La organización criminal urbana más antigua y poderosa del país, que ha sembrado el terror en diferentes ciudades, en especial en Medellín, también está dispuesta a poner todas sus monedas en la apuesta de paz total que propuso el presidente Gustavo Petro. Se trata de “La Oficina”, que desde los años 80 siembra el terror, y era parte del brazo armado del Cartel de Pablo Escobar.
Nada menos que el máximo jefe de “la Oficina”, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, hoy tras las rejas, en la cárcel La Picota, envió escrita con su puño y letra una carta dirigida al presidente Petro en la que pide de manera urgente y prioritaria sentarse a dialogar para avanzar con pasos ciertos en la propuesta de cambios en la política de extradición en el país.
SEMANA revela en exclusiva el manuscrito del poderoso criminal, alias Douglas, acompañado por las firmas de los delegados de derechos humanos de los pabellones de extraditables de La Picota, conocidos como los Patios 8 y 9. Lo que suma a la petición de no extradición de los 279 extraditables, incluidas nueve mujeres detenidas en la Cárcel El Buen Pastor, que también vienen haciendo acercamientos y le pidieron al presidente Petro, y a su canciller, Álvaro Leyva, que frenara su envío a Estados Unidos, en el marco de la paz total, y con el compromiso de contar toda la verdad del negocio criminal del narcotráfico, tal como lo revelo este medio.
“Las mesas de Derechos Humanos de los Patios 8 y 9, estructuras Paz A y Paz B, del centro de reclusión La Picota, conocido como los extraditables, por medio del presente escrito, solicitamos muy respetuosamente se instale un espacio de diálogo para concretar la propuesta presentada por usted al gobierno de los Estados Unidos de realizar cambios a la política de extradición que opera en Colombia”, se lee en la carta que escribió el poderoso Douglas, jefe de la Oficina.
“Hemos indicado que disponemos nuestras voluntades y queremos establecer los espacios, sugerimos que sea la mesa de Derechos Humanos con el acompañamiento (...) de la Iglesia Católica el espacio para el diálogo con el gobierno, ya que contamos con la representación de todos los PPL (Personas Privadas de la Libertad) 270. Sugerimos que igualmente sea esta semana la instalación formal de dicho espacio, con el fin de aportar a la paz total que ha propuesto, cordialmente, Mesas de Derechos Humanos Patio 8 y 9, y José Leonardo Muñoz”, se lee en la misiva.
Quien la firma no es un delincuente de poca monta, es la cabeza de la Oficina, una estructura que opera en ciudades, su sede es Medellín, y se encarga de asesinatos, extorsiones, ajustes de cuentas, secuestros, y ligada directamente al narcotráfico, es alias Douglas, nada menos que el sucesor del exparamilitar extraditado, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y quien fue capturado en abril del 2009, en un lujoso apartamento, en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. Es tal su poder que incluso, con años tras las rejas, se sabe que es el manda más de la Oficina, no se mueve un dedo sin su orden.
Los primeros acercamientos
Este no es el primer anzuelo que lanzan desde la Oficina para acercarse a una negociación con el Gobierno, desde que ganó las elecciones y aún sin posesionarse, le habían enviado una carta al presidente Petro, fechada el 28 de julio, en la que mostraban la disposición de participar en un “pacto nacional de paz”.
SEMANA también tiene en su poder esta carta que señala, “después de varios gobiernos y proyectos de sometimiento fallidos, recibimos con esperanza su llamado a la construcción de una paz total, que solamente será posible en la medida que se tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia y con ello asumir la atención integral del conflicto armando urbano, que indiscutiblemente debe estar cimentada en una ley que facilite nuestro acogimiento a la justicia, como lo estipula el acuerdo de paz de la Habana y como lo propone la sociedad civil organizada”.
Este es justamente otro de los sectores con los cuales se exploran acuerdos, pues estas organizaciones operan y siembran el terror en las ciudades, especialmente en las capitales en donde son los dueños y señores del crimen. Por eso, plantean que “la ley de acogimiento ha de incluir también un tratamiento diferenciado a los miembros de nuestra organización que nos permita avanzar en la transición de nuestros liderazgos y el fortalecimiento de nuestras capacidades, para contribuir en el rompimiento de los círculos viciosos de violencia, injusticia social y la militancia de los niños y jóvenes en los grupos armados”.
Eso sí, no plantean un sometimiento, o deponer sin condiciones sus aparatos criminales urbanos, por eso plantean que “la ley que debe ser dialogada, convocante y atractiva a todas las organizaciones al margen de la ley, para que los otros grupos que no hagan parte de nuestra organización, deseen acogerse a ella”.
Y es que lo tienen claro, más allá de los delincuentes de alto perfil que están tras las rejas, por fuera, en libertad también hay poderosísimos capos y narcos invisibles a quienes también les hacen el llamado para sumarse, esta ha sido la parte más difícil, pues la negociación como la ha planteado el Gobierno, implica contar la verdad y ayudar con el desmonte del narcotráfico, eso no suena bien para los que están en libertad y viven a sus anchas con los millones de dólares que genera el crimen.
Carta va y carta viene, los acercamientos, están confirmados aun desde antes de que Petro llegara a la presidencia. En eso brega están extraditables, nacotraficantes, organizaciones criminales, el ELN, y ahora, según revela SEMANA, la oficina. Uno de los puntos neurálgicos es la no extradición y justamente el planteamiento del mandatario de no mandar a Estados Unidos a quienes cuente la verdad y reparen a sus víctimas ha acelerado el proceso.
Que aún no ha tenido cambios, más allá de este anuncio, en el mes de gobierno del presidente Petro ya ha afirmado 21 extradiciones, entre esas, la del hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, lo que se ha leído como un mensaje contundente.
La propuesta está servida y poco a poco, las diferentes organizaciones multicrimen, como le llama el presidente Petro, han tocado las puertas de este nuevo gobierno, con las cartas que SEMANA ha venido revelando, pero también a través del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva y el comisionado de Paz, Danilo Rueda. Ellos se han andado con pies de plomo, no se conocen avances ni respuestas, pues han mantenido bajo estricta confidencialidad la posición del Gobierno y los eventuales acercamientos. Pero es claro que la apuesta de paz total o de perdón social, como se dijo en campaña, va andando sobre rieles.