A pesar de que han transcurrido casi treinta años del magnicidio de Carlos Pizarro, la audiencia de juzgamiento a uno de los señalados coautores del homicidio tuvo que ser aplazada. La defensa de Jaime Ernesto Gómez Muñoz solicitó el aplazamiento por cuenta de una petición de acogimiento voluntario a la Justicia Especial para la Paz. "Es mi deseo libre y voluntario postularme para ser acogido por la JEP, que mi proceso sea tramitado y de conocimiento por parte de una justicia prevalente. Busco que se me de tratamietno penal especial, simétrico y simultáneo, en una jurisdicción que me acoja como Agende del Estado, al ser, para la época de los hechos del 26 de abril de 1990, miembro del DAS, investigado por un hecho relacionado con el conflicto", argumenta en su solicitud.Para el implicado, los hechos por los cuales se le investiga, y por los que se le imputan los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, tienen relación directa con el conflicto armado interno. Por esta razón pide que sea la JEP y no la justicia ordinaria la encargada de conocer su caso.  

Al momento del asesinato de Pizarro, Jaime Ernesto Gómez se desempeñaba como uno de los escoltas que tenían a cargo la seguridad del candidato. El 26 de abril de 1990, luego de que Pizarro resultara abaleado dentro de un avión en pleno vuelo, Gómez disparó y asesinó a quemarropa al sicario que había atentado contra la vida del candidato, a pesar de que este ya había sido inmovilizado por los demás agentes.   Gómez está acusado de hacer parte de una alianza criminal entre determinadores, narcos, paramilitares y el Estado. La Fiscalía lo acusa de haber emprendido desde el DAS un ataque "generalizado y sistemático" en contra de líderes de izquierda. Luego que Carlos Pizarro fuera abaleado en un avión en pleno vuelo, Gómez disparó y asesinó a quemarropa al sicario a pesar de que ya estaba inmovilizado Fue capturado en enero de 2017 y vinculado por la Fiscalía a la investigación del asesinato del candidato presidencial, de la cual se señala como autor intelectual a Carlos Castaño. Mientras se adelantaba la investigación, el juez de conocimiento le impuso una medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, en donde se encuentra recluido desde su captura. Desde entonces, Gómez ha hecho uso de varios recursos para solicitar su libertad condicional, los cuales han sido negados en distintas ocasiones por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.  

Ahora, debido a que Gómez presentó su solicitud de sometimiento dentro del plazo otorgado por la JEP para que los funcionarios estatales que no pertenecían a las fuerzas armadas y que quisieran someterse a su jurisdicción lo hicieran, el proceso ordinario en su contra deberá ser suspendido. Esto hasta tanto la JEP se pronuncie sobre si Gómez y el caso en cuestión cumplen o no con los requisitos para ser juzgado por la justicia transicional.