La Fiscalía intentará aclarar uno de los grandes enigmas del funcionamiento de las salas de interceptación del búnker. En 2015, la Sala Oro grabó varias conversaciones al investigar a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, tras una denuncia del expresidente Álvaro Uribe. Se trata del famoso proceso que terminó invertido: Cepeda fue absuelto y Uribe quedó bajo investigación por supuestamente libretear testigos. Ahora el caso está a punto de llegar a indagatoria contra el expresidente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema está por fijar fecha para esa diligencia. Desde 2015 la Corte Suprema tenía pistas de la gran presión sobre la familia Juan Guillermo Monsalve, la única que ha dado indicios de tener información de fondo sobre lo que ocurrió en la finca Guacharacas, en Antioquia, de los hermanos Uribe Vélez. El patriarca Óscar Monsalve fue el mayordomo de la finca; y Juan Guillermo, uno de sus hijos, condenado por paramilitarismo, da fe de que el bloque Metro, del que fue integrante, nació en esa hacienda. Puede leer: Iván Cepeda y Álvaro Uribe, choque en la CIDH Cuando la Corte Suprema revisó las interceptaciones de marzo de 2015 se llevó una gran sorpresa. Era evidente que faltaban audios, lo que provocó una compulsa de copias en junio del año pasado. Después, un peritaje hecho por la Fiscalía a los audios registrados en estas fechas desató un escándalo entre los investigadores, ya que se concluyó que hubo seis grabaciones editadas. El peritaje sobre los audios revela “fuertes indicios” de algún tipo de “manipulación o modificación” en llamadas. “Sus fallas o transformaciones no ocurren en etapas cercanas de la reproducción, sino que tienen inicio funcional, y luego se presentan cambios en la señal, o a lo largo de su duración solo se presentan fragmentos pequeños con información seguidos o superpuestos a silencios o tonos puros (pitos)”, dice el informe técnico sobre las interceptaciones editadas.
El exdirector del CTI Julián Quintana aseguró que jamás dio la orden de borrar información en el caso de Álvaro Uribe. Las sospechas recayeron en un comienzo sobre el analista del caso, Óscar Álvarez. Pero los investigadores no tardaron en confirmar que el operario no tenía capacidad para manipular la grabación, al punto de sacarla de la plataforma e introducir otra editada. Por ello, intentaron seguir el rastro de quienes accedieron a esta información confidencial y reservada, con tan mala suerte que estos registros, al parecer, fueron borrados desde 2015. En aquel entonces, la Fiscalía había terminado de pasar del antiguo sistema de interceptaciones Octopus a la nueva plataforma Target 360. Allí surge un primer cuestionamiento de los investigadores: por qué las llamadas de la familia Monsalve –que debían haber grabado con el programa de última tecnología– resultaron interceptadas en el obsoleto Octopus. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que al indagar por la desaparición de los registros de acceso al sistema, los investigadores encontraron una orden del entonces director del CTI Danny Julián Quintana. En abril de 2015 este habría tomado una decisión radical frente a la desconexión de servidores de almacenamiento como una medida de ahorro de energía, y dio la orden de conservar solo los audios grabados por la plataforma. En consecuencia, desecharon el resto, incluyendo los registros de accesos al sistema. Hasta ahora, el argumento del ahorro de energía resulta inverosímil para los investigadores. Por esta razón, Quintana deberá asistir con su abogado a rendir interrogatorio en la mañana de este viernes. ¿Qué pistas hay de los audios? También le recomendamos: Álvaro Uribe es llamado a indagatoria por la Corte Suprema Se trata de seis grabaciones registradas el 8, 20, 24 y 30 de marzo de 2015. Todas contienen llamadas interceptadas a la familia Monsalve y, como lo reveló SEMANA, en por lo menos dos de ellas conversan con Juan Guillermo Villegas. Él es un ganadero señalado de ser cofundador del grupo paramilitar, y cercano al expresidente Uribe. Según la corte, hay evidencias que permiten confirmar que en los días en que Óscar Monsalve cumplió una citación de la corte, Villegas tuvo “supervisada” a la familia Monsalve. Quintana aseguró a SEMANA que desconoce el contexto de la orden que supuestamente impartió. Dice enfáticamente que “jamás ordenó borrar información”, y que el señalamiento es una conjetura. Aseveró que la Dirección Nacional de Fiscalías tenía la responsabilidad directa sobre las salas de interceptación. En cualquier caso, todo parece indicar que el escándalo por los audios borrados, sin duda alguna, apenas comienza.