Diego Armando Posada, un excontratista de la Alcaldía de Usme, en el sur de Bogotá, tenía una bolsa de empleo paralela. Por lo menos así lo trata de explicar la Fiscalía en el relato de los hechos y donde imputó cargos por el delito de concusión. Posada exigía dinero a otros funcionarios.
La Fiscalía investigó y llegó a la conclusión, gracias a una denuncia, que el excontratista prometía a personas cercanas la posibilidad de trabajar con la Alcaldía local, a través de contratos de prestación de servicio, pero a cambio los beneficiarios debían pagar una cuota mensual.
Así ocurrió en un caso que llegó a la Fiscalía y que arrancó como una denuncia de acoso laboral, pero terminó en hecho de corrupción rampante. Diego Armando Posada logró que una amiga suya firmará un contrato con la Alcaldía, con el cual ella recibiría seis millones y medio de pesos como sueldo y la cuota que exigía Posada sería de 600.000 pesos mensuales.
“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de Control de Garantías a Diego Armando Posada Vargas, un excontratista de la Alcaldía de Usme, en el sur de Bogotá, como presunto responsable de exigir dinero a una conocida para garantizarle su incorporación y permanencia en la planta de personal de la entidad”, dijo la Fiscalía luego de imputar cargos.
La mujer, con la ilusión de lograr su vinculación laboral, aceptó la propuesta y la exigencia, pero luego de unos meses advirtió a su contratante ilegal que no podía seguir con los pagos acordados, lo que derivó en una serie de hechos que incluyeron acoso y malos tratos, todo lo cual denunció y se descubrió la bolsa paralela que tenía el excontratista en la Alcaldía local.
“La vinculación se realizó, pero la contratista argumentó que la suma exigida era muy alta y no podía cumplirla. En la investigación se constató que, ante el incumplimiento, habría empezado a ser víctima de acoso laboral y sobrecarga en sus actividades. Adicionalmente, le exigían trabajo presencial y no le permitían cumplir sus funciones virtualmente, como estaba definido con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio decretado por la covid-19″, señala el fiscal a cargo.
La denuncia de la funcionaria afectada fue atendida por la Fiscalía y tras los hallazgos el fiscal remitió el proceso a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá. El caso se convirtió en una prioridad que permitió establecer la responsabilidad de este excontratista en el delito de concusión, exigir dinero a funcionarios públicos.
“El procesado, que se desempeñó como profesional universitario en la alcaldía local, le habría ofrecido a una mujer un cargo por prestación de servicios en febrero de 2021, con una asignación mensual de $6.500.000. A cambio, la persona favorecida, al parecer, debía entregarle una mensualidad de $600.000 hasta la terminación del contrato”, advirtió el ente acusador.
El excontratista Diego Armando Posada no aceptó los cargos imputados y se declaró inocente. La Fiscalía, por su parte, espera que el material de prueba permita avanzar en la investigación y obtener una condena en su contra. Además, esperan recibir otras denuncias para sumar al proceso.