SEMANA.: ¿Qué está pasando en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación que hay en Ituango (Antioquia)? Marcos Urbano.: Acabamos de informar que la comunidad tomó una decisión. Allá hubo una asamblea el 29 y 30 de enero con varios líderes del partido. La decisión de la mayoría es salir. Hablamos de 62 personas en proceso de reincorporación, 40 niños y un grupo de mujeres. En total, hablamos de unas 110 personas que van a abandonar el territorio.   SEMANA.: ¿A qué le temen los excombatientes? M. U.: La gente está temerosa. El 28 nos asesinaron un muchacho y tuvimos que ir a recogerlo porque en nadie puede moverse por las carreteras después de las seis de la tarde. Nosotros lo hicimos porque nos dijeron que era un cadáver, pero cuando llevamos César estaba vivo y tratamos de llevarlo al hospital del pueblo. El ánimo es trabajar y salir adelante con sus familias, pero las circunstancias no lo facilitan. Si tuvieran una propuesta para salir en ocho días, la gente se iría.

SEMANA.: ¿Cada quién agarra sus cosas y abandona la zona? M. U.:  No, esa salida se está planeando colectivamente. Hicimos un plan de ruta y nos dimos un plazo máximo de dos meses para sacar la gente. Ellos no van a salir mañana, sino que vamos a tratar de hacerlo de manera organizada. Eso es un éxodo, un ataque contra el proceso. El Estado no ha garantizado la seguridad en ese territorio.  SEMANA.: Pero... ¿cerca de donde murió el 28 de enero Cesar Darío Herrera había presencia del Ejército? M. U.: Sí, pero el Estado no tiene el monopolio de la fuerza en Ituango. Ese control lo tienen otros grupos armados. Aquí lo primero es la vida. Incluso, más que la tierra.  SEMANA.: Por lo que usted describe, ¿el espacio quedaría totalmente abandonado? M. U.: No, hay un grupo de personas que quieren quedarse porque tiene un arraigo y deudas adquiridas. Hablamos de poco más de 20 personas. Claro, no los vamos a dejar solos, la idea es también acompañarlos a ellos. 

SEMANA.: ¿A qué se expone esa comunidad que está dispuesta a quedarse? M. U.: Están en medio del pulso por el control territorial. En esa zona tenemos varios antecedentes. En diciembre asesinaron al hijo de un compañero. Es decir, solo en esa zona van por los menos 12 crímenes. Eso es muy verraco porque estamos bajo fuego, cayendo como moscas.  SEMANA.: Usted habla de una salida organiza. ¿Dónde piensan asentarse? M. U.: Ya estamos tocando puertas de todas las instituciones. La idea es comprar o arrendar una tierra en otra región de Antioquia donde el territorio no esté en disputa.  SEMANA.: ¿Cuál es el botín? M. U.: El narcotráfico, la minería e Hidroituango. Ahí hay muchos intereses y muchos grupos armados. Antes de la dejación nosotros manejábamos el territorio. Después, npo lo ocuparon las fuerzas del Estado y hay autodefensas, delincuencia común, disidencias.  SEMANA.: Ahora, ustedes no son los únicos que habitan ese territorio... M. U.: Claro, la gente está tratando de desarrollar sus proyectos productivos pero también ayudándole a la gente de las comunidades. Ahí cerca están los campesinos de la vereda. Esa zona, como en su mayoría lo fueron los ETCR, ayudaron a visibilizar esos territorios. Han arreglado la vía y ahora hay un puesto de salud. Sin embargo, nos están sacando.

SEMANA.: ¿Que procesos quedan abandonados con la salida de estos excombatientes? M. U.: En este momento no tenemos tierra propia, pero los muchachos por autogestión están desarrollando proyectos de ganadería y café Paramillo. También hay un proyecto de gallinas y otro de internet en el pueblo. Si no existiera lio de seguridad, muchas de estas iniciativas podrían salir adelante. Pero en este caso se impone la vida por encima de esos proyectos.  SEMANA.: ¿Qué les ha dicho el Estado? M. U.: En diciembre, tras el asesinato del hijo de Elmer Arrieta que es uno de los dirigentes nuestros, hicimos un llamado para una reunión de alto nivel en el territorio. Nunca se concretó nada. El 27 de enero también invitamos instituciones a nivel nacional pero tampoco no aparecieron. Hoy hubo en el pueblo un consejo de seguridad con el gobernador y los generales. El lío es que siempre esperan a que sucedan las cosas para hacer algo. Lo que nosotros queremos es trabajar para prevenir esos episodios violentos. La gente no quiere más comunicados, sino medidas concretas. 

SEMANA.: ¿Hay casos puntuales de amenazas contra excombatientes en esa zona? M. U.: Después del asesinato de diciembre, sacamos de 10 a 15 personas que tenían amenazas o aparecían supuestamente en listas. Ahora, este último muchacho no tenía amenazas. De  hecho, él jornaleaba. En este punto, no sabemos cuándo se dispara.