En la vía que va de Ituango (Antioquia) a la vereda Santa Lucía, fue asesinado Manuel Antonio González, un exintegrante de la guerrilla de las Farc, que adelantaba su proceso de reincorporación en la zona de normalización cercana a este municipio. El hombre conducía una motocicleta solo cuando fue sorprendido con disparos, en esta zona rural cercana a un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

 “Iba en una moto hacia el especio territorio. Fue asesinado en las partidas entre La Granja y al espacio territorial de Santa Lucia. Es hijo del compañero y excandidato asamblea departamental del partido en Antioquia”, dio a conocer con un trino Omar Restrepo, representante a la Cámara en Antioquia por el partido Farc.

Gonzáles era hijo de Élmer Arrieta, antiguo comandante del frente 18 de esta guerrilla fue y quien aspiró a la Asamblea a de Antioquia por el partido político FARC en las pasadas elecciones. “Manuel, era un joven trabajador, comprometido con la paz y recientemente, un feliz padre de familia. Las balas asesinas le arrebataron la vida, y a nosotros una porción de esperanza”, agrego Restrepo. Según el congresista van 18 exguerrilleros asesinados en Antioquia desde la implementación de la paz y 11 han sido en Ituango, por lo que pidió condiciones de seguridad para proteger las vidas de los desmovilizados. En una entrevista con Blu Radio, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se refirió al caso pidiendo a las autoridades encargadas que investiguen las circunstancias y los responsables de la muerte del movilizado. “Cualquier pronunciamiento al respecto sería una especulación, el Gobierno tiene claro que, ante una eventualidad como esta, son las autoridades las que tienen que hacer la investigación y pronunciarse en todo sentido, en los hechos, las circunstancias en que ocurrió y en la posibilidad de señalar responsables”, dijo la ministra al medio radial.

Con respecto a los pedidos de protección de los desmovilizados manifestó que hay esquemas de protección en los ETCR y que dependen de varias autoridades del Estado. “Hay una Consejería presidencial que está dedicada a la estabilización y revisión del cumplimiento del acuerdo. Dentro de ella está la protección a los miembros del proceso. En cada ETCR hay esquemas de protección colectiva. Es una tarea conjunta entre diversas autoridades del Estado, pero sí hay unos planes para esa protección”, explicó.