Desde el gobierno, las Fuerzas Militares y de Policía, y las agencias estatales se encuentran en máxima alerta por las elecciones de este domingo y por lo que pueda pasar después de ellas, según el resultado.
El común denominador de los riesgos que ya tienen identificados las autoridades señala al mismo blanco: las llamadas primeras líneas, que han llegado a ser infiltradas por el ELN, la Segunda Marquetalia y organizaciones de disidentes. Ahora con un ingrediente adicional: el apoyo logístico y financiero del Clan del Golfo. Esta alarma fue ratificada por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien lo advirtió: “Hemos recibido información de inteligencia, redes sociales y de la Defensoría del Pueblo sobre posibles disturbios y acciones violentas si el resultado después de las cuatro de la tarde no es el que algunos grupos están promoviendo”.
Mediante fuentes, interceptaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp en grupos privados y seguimientos, los hombres de inteligencia detectaron que estos grupos se están preparando para lo que ellos califican como un estallido social “para hacerse sentir este domingo”. Todo enmarcado en acciones violentas en diferentes ciudades y con objetivos claramente definidos.
No se trata de una movilización improvisada, desde hace semanas han venido ambientando la idea de que en las elecciones del domingo va a haber fraude, aunque el registrador Alexánder Vega ha sido reiterativo al señalar que no hay posibilidad de que esto suceda. No obstante, es el mensaje que los líderes de estas organizaciones han venido divulgando y promoviendo, pero ya están en el segundo paso. Después de implantar la idea de irregularidades en las elecciones, en los últimos días sus mensajes están dirigidos a la confrontación, a atacar incluso la organización electoral.
En mensajes que tiene en su poder SEMANA se escucha y se lee cómo en los planes se habla de que “si no ganamos” procederán a destruir el material electoral e incluso hay advertencias masificadas de atacar sedes de la Registraduría Nacional en diferentes zonas del país.“Huele a revuelta, a sangre, a ira popular, a cobardía.
Todo por garantizar el privilegio de quienes nos manejan”. “Figuró ir a lanzar molochas a la Procuraduría, el pueblo tiene la competencia constitucional de defender la democracia”. “Si nos roban las elecciones, salimos a quemar todo, hijueputa”. Estos son algunos de los mensajes que han sido detectados por las autoridades.
De acuerdo con las investigaciones, estos grupos se estarían concentrando principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Tunja, para realizar grandes movilizaciones luego de la jornada electoral, “para repetir lo hecho el 28 de abril de 2021”, cuando estalló el paro nacional, en el que se vieron concentraciones violentas en las ciudades, algunas de ellas, como Cali, casi devastadas en medio de las bélicas protestas. La idea es replicar lo que hicieron hace más de un año, y el plan lo tienen claro, porque ya les funcionó.
Tomarse portales de transporte, sitios estratégicos de las ciudades, instalarse en puntos clave donde puedan hacer bloqueos, quemar buses y patrullas, y parapetarse de tal manera que a las autoridades les sea difícil irrumpir para tumbar estas barricadas.
Su idea es aprovechar sitios específicos donde consideran que tienen fuerza y acogida como Usme y Portal de las Américas en Bogotá; Puerto Rellena y Loma de la Cruz en Cali, entre otros. Las fuentes han dejado al descubierto reuniones en casas, bodegas y oficinas, con pequeños grupos o células, para que no se filtre la información, en la que hablan de incentivos para quienes participan en las protestas. El botín, según se ha conocido, va entre 160.000 hasta 200.000 pesos para quienes se sumen a las violentas protestas.
En esas reuniones también se impartió como orden que era necesario tener en la mira, además de la Registraduría, otros edificios públicos y hasta instalaciones militares y de policía. Hablan incluso de aprovechar las protestas para realizar saqueos y generar mayor temor.
Alerta temprana La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 004 de 2022, en la cual reitera que hay 84 municipios que están en riesgo extremo, con una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia con afectaciones graves a la vida, integridad y seguridad de las personas en las elecciones del próximo 19 de junio. Se encuentran discriminados así: Cauca, 16; Nariño, 14; Chocó, 9; Norte de Santander, 8; Antioquia, 7; Bolívar, 6; Caquetá, 6; Arauca, 4; Tolima, 4; Putumayo, 3; Valle del Cauca, 3; Huila, 2; Meta, 1 y Magdalena, 1.
Lo dejó claro el mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien advirtió: “Hemos recibido diversas informaciones de que se estarían organizando grupos de personas para generar movilizaciones violentas condicionadas al resultado de las elecciones del próximo domingo 19 de junio. Estas manifestaciones se darían fundamentalmente en Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Pereira, Popayán, Bucaramanga y la región del Urabá-Darién”.
Camargo aprovechó esta alerta temprana para pedir a las autoridades “que garanticen a la ciudadanía el derecho a elegir y ser elegido, y que, en caso de presentarse manifestaciones, brinden a sus participantes todas las garantías para el ejercicio de su derecho, activando previamente los mecanismos de coordinación, diálogo y acercamiento con los actores sociales, que prevengan la escalada a escenarios de violencia”.
Incluso desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se emitió una alerta de viaje a Colombia por posibles alteraciones de orden público, una vez se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial. “Ese día se pueden presentar en varias zonas de Colombia bloqueos de vías y manifestaciones, que se podrían tornar violentas con el paso de las horas”, señaló.
Acciones preventivas Conscientes de los planes criminales, las autoridades se han venido preparando para atajar el denominado “estallido social”. Ya tiene identificados a líderes, lugares de entrenamiento, zonas de concentración, logística, y los miembros de la Policía Judicial, junto con la Fiscalía, preparan acciones para individualizar y llevar ante los jueces a quienes protagonicen estos desmanes.
De hecho, en los últimos días tras investigaciones que arrancaron después de las manifestaciones de 2021, la Fiscalía logró que los jueces emitieran órdenes de captura, que ya se hicieron efectivas, contra 66 presuntos miembros de estas primeras líneas, relacionados con actos vandálicos.
En total se han abierto 1.400 noticias criminales que van desde quien rompe un vidrio hasta delitos como bloqueo de vías para interrumpir la movilidad de ambulancias, homicidio, secuestro, extorsión y terrorismo. Desde el año pasado, en total, van 530 capturas, en medio de 209 expedientes judiciales.“Las capturas se está haciendo sobre delincuentes, con orden judicial, que el juez ha avalado. Se está actuando dentro del marco constitucional y legal, lo que estamos deteniendo son delincuentes. Los únicos que se deben preocupar por la fuerza pública son ellos”, afirmó el ministro Palacios.
Lo que sí es cierto es que mientras el plan violento se articula, también han surgido divisiones en esos bloques de las llamadas primeras líneas por varios motivos. En principio, saben que las autoridades les respiran en la nuca y están cayendo incluso meses después de cometer los hechos. En audios se escucha cuando advierten que no se van a ganar un ‘canazo’ por meterse en esas protestas, después de estar capturados nadie pone la cara por ellos.
También se refieren a malos manejos del dinero. Dicen que los cabecillas se están quedando con la financiación y hasta han montado negocios criminales como venta de drogas alrededor de las protestas, convirtiéndolo en un negocio propio.
Hay hechos que han marcado la disidencia de estas organizaciones. Uno de ellos es la muerte de una persona por degollamiento en el Portal de las Américas y un hecho más atroz, que generó división y preocupación entre los primera línea y que hasta ahora se está conociendo: el asesinato de una persona que creían infiltrada de la Policía, a quien además quemaron.El ambiente, se sabe, está caldeado. El Gobierno activó el Plan Democracia, con los más de 300.000 hombres de la fuerza pública desplegados en las diferentes regiones, están en alerta para cualquier tipo de desorden. Se espera que las elecciones se lleven en paz, pero están listos para actuar si algo ocurre.