Por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado fue llamado a juicio el excongresista Tiberio Villareal Ramos, por su presunta vinculación en los hechos que rodearon la masacre de La Rochela, en la cual doce funcionarios de la Rama Judicial fueron asesinados cuando se movilizaban en la tarde del 18 de enero de 1989 a zona rural del municipio de Simaota (Santander) para investigar y esclarecer el asesinato de 19 comerciantes, al parecer, por grupos paramilitares con ayuda de agentes del Estado.
Los vehículos en los que se movilizaban los integrantes de la comisión judicial fueron interceptados por hombres fuertemente armados que, acto seguido, dispararon indiscriminadamente contra todos sus ocupantes. Muchos de los funcionarios fueron rematados a sangre fría y los vehículos pintados con frases alusivas a los paramilitares, sembrando el miedo y la zozobra.
En junio de 2009, el exrepresentante a la Cámara por Santander había sido citado a declarar ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos tras la ampliación de la indagatoria rendida el 29 de noviembre de 1995 por el comandante paramilitar, Alonso de Jesús Baquero, alias El Negro Vladimir, quien señaló directamente a Villareal –uno de los dirigentes más conocidos en el departamento de Santander- de apoyar fuertemente el proyecto paramilitar en la región de Santander y colaborar con las acciones que se adelantaban.
El Negro Vladimir fue categórico en señalar al dirigente político de motivar la recolección de dinero en los comerciantes de Bucaramanga para financiar a los paramilitares. “Tiberio Villareal manejaba directamente el grupo de autodefensas que hay en Rionegro (Santander), también él participó en la muerte de los jueces que iban a La Rochela (…) materialmente no participó, pero él fue el primero que empezó a presionar para detener esta comisión”.
Esta declaración, después de muchos vaivenes, es la piedra angular de la acusación contra el excongresista. Para la Fiscalía General, existe evidencia que en efecto Villareal apoyó directamente el ataque contra la comisión, financiando al grupo armado ilegal que la ejecutó, para así sembrar su posición y aumentar el miedo.
Para el ente investigador, el dirigente político era el principal promotor del grupo de autodefensas, por lo que su labor fue fundamental en su financiación, lo que permitió la ejecución de acciones violentas, entre las que se encuentra la mencionada masacre, que enlutó a la Rama Judicial. Las versiones de Negro Vladimir –señala la Fiscalía– fueron coherentes y claras cuando hizo mención a la forma en cómo se conformó el grupo del que él hacía parte.
El Negro Vladimir señaló que en una reunión en la que participaron Henry Pérez, Gonzalo Pérez, Iván Roberto Duque, Jorge Amailes, Nelson Lesmes y Ramón Isaza se habló de la pertinencia de ejecutar el ataque contra la mencionada comisión, de la cual ya tenían información, tenían carpetas con documentación sobre los jefes paramilitares en la región y sus vínculos políticos y con militares. La orden del crimen se dio bajo la premisa de la necesidad de eliminar esos expedientes.
En 2011, en su defensa, Villareal manifestó que no tenía nada que ver con estos hechos, solicitándole a la Corte Suprema de Justicia que aclarara de una vez por todas su situación jurídica, puesto que estos señalamientos lo habían afectado bastante. Sin embargo, el alto tribunal manifestó poco después que no era competente para investigarlo, puesto que para la época de los hechos no contaba con un fuero.
Los representantes de las víctimas han manifestado en múltiples oportunidades y, ante diversos escenarios jurídicos, que las investigaciones se han desviado y no se han vinculado a los determinadores de esta masacre, es decir, quienes ordenaron el ataque en contra de la comisión judicial.
El ente investigador también vinculó en un momento, mediante citación a indagatoria, a los generales retirados del Ejército Nacional, Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla.