Recientemente las unidades anticorrupción de la Fiscalía y la Policía (la Dirección de Investigación Criminal, Dijín) revelaron que contratistas y exfuncionarios de la administración del alcalde Daniel Quintero habían sido imputados por delitos relacionados con presunta corrupción pública.
Uno de los casos fue el de Jorge Enrique Liévano Ospina (exgerente de Metroparques) y María Eugenia Domínguez Castañeda (exjefa de unidad de compras de Metroparques) y los contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas JPINO S.A.S., Estructuras Zafiro S.A.S, y 1soluciones S.A.S.
Según la Fiscalía General de la Nación, estas personas estarían involucradas en delitos contra la administración pública y posiblemente un peculado cercano a los 3.000 millones de pesos. El ente acusador reveló que las personas mencionadas tendrán que responder porque, al parecer, a través de la ejecución de varios contratos con las empresas mencionadas, más de 2.800 millones de pesos fueron a parar a manos de particulares.
“Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de 17.450 (millones)″, dijo la Fiscalía.
SEMANA conoció detalles de la investigación que tiene en líos judiciales y sombras de presunta corrupción a las personas citadas por la Fiscalía. De acuerdo con las pesquisas de la Policía Judicial, el Área Metropolita del Valle de Aburra había suscrito un convenio administrativo con la empresa Metroparques, que tiene un régimen especial de contratación para que administrara millonarios recursos.
De acuerdo con las fuentes del caso, el propósito de suscribir el convenio interadministrativo era saltarse los procesos de contratación de la Ley 80, para que a través del régimen especial de Metroparques se hicieran las contrataciones, posiblemente ‘a dedo’.
Los investigadores lograron establecer que las empresas mencionadas (JPINO S.A.S., Estructuras Zafiro S.A.S, y 1soluciones S.A.S), se habrían creado entre los años 2019, 2020 y 2021, durante la administración del alcalde Quintero. Además, la indagación señala que con el régimen especial de Metroparques, esta entidad hizo invitaciones a dichas compañías a las que les fueron adjudicados millonarios contratos para el mantenimiento del parque Las Aguas.
SEMANA conoció que los funcionarios y contratistas que fueron imputados por parte de la Fiscalía deberán responder por presuntos millonarios sobrecostos que se habrían dado en la compra de decenas de elementos para el mantenimiento del parque Las Aguas. Fuentes del proceso revelaron que se lograron evidencias que en la adquisición de repuestos y distintos elementos destinados para el parque se presentaron sobrecostos entre el 100 % y 700 %.
En medio de la audiencia pública, el fiscal incluso reveló un caso en particular, en donde se evidenció la compra de varios reflectores para el parque, los cuales los contratistas los compraron a un precio normal del mercado y los habrían facturado con un sobrecosto superior al 300 %, en detrimento de las arcas municipales.
De acuerdo con la Fiscalía, Metroparques, al parecer, mediante invitación privada, entregó a la empresa Comercializadora JPINO S.A.S., más de 2.415 millones de pesos para el mantenimiento del denominado Parque de las Aguas. También se entregaron por parte de Megaparques más de 1.131 a la empresa 1soluciones S.A.S., que habría resultado ser una empresa de papel, según la Fiscalía, y también se habrían entregado más de 848 millones de pesos a la empresa Estructuras Zafiro S.A.S.
Sobre por qué la empresa 1soluciones es considerada una empresa de papel por la Fiscalía, las fuentes del caso indicaron que nunca se encontró un local comercial de dicha empresa y, al parecer, se habrían hecho maniobras para cambiar el nombre de los dueños, sin que hasta la fecha de imputación se hubiera dado explicación alguna sobre su origen y dueños reales. Por dicha situación se imputó el delito de peculado por haber recibido contratos y los cuales no habrían sido ejecutados y el dinero habría ido a parar a manos de particulares. Dicha empresa, según la Fiscalía, recibió más de 1.000 millones de pesos en contratos.
Al hacer la investigación, fuentes del caso indicaron que no se evidenció contabilidad de la empresa 1soluciones, por lo cual se tomó la decisión de vincularla judicialmente. ”Así mismo, se estableció en los análisis realizados a la contratación en años anteriores que a partir del año 2020 el Área Metropolitana habría cambiado la modalidad de contratar el mantenimiento del Parque de las Aguas, vulnerando la igualdad y la pluralidad de oferentes”, agregó el ente acusador.
Así mismo, indicó el ente investigativo que: “también se encontró que, durante la ejecución de los citados contratos, al parecer se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y no aporte de información de manera clara y oportuna”.