activista caleño Élmer Montaña dice que en la capital del Valle hay un carrusel de contratación. “Desde noviembre de 2020 hemos presentado varias denuncias relacionadas con presuntos actos irregulares en la suscripción de convenios interadministrativos entre la Alcaldía de Cali y Corfecali (entidad gestora de la Feria de Cali).
A raíz de estas denuncias hemos recibido información de funcionarios de la Alcaldía de Cali en el sentido de que los hermanos del alcalde Jorge Iván Ospina, Mauricio y Diego Ospina, tienen radicadas oficinas en el Centro Administrativo Municipal (CAM) y en la torre de Emcali, junto con el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía”, dijo.
Para Montaña no hay duda de que en Cali se ha configurado un cartel de contratación solo comparable con lo sucedido en Bogotá con los hermanos Moreno. “Las cosas hay que llamarlas por su nombre: esto es una corruptela que los órganos de control no han querido desmontar. La Fiscalía dejó prescribir 60 investigaciones a Jorge Iván Ospina.
El señor fiscal no está interesado en investigarlo, sino en que la Alcaldía le termine el búnker de la Fiscalía en Cali, que seguramente se llamará Francisco Barbosa. Confiamos en el contralor general de la república”, señaló Montaña. La exconcejala Diana Carolina Rojas dijo que en la administración de Ospina hay posibles irregularidades en al menos diez contratos.
“Hemos denunciado ante los entes de control posibles irregularidades en la contratación del Parque Pacífico por 27.000 millones de pesos; el Centro de Bienestar Animal por 11.000 millones; la remodelación del estadio por 16.000 millones; la remodelación de la Plazoleta Jairo Varela por 4.200 millones; dos contratos de Cristo Rey por más de 50.000 millones; el Bulevar Cauquita por 27.000 millones; así como los dos contratos de vertimiento por 10.000 millones de pesos”, afirmó Rojas.
Todas estas denuncias ciudadanas, sumadas a las hechas por exfuncionarios de Ospina, ya están en manos de la Contraloría y la Procuraduría General. Y pese a la defensa del alcalde, las voces sobre posibles actos de corrupción bajo su administración son cada vez más fuertes.