Lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro prometió cambiar, se repitió, y lo que esperaba evitar, ocurrió. En el proceso de paz con el ELN hay colados y así quedó en evidencia con una resolución del Inpec que conoció SEMANA y en la que se revelan los detalles de una grave denuncia.
Al correo electrónico del director del Inpec llegó un oficio firmado por el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, el 28 de diciembre de 2023, y allí se adjunta un listado de personas privadas de la libertad, hombres y mujeres que, según el oficio, pertenecen al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El objetivo del oficio fue solicitar al Inpec, por razones de “acercamiento procesal y familiar”, el traslado de 307 integrantes del ELN a cárceles previamente definidas y en acuerdo con los mismos privados de la libertad. El problema es que no todos, en este listado del alto comisionado de paz, son miembros de esa guerrilla.
Efectivamente, en el listado que entregó la oficina de Otty Patiño al Inpec, hay integrantes del ELN, responsables de graves hechos de terrorismo, de masacres y secuestros en Colombia, pero llama la atención que entre los beneficiados con el cambio de cárcel también aparecen fleteros, sicarios, atracadores, traficantes de drogas, cabecillas de bandas comunes y hasta feminicidas.
El Inpec confirmó a SEMANA que el listado de traslados, incluidos en la Resolución 0293 del 18 de enero de 2024, fue entregado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con la advertencia de que se trataba de integrantes del ELN, en concordancia con los diálogos que avanzan con esa guerrilla y no de delincuentes con cualquier fachada.
“La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el cual, solicita el traslado de un grupo de PPL masculinos y femeninas de varios Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, quienes pertenecen al Ejército de Liberación Nacional por motivos de seguridad, acercamiento procesal y familiar, en aras de generar condiciones para la educación y el diálogo para la paz”, señala la resolución del Inpec.
En el documento se advierte que el traslado de los privados de la libertad, presuntos integrantes del ELN, ocurre en el marco de las negociaciones que adelanta el Gobierno con ese grupo criminal y que además se espera, con ese traslado, “generar condiciones para la educación y el diálogo para la paz”. Un beneficio que se anticipa a las conversaciones con esa organización, mientras se mejora la reclusión de sus integrantes.
“En concordancia con el procedimiento de clasificación de personas privadas de la libertad en niveles de seguridad, de acuerdo a la solicitud realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mediante oficio OF123- 00185710/GFPU 13020000 del 5 de octubre de 2023. Lo anterior quedó consignado en Acta No 20230016 del 20 de octubre de 2023″, advierte la resolución.
La resolución del Inpec tiene 33 páginas y 30 están dedicadas a enumerar los privados de la libertad que serían trasladados de cárcel. Con nombre propio y prontuario criminal, el listado se extiende en personas y delitos que incluyen el terrorismo, secuestro, homicidio, tortura, reclutamiento de menores y desplazamiento, conductas que, seguramente, enorgullecen a cualquier integrante del ELN. Sin embargo, algunos antecedentes en ese listado advertían situaciones particulares, datos que no encajaban con la experiencia de un guerrillero.
De manera intercalada, revisando y contrastando con autoridades cada nombre, de esos 307 presuntos integrantes del ELN, aparecían algunos que no tenían relación con esta guerrilla. En el listado, por ejemplo, estaba un peligroso cabecilla de una organización criminal que en Cali es conocida como los R15. Un delincuente que, curiosamente, falleció en extrañas circunstancias en la cárcel de Palmira, adonde fue trasladado gracias a la solicitud del alto comisionado para la paz.
El presunto “colado” en ese listado de integrantes del ELN, que entregó el Gobierno al Inpec, fue identificado como Jhon Mario Hortúa Grisales, alias Pinocho, cabecilla de la banda de atracadores de los R15 y que falleció hace un par de semanas, según el propio Inpec, después de consumir un brebaje afrodisíaco que también provocó la muerte de otros dos privados de la libertad y ocho más intoxicados.
De alias Pinocho no hay registros que indiquen su pertenencia, antes o después de su captura, con el ELN. Todo lo contrario, su historial advierte una serie de delitos como hurto, secuestro o extorsión, pero en los reportes judiciales de la Policía o la Fiscalía, no se anticipa su vinculación con la guerrilla, como ahora lo supone la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La familia de Jhon Mario Hortúa, el cabecilla de los R15, que por cuenta del listado del Gobierno se convirtió en integrantes del ELN, pidió adelantar con rigurosidad las investigaciones tras su muerte. La hipótesis de una intoxicación con el “brebaje afrodisíaco” no los convence. SEMANA buscó a la familia de alias Pinocho y aseguraron que están atentos a los resultados de Medicina Legal para avanzar con las denuncias.
Pero el cabecilla de los R15 no sería el único que, en su momento, se convirtió, de un plumazo, en miembro del ELN. En el listado que llegó al Inpec, con el objetivo de concretar los traslados de cárcel, aparecen otros integrantes de bandas delincuenciales dedicadas al hurto, el homicidio y la extorsión en diferentes zonas del país.
Alias Chepe, de la banda Los Tomates; alias Pelo Puyo, de los Tamarindos Club, o alias La Araña, de la banda criminal Los Zorros, aparecen en este listado de beneficiados con los traslados de cárcel dispuestos en la resolución del Inpec y que incluye bajar el nivel de peligrosidad de estos criminales. No son los únicos, en el listado también hay sicarios, fleteros y condenados por feminicidio.
SEMANA logró establecer que en el listado del alto comisionado de paz se incluyó por lo menos a dos hombres que fueron procesados y condenados por feminicidio. Casos mediáticos en su momento, pero que ahora, y según la resolución, se trataría de integrantes del ELN y que, en virtud de esa condición, recibirían el beneficio de traslado de cárcel.
Por ejemplo, Luis Evelio Peña Mateus, fue capturado en agosto de 2022 por el feminicidio de su esposa, Sandra Liliana Díaz. Llevaban 27 años juntos, hasta que ella decidió terminar la relación y él, con su vida. Sin embargo, en ningún archivo judicial aparece la vinculación de Peña Mateus con el ELN, como lo presenta el listado del alto comisionado de paz.
En la resolución también se reseñan a integrantes de organizaciones de alto impacto criminal en el país, pero que nada tienen que ver con el ELN. Aparecen condenados por lavado de activos, tráfico de drogas, secuestro y extorsión, pero que en los expedientes de la Fiscalía figuran como miembros del Clan del Golfo, el EPL y las disidencias de las Farc. Ninguno con el ELN como reza el documento revelado por SEMANA.
La Oficina del Alto Comisionado de Paz aseguró que quienes entregan los nombres de los miembros del ELN privados de la libertad, son justamente los delegados de esa guerrilla. Advirtieron que la verificación de esos nombres se hace “posterior y cuando se trabajen los temas jurídicos”. Sin embargo, han pasado más de siete meses y, al parecer, la verificación sigue pendiente, aunque buena parte de los traslados ya se cumplió.