Es un hecho, las “chuzadas” volvieron al país. SEMANA conoció que otras dos personas, un hombre y una mujer, también fueron “chuzados”, es decir, sus teléfonos celulares terminaron interceptados de manera ilegal por integrantes de la Policía, tal y como lo hicieron con Marelbys Meza y Fabiola, dos exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefe de Gabinete del Gobierno nacional.
Lo que se conoce hasta el momento es que estas dos personas, cercanas a Marelbys Meza, fueron escuchadas de manera ilícita durante varios días. La información que conoció SEMANA señala que las escuchas ilegales se realizaron desde una sala adscrita a la Policía en Bogotá, y quienes solicitaron estas “chuzadas” lo lograron con una fiscal de la capital de la República.
En este caso, hay una clara diferencia con las primeras “chuzadas” denunciadas por el fiscal Barbosa. En ese caso se hicieron desde Chocó, ordenadas por la Comisión Investigativa contra el Crimen Organizado (Cicor) de esa región, haciendo un montaje con el cual justificaron la chuzada, al afirmar que se trataba de una necesidad en medio de la persecución a los cabecillas del Clan del Golfo. En este caso, las chuzadas se hicieron desde Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación está investigando estos nuevos hechos y ordenó inspecciones judiciales a esta sala de interceptaciones ubicada en el centro de la ciudad y, además, revisa cada archivo, solicitudes e informes de Policía Judicial, que se habrían utilizado para conseguir la autorización de interceptar las comunicaciones de estas dos nuevas víctimas.
En el caso de Marelbys y Fabiola, como lo reveló el fiscal Francisco Barbosa, las “chuzadas” se realizaron con informe de Policía judicial donde de manera falsa las convirtieron en miembros del denominado Clan del Golfo, y obtuvieron de la sala de interceptación la autorización para las interceptaciones; todo a través de un fiscal en el departamento de Chocó.
En este nuevo capítulo del escándalo de “chuzadas” revelado por SEMANA, los investigadores esperan conseguir la trazabilidad exacta desde el momento en que los números ingresan para ser interceptados, cuántos días y, lo más importante, quién lo ordenó, además bajo qué argumentos.
SEMANA conoció que estas dos personas, hace pocas horas, estuvieron en la Fiscalía entregando una declaración a fiscales especializados, delegados de manera exclusiva para esta investigación. Durante horas y cara a cara con los fiscales, entregaron detalles del evento que ahora los deja como víctimas de las “chuzadas”.
La Fiscalía busca identificar quiénes son y el papel que jugaron para que fuera necesario interceptar sus comunicaciones. Como en el caso de Marelbys y Fabiola, a quienes les pusieron los alias de La Niñera y La Madrina, respectivamente, los investigadores establecieron que a estas nuevas víctimas también les tenían un alias para vincularlos con organizaciones criminales y así soportar la solicitud de interceptación.
Los teléfonos de estas dos personas también aparecen en la lista de contactos y comunicaciones frecuentes de Marelbys Meza. Es más, la mujer víctima de estas nuevas chuzadas aparece en mensajes y conversaciones en las que los investigadores identificaron en varias oportunidades una palabra clave: “encomienda”.
Se trataría de una amiga de Marelbys que estuvo con el grupo de familiares de la exniñera cuando llegaron a la Terminal de Transporte de Bogotá mientras acompañaban a la mamá de Marelbys, que salía de la ciudad, y aprovechaban para hacer el envío de algunas pertenencias. Fue allí cuando la Policía les pidió desocupar las maletas mientras les preguntaban por un dinero.
“La llevamos al Terminal con mis hermanos, una amiga y un sobrinito. Allá, nos llega la Policía y nos dice: ‘Vengan todos para acá que necesitamos una requisa’. Nos llevaban como a un puesto de Policía que hay en la Terminal y nos abren las maletas, nos revisan cosa por cosa, lo que llevábamos ahí. Empezaron a buscar. No sé qué buscaban porque, la verdad, no encontraron nada”, dijo Marelbys.
Los investigadores trabajan en una hipótesis. Mientras Marelbys y su amiga sostuvieron conversaciones, quienes las escuchaban de manera ilegal pensaban que cuando hablaban de “encomiendas” se referían al dinero que fue hurtado en el apartamento de Laura Sarabia. Sin embargo, fue la propia Marelbys la que confirmó que después de la requisa a la que fueron sometidas no encontraron absolutamente nada.
¿Sablazo al Gobierno? La Fiscalía pide no “especular” sobre la muerte del coronel Óscar Dávila
A través de un comunicado, la Fiscalía hizo un “llamado ciudadano” para permitir que las investigaciones por la muerte, en extrañas circunstancias, del coronel Óscar Dávila, avancen sin la divulgación de especulaciones por parte de la ciudadanía. El cuerpo del coronel Dávila, entonces jefe de la Oficina de Anticipación en la Seguridad Presidencial, fue encontrado por su conductor en el interior del vehículo que tenía asignado y frente a su residencia.
El ente acusador aseguró que las investigaciones avanzan. En los próximos días se podrían conocer los resultados de este proceso, de los hallazgos del CTI en el lugar de los hechos y en el cuerpo del coronel Dávila. Asimismo, se podrían conocer las declaraciones que se recaudaron en los actos urgentes a cargo de un fiscal del grupo de homicidios.
“En ese sentido, se hace un llamado ciudadano para que exista un manejo responsable de la información, y se evite la divulgación de especulaciones y versiones infundadas que puedan vulnerar derechos o alterar el desarrollo de las indagaciones”, dijo el ente acusador.
Explica la Fiscalía que se destacó un equipo de investigadores especializados para avanzar en las pesquisas y, justamente, ese grupo de funcionarios serán los responsables de darle una respuesta al país. De ahí, la necesidad de esperar los resultados de esas averiguaciones y no entrar a especular.
“Desde el momento en que ocurrió la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, el pasado 9 de junio, la Fiscalía destacó un equipo especializado de fiscales e investigadores que de manera integral realiza las actividades pertinentes para recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel”, señaló el comunicado de la Fiscalía.
Precisamente, hace algunos días fue el ministro de defensa, Iván Velásquez, quien convocó a la Fiscalía para que le diera una respuesta al país, sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la muerte del coronel. Sin embargo, antes, advirtió que todas esas “situaciones” llevan a concluir que se trató de un suicidio, esto sin la conclusión de Medicina Legal.
“Por todos los elementos recogidos en la escena y los que hemos podido conocer, nos llevan a esa afirmación, había cámaras en el sector, la Fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etcétera, todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como esta. Y por todo ese conjunto es que afirmamos que se trata de un suicidio”, dijo el ministro de Defensa en una rueda de prensa.
Días antes, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró, a través de su cuenta de Twitter que había hablado con la familia del coronel Dávila y concluyó que el oficial se había sentido “acorralado” para tomar la decisión de quitarse la vida.
“Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida. Oficial con una carrera brillante, consideró que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la Presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. Por qué se sintió tan acorralado como para llegar a tan terrible decisión”, fue el trino del presidente Petro, solo dos días después de la lamentable noticia.
La Fiscalía insiste en que la premura en las especulaciones le hace daño a la misma investigación y lo prudente en estos casos es esperar los resultados de las indagaciones, de modo tal que la certeza esté soportada en elementos de prueba, en evidencia y conclusiones judiciales, no políticas o personales.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía citó a declarar al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República. El primero porque, de manera reiterada, aseguró tener información del crimen; y el segundo, porque que era el jefe de la víctima.