En una polémica o contradicción se encuentra la Policía, esto por las decisiones recientes que se han tomado al sacar de la institución a uniformados que tienen vigentes procesos penales o disciplinarios por su actuar en medio de las violentas protestas del paro nacional.

Los uniformados afectados aseguran que se sienten sin garantías en la institución, pues mientras a los integrantes de la primera línea los van a nombrar como gestores de paz, para darles un pasaje directo a la libertad, a ellos los están sacando de la Policía tras varios años de servicio.

Ese es el caso del patrullero Héctor Pacheco Niño, quien fue destituido de la Policía por una investigación debido a un acto del servicio cuando atendía una violenta protesta en Bogotá.

Según Pacheco Niño, su proceso tiene que ver con la muerte de un manifestante. “Yo estaba siendo investigado por el caso de una persona que salió fallecida en Usme, el año pasado, en las protestas del famoso estallido social”, dijo el exintegrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Agregó que “la Policía decide retirarme, apartarme del cargo, se siente uno sin moral, sin nada, trabajando uno a costa de nada, y que le salgan a uno de un momento a otro con esto, lo dejan sin palabras”.

De igual manera, dijo que la única llamada que ha recibido fue para notificarlo de la decisión que había tomado la Policía en su contra, pero no para nombrarlo como gestor de paz como ha sucedido con los integrantes de la primera línea.

Sobre esta situación, Armando Vergara, veedor de la Policía, dijo que ya son varios casos similares a los de Pacheco Niño, que se vienen presentando en la institución. “Quiero demostrar que aquí ser pillo paga”, dijo Vergara, al cuestionar que el Gobierno esté buscando beneficios para los integrantes de la primera línea, dando un trato distinto a los policías.

“Pacheco Niño fue retirado, fue echado de la Policía Nacional y todo por el boom político, y Pacheco no va a entrar como gestor de paz”, dijo el veedor.

El testimonio de Pacheco Niño se conoce, luego de que SEMANA revelara que dentro de la Policía se estuvieran tomando medidas, al parecer, en contra de los Policías que tuvieron algún compromiso en actos del servicio durante las manifestaciones del paro nacional.

SEMANA conoció varios chats de policías en donde se sienten sin garantías en la institución frente a los que está sucediendo con los integrantes de la primera línea. “Estamos trabajando sin garantías, y para los de la primera línea y demás grupos delincuenciales sí hay garantías por parte del Estado”, dice uno de los mensajes.

SEMANA conoció que ya se produjeron las dos primeras decisiones en contra de igual número de uniformados. Una de ellas se profirió mediante la Resolución 345 expedida el 10 de diciembre de 2022 por el coronel Edwin Alexánder Vargas, comandante de la Policía de La Guajira.

Según se lee en el oficio, se “ordenó retirar del servicio activo de la Policía, por voluntad de la Dirección General de la Policía, al señor patrullero Abberson de Jesús Acosta”.

Por esto, en diálogo con esta revista, el patrullero Abberson de Jesús Acosta no entiende por qué si no hay un fallo judicial en el que lo condene o lo responsabilicen de la muerte de Zapata, la institución, sin dar mayor explicación, lo apartó definitivamente del cargo después de llevar 11 años en la Policía “con una hoja de vida intachable”.

“Yo no maté a ese ciudadano”, aclaró el funcionario a SEMANA, quien dijo que tenía audiencia penal la semana pasada, pero fue aplazada. Está imputado por homicidio, pero no condenado porque aún no se tienen la totalidad de las pruebas porque en la escena de la muerte había varios ciudadanos, entre ellos, la primera línea.

La Policía dijo en su resolución que él desobedeció no solo estos compromisos y obligaciones, “sino que también quebrantó el juramento realizado cuando se graduó como patrullero, en el cual prometió sostener, guardar y defender la Constitución y las leyes, cumplir fielmente los deberes que el grado y cargo le confieren (…)”.