El huracán político, comercial y deportivo que se desató en el país por cuenta de la decisión de Panam Sports de quitarle los Juegos Panamericanos a Barranquilla, en 2027, tras los múltiples incumplimientos de pago tiene un nuevo capítulo.
SEMANA conoció en primicia una serie de documentos y un par de cartas en las que la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico le advirtieron al presidente Gustavo Petro y a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, lo que podría pasar.
Los daños tanto para la ciudad como para la región serían incalculables. En la primera carta conocida por SEMANA, el entonces alcalde Jaime Pumarejo le dice al presidente Petro el 31 de agosto de 2023 que necesitan del apoyo del Gobierno nacional para no perder la sede de los Juegos; sin embargo, pese a la insistencia de la misiva, nunca recibieron respuesta.
“(...) El Contrato Ciudad Sede implica el cumplimiento de una serie de obligaciones en materia presupuestal, administrativa, fiscal y tributaria, las cuales requieren del apoyo del Gobierno nacional para desarrollar exitosamente los Juegos.
Así las cosas, desde la fecha de la firma del Contrato Ciudad Sede, la administración distrital ha dado pasos para la ejecución de algunos de los compromisos allí establecidos, sin embargo, a la fecha están pendientes parte de las obligaciones pactadas frente a las cuales no se han brindado respuestas a Panam Sports”, dice el documento conocido en primicia por SEMANA. En la carta, los Gobiernos locales le manifiestan al presidente Petro que no es la primera vez que le advierten del daño reputacional que implica no realizar los pagos a tiempo.
“Todo lo anterior, se lo hemos manifestado al Gobierno nacional en distintas misivas, así como mesas de trabajo realizadas con la ministra del Deporte y su equipo de trabajo, con quienes gracias a su voluntad hemos logrado avances en materia de revisión de presupuestos y de alternativas para el desarrollo de las justas, sin embargo, hace falta convertir esa voluntad en acciones concretas de Estado que ratifiquen la voluntad del Gobierno nacional de realizar los Juegos y que brinden la confianza suficiente a Panam Sports para evitar materializar las probabilidades de revocatoria de la designación de la ciudad como sede, lo que sería un grave perjuicio para el futuro deportivo de la nación”, dice el documento.
El 30 de agosto, un día antes de la carta enviada al presidente Petro, Barranquilla recibió una notificación formal de Panam Sports que le explicaba el riesgo inminente de cambiar la sede de los Juegos Panamericanos. Era una especie de ultimátum.
“Esta carta es una notificación oficial, en virtud de la sección 76 del contrato con la ciudad sede, en relación a los graves incumplimientos enumerados a continuación a los cuales debe darse cumplimiento en su totalidad en un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de esta notificación. En caso de no dar cabal cumplimiento, de acuerdo al mencionado contrato, Panam Sports, sin previo aviso, da por terminado el Contrato con la Ciudad Sede y la organización de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027”.
Frente a esto, tanto Pumarejo como la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, le dijeron al presidente Petro: “El incumplimiento de las obligaciones del Contrato Ciudad Sede acarreará sanciones en materia deportiva, económica y contractual, en donde los principales perjudicados serían los deportistas”.
Todo esto se suma al acta del comité organizador de los Juegos Panamericanos, firmada el 7 de noviembre de 2023 por la ministra Rodríguez, un mes después de la carta enviada por los mandatarios regionales. En esta, la alta funcionaria reconoce que tiene en su cartera los 8 millones de dólares que debía consignar antes de culminar el año para asegurar el desarrollo del evento en 2027. Pero la plata no se giró y eso le costó a la capital del Atlántico ser la sede del encuentro.
La reunión se realizó en la sala de juntas del Comité Olímpico Colombiano, donde, entre tantas cosas, los asistentes discutieron la manera en que se iba a financiar la cita deportiva. Los participantes acordaron que el 60 por ciento del dinero saldría del bolsillo de la nación y el 40 por ciento restante de los Gobiernos locales, dependiendo del número de ciudades del Caribe que quisieran recibir a los atletas.
La ministra informó que el Gobierno nacional deseaba que los Juegos se realizaran en toda la región y en el siguiente encuentro discutirían los asuntos técnicos y ratificarían los porcentajes que debían asumir las administraciones municipales y distritales. Ante este panorama, la funcionaria anticipó la estrategia que emprendería para gestionar la financiación de los Panamericanos. Así quedó reseñado:
“Se debe realizar un Confis y un Conpes para dejar los recursos proyectados para los próximos años y mirar con mucha calma para no estar apretados en el momento de los Juegos. Cree que se debe hablar de un presupuesto de 500 millones de dólares porque se deben tener en cuenta los incrementos anuales desde ahora y hasta el año de su celebración, el 2027”, se lee en el acta.
“Era mucha plata”
La exministra del Deporte María Isabel Urrutia, en entrevista con CM&, puso de manifiesto lo que para muchos fue un plan premeditado del Gobierno nacional para no realizar los desembolsos pactados: “Yo le dije eso al presidente y me dijo: ‘Eso es mucha plata. Esa plata la tenemos que invertir donde tenemos que llegar en el conflicto armado’”, dijo Urrutia en el canal de televisión.
Luego, contradijo ese argumento en entrevista con SEMANA. “A mí no me lo dijo. Todo el mundo anda diciendo eso, pero él [Gustavo Petro] nunca me lo dijo. Yo le expliqué al señor presidente la importancia y él decidió que se metieran recursos en el presupuesto para ese fin”, afirmó, contradiciéndose de la noche a la mañana, literalmente.
Si el argumento es el dinero, el senador Efraín Cepeda reveló que los pasados Juegos Panamericanos, que se realizaron en Chile, impactaron positivamente el PIB de ese país. Reportaron ingresos de 900 millones de dólares y recaudaron en eventos más de 53 millones de dólares.
En otra carta enviada por el entonces alcalde Pumarejo al contralor delegado Andrey Giovanny Rodríguez en octubre de 2023, se advierte de las sanciones económicas que acarrearía una cancelación del evento. “(...) el Estado se hará acreedor de penalidades y sanciones por el incumplimiento del contrato, además del riesgo de demanda por indemnización de perjuicios por parte de Panam Sports”.
Por ahora, las penalidades superan los 2 millones de dólares. Pese a toda esta tormenta política, social, financiera y deportiva, aún hay una esperanza de poder rescatar a Barranquilla como la sede de los Juegos, ya que la decisión de la nueva sede aún depende de una revisión de los 41 países pertenecientes a la organización. Lo único que debe pasar es que, en esta ocasión, Colombia haga las cosas bien.