La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Augusto Sanclemente Alzate, como presunto responsable del delito de destrucción, supresión u ocultamiento de material probatorio.
Los hechos investigados están relacionados con el hallazgo de un laboratorio de clorhidrato de cocaína en una finca de propiedad del exdiplomático, ubicada en Guasca (Cundinamarca), en febrero de 2020. Sanclemente Alzate, de acuerdo con el ente acusador, ordenó destruir objetos y pertenencias del mayordomo del inmueble. Estos elementos serían determinantes para conocer detalles sobre los dueños del complejo narcotraficante y tener claridad respecto a la cantidad de estupefacientes que se producía y los socios de la actividad ilegal.
Las evidencias dan cuenta de que el exembajador habría pedido a varios empleados de la finca recoger y desaparecer computadores, memorias USB, una tableta, un disco duro de 500 gigas y documentos, entre otros elementos que no le pertenecían. Con esta actuación, presuntamente, impidió el rápido avance de las investigaciones.
La Fiscalía enumeró los hechos que a su consideración son constitutivos de un delito y que dejan a Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, como autor de los mismos. Dijo el fiscal del caso que Sanclemente incurrió en ocultamiento y destrucción de elementos de prueba en el marco del proceso que se adelanta por la llamada narcofinca. El exembajador no aceptó cargos.
Se trata del caso que reveló cómo en la finca de la familia del exembajador se ubicaron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína y de allí salieron cientos de kilos de droga de una organización criminal, buena parte de sus integrantes capturados por la Fiscalía. Una de esas personas capturadas sería el mayordomo de la finca y exempleado de Sanclemente.
Ese mayordomo le dijo a la Fiscalía, a través de un proceso de negociación, que quería colaborar con la justicia a través de un principio de oportunidad, entregar información a cambio de beneficios judiciales, sin embargo, el acuerdo se hizo más difícil luego de conocer que parte de la pruebas se quemaron, al parecer, por orden del exembajador Sanclemente.
“Ha derivado de varias investigaciones y en otros casos donde ya nos encontramos en la etapa de juzgamiento, pero adicional a eso, como referir también se ve afectado el proceso de colaboración bajo la modalidad de principio oportunidad por parte del señor Laureano Martínez quien está siendo procesado por estos hechos”, dijo el fiscal del caso.
Fue justamente el mayordomo quien aseguró a la Fiscalía que su exjefe ordenó quemar y destruir todos los elementos y pruebas que estaban o que iba a utilizar en su proceso de colaboración con la justicia. Se trata de equipos de cómputo, discos de almacenamiento y documentos que se encontraban en la habitación donde dormía, mientras trabajaba como mayordomo de la finca.
Esas pruebas e incluso elementos personales fueron quemados, dijo el mayordomo, por orden de Fernando Sanclemente, de ahí que la Fiscalía consideró necesario citar a imputación de cargos al exembajador por los delitos de ocultamiento y destrucción de elemento material probatorio. “Usted sabía y conocía que ese acto por lo menos desde sus capacidades y calidades como abogado, como profesional, exembajador, conocía que este hecho estaba prohibido por la ley, cuando no tenía usted el poder de disposición sobre dichos bienes, no eran de su propiedad, no eran de su titularidad y hacían parte de una investigación formal”, explicó el fiscal.
Luego de resumir la imputación y los hechos que fueron enunciados por el mayordomo, esto es, la destrucción de las pruebas que harían parte de la investigación del caso conocido como narcofinca, el juez de control de garantías le preguntó al exembajador sí aceptaba o no su responsabilidad, Fernando Sanclemente, sin dudarlo un segundo, negó su vinculación o participación. “La Fiscalía lo investigará a usted como posible autor material del delito de ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio”, señaló la Fiscalía.