La Fiscalía General, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha tomado medidas cautelares sobre 39 bienes que presuntamente estarían relacionados con el exconcejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte Díaz.
Este se encuentra bajo proceso judicial desde septiembre de 2022 por su presunta participación en una red delictiva dedicada al lavado de dinero para el ELN.
Estas propiedades, valoradas en más de 56.000 millones de pesos, incluyen 12 inmuebles rurales, 14 urbanos, 12 vehículos y una retroexcavadora. Dichos bienes estarían vinculados a una sociedad dedicada al transporte de carga y pasajeros. Todos fueron ocupados durante diligencias realizadas conjuntamente por la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional en Piedecuesta.
Según la investigación adelantada, desde el 1 de diciembre de 2016, el exconcejal habría suscrito varios contratos de compra y venta de inmuebles con el objetivo de ocultar diversas sumas de dinero que presuntamente pertenecerían a Yamit Picón, alias La Choncha.
Este es uno de los principales líderes del Frente de Guerra Nororiental del ELN, que opera en Norte de Santander, Santander, Cesar y otros departamentos de la costa Atlántica.
Las pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía revelaron que, a través de esta sociedad familiar, el político habría lavado aproximadamente 1.705 millones de pesos provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico. Estas acciones habrían incrementado injustificadamente el patrimonio de Duarte Díaz en más de 5.741 millones de pesos entre 2019 y 2020.
Los bienes ocupados han sido puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía. Entretanto, el proceso contra Raimundo Duarte Díaz se sigue surtiendo para establecer sanciones y penas.
Fiscalía entrega bienes para reparar a víctimas de las AUC
Por otra parte, en una importante acción conjunta, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo para la Reparación a las Víctimas han puesto a disposición de la entidad un total de 83 inmuebles que se encontraban vinculados a integrantes de las AUC y las Farc.
Estos bienes, avaluados en más de 66.202 millones de pesos, forman parte de la segunda fase de entrega establecida entre ambas instituciones.
Durante las últimas dos semanas, se realizaron las entregas de 10 predios ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, con un valor total de 20.830 millones de pesos.
Estas propiedades fueron afectadas previamente con medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, impuestas por magistrados de Justicia y Paz de distintos tribunales superiores del país, atendiendo a la solicitud de fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional.
Entre los bienes destacados se encuentran la Finca La Piscina o Santa Ana, en Envigado, Antioquia, presuntamente parte del patrimonio ilícito de Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido como alias Rogelio, exjefe de la autodenominada Oficina de Envigado.
Esta finca, avaluada en 1.605 millones de pesos, estaba en manos de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro. En ella se registraron múltiples homicidios, incluyendo el asesinato de cinco hombres y cuatro mujeres, entre ellos alias Morro y una reconocida modelo.
Además, se entregaron 168 lotes ubicados en el condominio Reservas Del Paguey en Ricaurte, Cundinamarca, que se atribuyen a terceros con presuntos vínculos con José Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcángel, excabecilla del Bloque Centauros. El valor de estos bienes supera los 10.440 millones de pesos.
También se incluyó el predio denominado el Mirador, en Santa Rosa de Sur, Bolívar, con un avalúo que supera los 3.552 millones de pesos. Esta propiedad perteneció a Edwin Ferney Uribe Téllez, alias El Cabezón, excabecilla del Bloque Central Bolívar.
Asimismo, se ha entregado la Hacienda Guamal, ubicada en la vereda El Salado, en San Luis, Tolima, con una extensión total de 367 hectáreas y un valor cercano a los 2.500 millones de pesos. Esta propiedad, según los elementos de prueba, habría sido utilizada como centro de planeación de actividades criminales del Bloque Tolima y como punto de acopio de armamento.
Por último, se encuentra el Predio Malokas, situado en la zona rural de San Lucía, también en el Tolima, conformado por tres bienes con un valor conjunto de más de 2.069 millones de pesos. Se cree que este lugar fue utilizado como asentamiento por varias estructuras armadas del Bloque Tolima, además de servir para instalación de antenas de comunicaciones.