SEMANA conoció, en exclusiva, las pruebas que ordenó la Procuraduría por varias irregularidades en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Se investiga una presunta disparidad del inventario del sistema de información de la SAE con los activos existentes y un posible desconocimiento de la ubicación de numerosos bienes administrados por la entidad.
Además, presuntos bienes en mal estado físico o de los que se desconoce su estado; concentración de los activos más rentables en algunos depositarios que, además, al parecer, han superado los máximos permitidos de los bienes asignados.
Pero eso no es todo. El ministerio público investiga la posible aceptación de sobornos para asignación de determinados bienes a depositarios provisionales.
La Procuraduría deja claro que no hay certeza del número de los bienes incautados a la mafia y que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). A esta conclusión llegó el organismo de control disciplinario tras la apertura de una investigación disciplinaria para establecer las irregularidades que se habrían presentado en los últimos años.
Para la Procuraduría General, tampoco se tiene claridad sobre la vulnerabilidad en el sistema para el control del inventario de los bienes de parte de la SAE. Con el fin de establecer más fallas, se designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para iniciar actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en inventario de bienes provenientes de la mafia y organizaciones criminales que administraba la Sociedad, que reemplazó a la muy cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
El auto en poder de SEMANA, con fecha de marzo de este año, y firmado por la dirección de investigaciones especiales, ordena varias pruebas claves en las investigaciones.
“Escuchar en testimonio al presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, con el objeto de precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar que le constan frente a los hechos denunciados en los medios de comunicación y conexos; así como aquellos testimonios que se consideren conducentes, pertinentes y útiles para el objeto de la presente indagación”. En otras palabras, la Procuraduría citará al presidente de la SAE para que entregue explicaciones por estos hechos.
El ministerio público también pidió un inventario total de los activos administrados por la SAE, según su tipología, con su respectivo avalúo y ubicación, para las vigencias de 2019 hasta el 2023, desagregados según se traten de: activos con sentencia definitiva de extinción de dominio o con medida cautelar, y mecanismo de administración: activos en depósito provisional, administración directa o destinación provisional.
Lo más delicado es que se pide un informe del estado físico de los activos, por tipología, para las vigencias 2019 hasta 2023, indicando: cuáles se encuentran en mal estado y de cuáles se desconoce su estado físico; acciones emprendidas frente a los bienes en mal estado o estado desconocido desde 2019 hasta la fecha; y dependencias y personas responsables del control y la conservación del estado de los activos.
Uno de los puntos más graves es que existen arrendamientos de millonarios bienes por un valor irrisorio, incluso menor a que había establecido la misma SAE, hecho que generó un millonario desfalco.
Frente a estos hechos, la Procuraduría busca identificar e individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de las directivas de la SAE encargadas de controlar todo lo relacionado con los bienes incautados por las autoridades a las organizaciones criminales.
La Procuraduría pidió además un informe de inmuebles administrados directamente por la SAE o en depósito provisional, frente a los que se haya evidenciado que estén invadidos, irregularmente, con canon de arrendamiento inferior al estimativo de renta fijado o frente a los que se hubiese efectuado pagos de arriendo a personas distintas de la entidad; indicando dependencias y personas responsables de dicha vigilancia y control, así como las acciones adelantadas frente a dichos casos.
La investigación apenas comienza y fuentes del ministerio público anticiparon que pronto se conocerán las primeras decisiones.