A ocho días de la muerte de su pareja, a Inca Libertad todavía le llegaban sus mensajes. Un hola o un cómo estás se convirtieron en la extraña forma de tortura de la que se valieron quienes perpetuaron el asesinato de Ángel de Jesús Montoya en el municipio de Peque, Antioquia. Se quedaron con su celular y el acceso a sus redes sociales, con los que mantuvieron vivo todavía más el miedo en sus familiares. Como si fuera necesario. Desde el 16 de enero de 2018, cuando a Ángel lo mataron junto con su compañero Vilmar Asprilla, en la zona urbana de este municipio, la prometedora idea de cambiar las armas por votos que había unido a estos tres compañeros, se convirtió pronto en una historia desoladora en la que Inca Libertad se quedó sola, sin su pareja y sin su amigo, con quienes había salido de Dabeiba hacia Apartadó con la idea fija de meterse de lleno en la política como les prometieron con el Acuerdo.
Según cuenta Inca, creyeron en que las transformaciones con las que soñaban, aun desde la guerra, podrían materializarse más fácil desde la vida civil. Por eso se convirtieron en el equipo de trabajo de Wilmar de Jesús Cartagena Durango, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la Farc para las elecciones parlamentarias de ese 2018, el primer salto al ruedo del recién nacido grupo político, tan solo un año después de dejar las armas. Precisamente, Ángel y Vilmar habían llegado a esta zona del oriente antioqueño a hacer campaña. Ni los contratiempos con el transporte ni la falta de dinero evitaron que cumplieran con la cita que tenían con representantes de las comunidades rurales, la misma que terminó realizándose en el parque principal de Peque porque les dijeron que no había espacio disponible en la Alcaldía para hacerlo.
"Tres horas antes de viajar. Nos gustaba mucho acostarnos en la misma cama a contar historias", cuenta Inca. Aunque los planes eran que esa misma noche los llevaran en mototaxi hasta Uramita para que pudieran regresar a Apartadó, antes de las 10 llamaron a Inca para avisarle que tendrían que pasar la noche en Peque porque los vehículos se habían dañado. Esa fue la última vez que hablaron, antes de que los sacaran de la casa donde se hospedaron, cuando ya se encontraban descansando, para matarlos en la esquina. Mataron a los muchachos de Peque A las cinco de la mañana del 17 de enero de 2018, Inca Libertad se levantó buscando una llamada o un mensaje que nunca llegó. Se preparó para una reunión con la Alcaldía de Apartadó en la que se tratarían temas de reincorporación, aun sin saber nada de Ángel y Vilmar. Solo fue hasta las siete que llegaría hasta ella la noticia: mataron a los muchachos de Peque. Un hecho que llamó la atención sobre si se estaban brindando o no garantías de seguridad para todos los participantes de la contienda electoral, independientemente de su filiación política, punto sobre el que incluso la Misión de Verificación de la ONU expresó su preocupación e hizo un llamado a esclarecer la situación alrededor del asesinato de Ángel y Vilmar.
¿Estaban o no vinculadas sus muertes con sus actividades políticas? Retaliaciones, ajuste de cuentas y venganzas forman parte de las hipótesis que se suelen manejar en principio por parte de las autoridades no solo en este caso, sino en gran parte de las 218 muertes de excombatientes de las que a la fecha se tiene cuenta en el territorio nacional. Pero, según relata Inca Libertad, las de Ángel y Vilmar corresponden al único caso en el que se ha conseguido demostrar un vínculo político. “Fueron cuatro capturas, todos han sido condenados y se ha podido establecer que no era, como los medios habían dicho en un principio, un asunto de venganza ni de problemas personales, sino que obedecía estrictamente a que eran personas en proceso de reincorporación que intentaban hacer política en el municipio de Peque”, explica Inca sobre la investigación que llevó la ahora vicefiscal, Martha Mancera, con quien se reunió en varias ocasiones para hablar sobre el caso. Según la Fiscalía, el crimen fue perpetrado por la subestructura de occidente del Clan del Golfo y el acervo probatorio, de alguna forma, le da la razón a Inca. De las dos sentencias condenatorias que hay hasta el momento, una incluye al determinador de los hechos —cabecilla en la zona de dicha estructura criminal—, quien se encuentra cumpliendo su sentencia de 18 años y seis meses de cárcel, por el delito de homicidio agravado por la condición de reincorporados y líderes políticos de sus víctimas. Mientras el cabecilla se encuentra bajo medida de aseguramiento y a la espera de su etapa de juicio, avanza otra sentencia contra uno de los coautores materiales. Sin embargo, estos no son los únicos casos que investiga la Fiscalía. De acuerdo con la entidad, en la segunda fase del proceso, la unidad identificó otros hechos victimizantes de la organización criminal que permitió identificar elementos comunes en 15 homicidios más. En su gran mayoría las víctimas eran personas entre los 19 y 25 años y el 97 por ciento de ellas, de sexo masculino. Aunque no se cuenta con la certeza de otros procesos de asesinatos a excombatientes de la Farc que estén relacionados con su participación en misiones políticas —los móviles y las circunstancias de gran parte aún son materia de investigación debido a los contados avances de la Fiscalía, que ha logrado apenas 29 condenas—, lo que sí se hace evidente es la latente amenaza que existe hoy sobre esta población en proceso de reincorporación.
“Hemos perdido compañeros que han estado trabajando en sus respectivas cooperativas, desarrollando sus proyectos productivos, cumpliendo la parte del Acuerdo de liderar esos grupos de población reincorporada de Farc y los hemos perdido. Pero hasta ahora no conocemos los móviles fuera del caso de Dimar Torres”, cuenta Fancy Orrego, vocera del partido político en Antioquia. Un duro aterrizaje en la política Ángel, Vilmar, Inca y Wilmar alquilaron una casa juntos a su llegada a Apartadó, la misma que se convirtió en su centro de trabajo, enfocados como estaban en el lanzamiento público del partido para Urabá que se realizó el 14 de enero de 2018. Un evento en el que, según recuerda Inca asistieron más de 1.000 personas. “Salimos de allí con el corazón lleno de esperanza, y aunque estábamos muy cansados decidimos empezar a agendar visitas a los territorios, porque la idea obviamente no era ser un partido tradicional que dirigiera desde Bogotá, por el teléfono o por internet, sino acompañar a las comunidades en su diario vivir”, relata sobre la difícil apuesta de aterrizar una propuesta política centrada en construir desde las comunidades, postergando las aspiraciones de empezar a ocupar grandes cargos. Así fue como se programó la visita a Peque, a la que ni Wilmar Cartagena ni Inca asistieron, el primero por una cita médica y ella porque se encargó de organizar el tema financiero del reciente lanzamiento del partido. Eso dejó a Ángel y a Vilmar como los delegados para una reunión que se convertiría en un indicio del difícil camino que ha representado para la Farc incursionar en política. No solo en materia de seguridad. Aunque la idea inicial era trabajar desde esos territorios alejados en donde difícilmente llega la mano del Estado, los pocos recursos económicos con los que contaron para hacer campaña desde el partido limitaron también la capacidad para moverse hacia estas zonas. Para Fancy esto también significó que no se presentaran más casos como el de Peque.
“La intensidad del trabajo de campaña fue muy poca porque movilizarse se mide por gastos y nosotros no tuvimos aportes en las regiones, no estuvimos en todas las zonas llamadas anteriormente de conflicto”, comenta la vocera de Farc, por lo que no se puede decir que se propiciaron muchos encuentros directos con actores armados que han ocupado estos territorios.
Último cumpleaños de Elkin. "Wilson en Apartadó intentando dejar los miedos", recuerda Inca. Pero esta sigue siendo una preocupación importante para evitar que la reincorporación política de la Farc fracase, agravada por el reducido avance en la creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que garantice los derechos y libertades de quienes participen en dicha actividad en el marco de las reglas democráticas. Engranaje que no solo beneficiaría a los excombatientes. Como si eso fuera poco, de acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, luego de redactar cinco borradores que no han visto la luz en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos (CSIVI), el Estado aun no cuenta con un plan estratégico integral de protección. Es decir, que vaya más allá de los chalecos y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección para apostarle a una política integral que, por ejemplo, desestimule el delito y plantee mecanismos de protección colectiva. Desde el partido también preocupa que el Estado no haya asumido el monopolio de la fuerza, como se acordó en La Habana, lo que le ha ocasionado que en los espacios antes ocupados por la otrora guerrilla hoy operen diferentes actores armados como estructuras herederas del paramilitarismo en sus diferentes denominaciones y el ELN. A lo que se le suma el atraso en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en los municipios priorizados. Los primeros pasos El arribo a la contienda electoral en 2018 y a las regionales de 2019 le sirvió a la Farc para medir su capacidad ante la participación en unos comicios y para identificar en qué deben prepararse de cara a lo que se propongan para las elecciones de 2022. Oportunidad que deben capitalizar si quieren sobrevivir como partido después de 2026, año en el que se terminan los beneficios que les da por descontado 10 curules entre Senado y Cámara.
“Fue el inicio de esa carrera, con muy poca experiencia. No se tenía el conocimiento ni siquiera del tiempo o de cómo se desarrollaban esas campañas, pero se fue haciendo el aprendizaje y se cumplió con lo que está en el acuerdo sobre participación política”, menciona Fancy Orrego. La gestión de 2018 solo se tradujo en 52.532 votos en Senado y 32.636 en Cámara para los 23 candidatos que presentó el partido para ambas entidades. Votaciones que no alcanzaban para más curules que las aseguradas en el Acuerdo de Paz. Mientras que en 2019, sus mayores logros no se cuentan a nombre propio, como la Alcaldía de Turbaco, Bolívar —que se consiguió con apoyo de la Colombia Humana y la UP— y la de Guapi, en Cauca. Aunque sí se alcanzaron algunos ediles en Bogotá, e incluso uno en Dabeiba, Antioquia. Remontar estos resultados solo será posible con una bandera que los conecte con su electorado, pero sin el desgaste en el que para ellos se ha convertido la defensa del Acuerdo. Para lograrlo, sin embargo, se enfrentan a un reto que ya se ha convertido en una constante histórica en el país en los escenarios de posconflicto: sobrevivir al exterminio no es nuevo para quienes dejan las armas.
A la memoria llegan nombres como el de Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro y fenómenos como el de la Unión Patriótica y el EPL. “Se lo han hecho a muchísimas organizaciones guerrilleras que en Colombia han negociado, es decir, es un ‘modus operandi‘ de cómo se construye la paz, dolorosamente”, asegura el analista Víctor de Currea Lugo. El ascenso en el conteo de muertes, en el que el asesinato de Ángel y Vilmar fue uno de los primeros, refuerza esta teoría. Un panorama en el que inquieta la postura que tomarán los excombatientes que asisten como espectadores a una función en la que se hizo evidente que para hacer política no la tienen fácil, que la estigmatización puede ser en ocasiones una pared muy alta y en el que el canto de sirenas de las disidencias aún se hace escuchar. En medio de todo hay quienes no pierden la esperanza. Inca, por ejemplo, asegura que aunque sintió miedo y la necesidad de alejarse del proyecto político que emprendieron juntos, entendió finalmente que las muertes no pueden ser en vano y que continuar por la memoria de Ángel, Vilmar y otros compañeros que han perdido sus vidas en esta carrera aunque definitivamente es difícil, es algo necesario.