Este viernes, el excongresista Richard Aguilar podría recobrar su libertad tras solicitud de la defensa del exsenador, en cabeza del abogado Iván Cancino, a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Aguilar fue señalado por la Corte como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y es investigado por supuestas irregularidades en varios contratos de infraestructura suscritos entre 2014 y 2015 mientras se desempeñaba como gobernador de Santander.

El objetivo es que se revoque la detención preventiva que le impuso la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La investigación en este caso viene de cuando fue gobernador de Santander y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato habrían existido presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor. Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.

Cuando el excongresista fue capturado, el abogado Iván Cancino señaló en diálogo con SEMANA: “En la detención, para que la gente lo entienda y no sea ligera en los comentarios, hay dos testigos que dan su opinión independientemente de que yo no les crea. Así que para seguir la investigación, pues obviamente había mérito; lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador. Han pasado más de seis años, no hay urgencia de la medida; él (Aguilar) no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recurso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”.

Los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.

La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.

De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Richard Aguilar.