Desde su celda, en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, donde cumple su condena de siete años de prisión por la parapolítica, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero recibió una noticia nada alentadora: la Fiscalía General radicó el escrito de acusación con el que formaliza su llamado a juicio por su participación en las graves irregularidades que, presuntamente, se presentaron en la adjudicación del megaproyecto de Hidroituango.
SEMANA tiene en su poder el demoledor escrito de acusación contra el exgobernador de Antioquia que lo pondrá nuevamente en el asiento de los acusados, por presuntas irregularidades y direccionamiento del gigantesco contrato para la construcción de la hidroeléctrica. Su presencia para atender este caso ante la justicia ya tiene fecha: está citado para el 14 de junio, para ser formalmente acusado.
Ramos, quien lleva años sosteniendo que es un perseguido político y que los testigos que declararon en su contra ante la Corte Suprema incurrieron en infinidad de contradicciones y falsedades, deberá responder ahora por, supuestamente, haberse enfilado para beneficiar como diera lugar a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con el multimillonario contrato que tenía como objetivo, nada más y nada menos, que poner en marcha el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del que se tenga memoria en Colombia.
Una movida que sirvió para saltarse el proceso licitatorio para la megaobra, para terminar entregándosela a dedo a EPM que ni siquiera fue la encargada de la construcción. Fue una maniobra que buscaba que se conformara el consorcio Hidroituango, compuesto por tres poderosas empresas con raíces en Antioquia: Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H. Las mismas que presuntamente cometieron graves errores constructivos y sobrecostos, un lío que también avanza en los tribunales.
Para esto, y aprovechando todas las facultades que tenía como Gobernador para el proceso licitatorio, habría cambiado las reglas del juego varias veces con el fin exclusivo que el contrato pasara, sin contratiempos, a EPM para la construcción, operación y mantenimiento del colosal proyecto, catalogado sin ningún asomo de duda como el más importante de generación eléctrica del país y uno de los tres más grandes de Sudamérica.
Pese a que se había hecho una convocatoria internacional para que todos los interesados presentaran sus propuestas y ofertas, “de manera paralela” se llevaba a cabo una “negociación directa” entre los socios mayoritarios de EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), quitando de un solo tajo todos los principios de la contratación pública.
Para la Fiscalía General esto no fue más que un “proceso irregular a instancias de la sociedad Hidroituango” puesto que todos los trámites de licitación quedaron en el limbo o se cortaron sin mayor explicación, siendo más que evidente el direccionamiento del contrato para EPM. Para sustentar esto se revisó minuciosamente todo el trámite del proceso licitatorio que dio inicio el 17 de noviembre de 2009, así como las declaraciones de una decena de testigos.
Pese a que para el 2 de febrero de 2010 siete empresas, entre colombianas y extranjeras, habían manifestado su interés, cinco meses después, la misma Junta Directiva de Hidroituango S.A. decidió suspender la Subasta Pública Internacional y en octubre se tomó la decisión de darla por terminada bajo la figura de una “reconsideración del proyecto” dando a entender que EPM había sido la única que cumplía con los requisitos por temas regionales y que desde el principio tenía una participación accionaria superior al 40% en el proyecto Hidroituango.
Señala el escrito de acusación en poder de SEMANA que el 25 de noviembre de 2011 el proceso volvió a dar un giro cuando la Junta Directiva de Hidroituango avaló la modificación del estatuto de contratación. Pero, ¿qué papel jugó Luis Alfredo Ramos en todo esto? La respuesta es sencilla, en su calidad de Gobernador hacía parte de la Junta Directiva, lo que le daba voz y voto en todas estas decisiones del proceso de contratación, avalando la entrega directa y sin licitaciones.
“La responsabilidad del doctor Luis Alfredo Ramos Botero en su condición de Gobernador titular del departamento de Antioquia, por actuar con desvío de poder, a título de dolo, en el interés indebido en la celebración del contrato”. La Fiscalía sostiene que desde el minuto uno movió todas sus fichas con el fin de favorecer a EPM.
Haciendo presencia en cuerpo ajeno, Ramos —como sostiene la Fiscalía— nombró a Álvaro de Jesús Vásquez Osorio como gerente del IDEA, para lograr el nombramiento del ingeniero Luis Guillermo Gómez Atehortúa como gerente de Hidroituango SA ESP, y así llevar a cabo un “acuerdo de accionistas” para el desarrollo del megaproyecto, asegurando así “la negociación directa en beneficio de EPM y en contravía de lo que en un principio había sido su propósito y obligación funcional, asegurar los intereses del Departamento”.
Por esto, no se duda en señalar que de manera activa, voluntaria y consciente el entonces Gobernador obvió los principios de función pública que juró proteger cuando se posesionó como mandatario de todos los antioqueños: “Desvió el marco legal y actuó con propósitos ajenos a la entidad que representaba, se reprocha la inobservancia de los principios de imparcialidad, transparencia, buena fe, selección objetiva y responsabilidad que por virtud de la Constitución, de la ley y el reglamento estaba obligado a respetar”, afirma la Fiscalía en el explosivo escrito de acusación que pone contra las cuerdas a Ramos.
Ramos, también participó activamente en reuniones con el presidente Álvaro Uribe Vélez entre mayo y junio de 2010, con el firme deseo que se “sacara” adelante “el negocio, pero con el exclusivo fin que fuera EPM ESP, la empresa que desarrollara, dejando a un lado, la inversión extranjera o más bien a los oferentes preseleccionados en la subasta internacional y ante todo, dejando un lado todos los intereses del Departamento”.
“Ninguna razón justifica la conducta del gobernador Ramos Botero”, advierte la Fiscalía en sus conclusiones. Por el monto inicial de la obra, el contexto de la zona y los objetivos que se querían cobijar lo mejor era adelantar un proceso de licitación, ver a varios oferentes y tomar una decisión como dictaban los manuales de contratación. “Si bien se trata de un régimen excepcional de contratación, el respeto por los principios propios de la contratación pública es de obligatorio cumplimiento”.
Recientemente, a su celda, la Corte Suprema de Justicia le envió una nueva notificación a Ramos: deberá conectarse el 14 de junio a las 8:15 de la mañana, para escuchar la acusación en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.