Con una carta dirigida al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Vedad, los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó -del partido de Comunes- pidieron a esta organización revisar el operativo en el murió Guillermo León Sáenz, el cabecilla guerrillero conocido con el alias de Alfonso Cano. Según los congresistas, se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante el operativo que resultó con su muerte.
Sin embargo, tras la presentación de esta carta los congresistas dieron algunas declaraciones a medios nacionales en las que aseguran que buscarán que se investigue también el caso de alias Mono Jojoy y Martín Caballero, quienes también habrían tenido una suerte parecida que Cano.
La misiva comienza reafirmando el papel de los senadores como parte del acuerdo de paz firmado en La Habana en 2017. Así las cosas, explican que acuden a la Comisión como partes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRJRNR) de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objetivo de “establecer una ruta para el esclarecimiento de la verdad” sobre lo sucedido con Cano.
Entre tanto, continúan relatando la operación que ocurrió hace 10 años, momento en que, según dicen, el proceso de paz ya se encontraba en una fase exploratoria; al parecer, estos senadores habrían logrado recoger los testimonios de personas que sobrevivieron a la llamada operación Odiseo, y con ellos aseguran que “Alfonso Cano fue ejecutado fuera de combate, desarmado y en situación de indefensión, en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
A reglón seguido, Sandino y Biohó expresaron su deseo de presentar el caso a la Comisión, con la esperanza de que el Estado colombiano se responsabilice de los hechos en medio de la operación, que aseguran fue orientada desde el Batallón Codazzi, por la III División del Ejército Nacional y “dirigida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, de la mano de la Fuerza de Tarea de Asalto Aéreo (FTASA), contando con el seguimiento del entonces Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón”, acota específicamente.
Para estos dos senadores, el Estado habría repetido en otras ocasiones este mismo tipo de modus operandi, por lo que lo califican como “comportamientos sistemáticos” que claramente irían en contra de los DIH, y aclaran que los “homicidios fuera de combate, medios y métodos ilícitos de guerra, privaciones arbitrarias de la libertad, violación del principio de distinción hacia familiares y civiles, tortura y violencia sexual contra mujeres combatientes” son algunos de los ejemplos que se consideran crímenes de guerra y serían penalizados internacionalmente.
En tal sentido, la carta radicada exige un cronograma para presentar de forma pública la evidencia que tiene con el objetivo llegar a revelar la verdad para el país y para un consiente acto de contrición por parte del Estado, “cuyo reconocimiento por los responsables es vital para la convivencia y la no repetición pactadas en el Acuerdo de Paz”, escriben refiriéndose a las acciones difusas de este actor en medio del conflicto armado colombiano.
Antes de terminar, en la misiva agregan que, además del Estado también esperan que comparezcan y revelen la verdad de los hechos los responsables militares que actuaron en cadena de mando, quienes seguirían en puestos públicos y habrían expresado públicamente que formaron parte de la operación Odiseo.
Finalmente, concluyen expresando que seguirán asumiendo sus responsabilidades pactadas dentro del acuerdo de paz, en pro de la reparación integral de las víctimas. Sin embargo, luego de presentar la carta a la Comisión.
Respecto al caso de alias Martín Caballero, aseveraron que también tenían información para revelar la verdad sobre los hechos que rondan la muerte de este hombre. Además de actos de “violencia sexual contra mujeres guerrilleras capturadas vivas, uso exagerado de la fuerza como ocurrió con Jorge Briceño, o incluso hechos dolorosos como los ocurridos con Lucero Palmera y su hija”, fueron las palabras de Sandino.