El fiscal Francisco Barbosa le puso coto a la intención del Gobierno de evitar cualquier tipo de acción de la justicia contra los peligrosos criminales cabecillas de las organizaciones con las que se está negociando la “paz total”. Fue claro y aunque le llovieron críticas, no dio un paso atrás en la negativa a suspender las órdenes de captura contra 16 cabecillas del Clan del Golfo y de los Pachenca.
Ahora le salió un nuevo crítico, se trata del polémico exfiscal Eduardo Montealegre, quien calificó como un disparate la radical decisión, incluso, en medio del debate jurídico se atrevió a contradecir los argumentos expuestos de por el fiscal Barbosa para negar la solicitud hecha por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
“La negativa de la Fiscalía General, a suspender las órdenes de captura a miembros de organizaciones al margen de la ley que no tienen “status político”, es un disparate. La paz se puede pactar con grupos que no caben dentro del concepto de insurgencia. Ciertas estructuras organizadas que tienen unidad de mando y control territorial se consideran, a la luz del derecho internacional, actores del conflicto”, dijo Montealegre en una columna de opinión.
“Tampoco es plausible el argumento, de que la ausencia de reglamentación especial para el sometimiento impide suspender las ordenes, porque existen procedimientos establecidos sobre el particular. Mientras no se emita otra reglamentación, la vigente debe aplicarse”, agregó Montealegre.
Irónico, como es su costumbre, Montealegre se atrevió a señalar que “el fiscal está usurpando una función presidencial. No es el Presidente quien limita la autonomía del poder judicial. Fue la ley. Limitación que es posible, cuando hay conflicto entre la paz y otros valores constitucionales” y se atrevió a recomendarle al presidente “Gustavo Petro que instaurar una tutela contra la Fiscalía, para proteger el derecho a la paz y el debido proceso, y, sus competencias constitucionales, vulneradas en forma manifiesta por Barbosa”.
La decisión
La Fiscalía General de la Nación se negó a suspender las órdenes de captura y a dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.
En un documento de siete páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, y firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dice al comisionado de paz, Danilo Rueda: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe señalar que el criterio de la Fiscalía expuesto en esta respuesta se plantea sin perjuicio de la autonomía e independencia de los jueces de la república al momento de pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura”.
Se trata de 16 criminales, entre los que están alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado dirigir a Los Pachenca.
Para la Fiscalía, la petición del Gobierno Petro no procede porque estos criminales forman parte de Grupos Armados Organizados (GAO) “sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Cabe aclarar que las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de acuerdo con lo previsto en la Ley 2272 de 2022″.
Además, explica la Fiscalía: “Los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios. Lo anterior, en la medida en que el reconocimiento de un estatus político es excepcional, mientras que el sometimiento a la justicia es la regla general. Una interpretación diferente conllevaría desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes (como se verá a continuación) y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”.
El ente acusador señala: “No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “[v]elar por la protección de las víctimas”10. Por ello, la postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”.
“Por último, el que un Fiscal General de la Nación pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial. Por tanto, se trata de una regla de interpretación y aplicación restrictiva, que debe ceder ante la Constitución en cualquier caso de duda. Dado que es razonable plantear que la competencia del Fiscal no fue concebida para aplicarse frente a estructuras que no tengan o a las que no se les pueda reconocer estatus político, el Gobierno Nacional deberá pedir la concesión de tales beneficios a los jueces de la república competentes, tal y como lo prescribe el parágrafo 2º del artículo 511 de la Ley 2272 de 2022″, agrega la Fiscalía.
“A juicio del ente acusador, no es procedente que el Fiscal General ejerza esa competencia frente a integrantes de estructuras criminales que, de acuerdo a los fundamentos jurídicos señalados, carezcan de estatus político, como las AGC. Las reglas para suspender órdenes de captura a miembros de grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos en los que se pactarían acuerdos de paz no son las mismas que rigen para estructuras criminales con vocación de sometimiento a la justicia. Frente a las primeras, es razonable centralizar en el Fiscal General de la Nación, pilar de la política criminal en Colombia, la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”, dice la comunicación.
Estos son los 16 criminales del Clan del Golfo y ‘Los Pachenca’ que el Gobierno Petro quiere que se les suspendan las órdenes de captura o queden libres
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, envió una comunicación dirigida al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado 11 de enero. En ella, solicita la suspensión de ocho órdenes de captura, en el marco de la ‘paz total’.
Todos los criminales hacen parte del Clan del Golfo. Entre ellos figura Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito’. Este hombre, también conocido como ‘Chiquito malo’, reemplazó al extraditado alias Otoniel y es el nuevo jefe del Clan del Golfo.
Su prontuario es extenso. Es un narcotraficante puro, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Ha sembrado el terror, especialmente en la zona de Urabá y su carrera criminal inició en el Bloque Bananero de los paramilitares. También perteneció a los Urabeños y se ganó la confianza de Otoniel. Es responsable de un número incalculable de homicidios y del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es muy peligroso.
En la lista solicitada por el comisionado Rueda también aparece José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’. Es otro narcotraficante perteneciente al Clan del Golfo que trabaja en llave con ‘Chiquito malo’ y tiene a cargo un ejército criminal de por lo menos 1.200 hombres. Se mueve entre el Bajo Cauca y Córdoba.
El siguiente en la lista es Alexander Celis Durango, conocido como ‘Bayron’. Por su ubicación han ofrecido una recompensa de hasta 43 millones de pesos. Se ha dedicado igualmente al negocio del narcotráfico y es uno de los criminales más buscados del Clan del Golfo.
Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias ‘Negro perea’.Hay una orden en su contra por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y su actividad delincuencial es reconocida en los municipios de Canalete y Arboletes, en Córdoba.
José Miguel de Moya Hernández, conocido en el hampa con el alias de ‘Chirimoya’. En el pasado estuvo preso, y hoy es pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Tras la captura de Otoniel, intentó montar una estrategia criminal para impedir la extradición del capo.
Orozman Orlando Ostén Blanco. Tiene 14 procesos por homicidios, secuestro extorsivo y desaparición forzada. Era uno de los llamados a suceder a Otoniel.
En la lista también aparecen Luis Armando Pérez Castañeda y Alex Sierra Moncada, de quienes hay pocos detalles sobre su vida delictiva.
En la carta enviada por Rueda al fiscal Barbosa, se justifica así la petición del Gobierno Petro: “Por medio de la presente, remito la Resolución 003 del 11 de enero de 2023 “Por la cual se reconocen a miembros representantes del autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, para los acercamientos exploratorios con el Gobierno nacional, y se dictan otras disposiciones”.
En el documento se pide “suspender las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra miembros representantes de las AGC, designados para los acercamientos exploratorios con el Gobierno nacional”.
La petición generó controversia por tratarse de un grupo narcotráfico, sin estatus político. Estas ocho personas hacen parte de los criminales más buscados del país. SEMANA confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha seguido el minuto a minuto de esta petición del Gobierno Petro a la Fiscalía.
‘Los Pachenca’
En otra carta, el comisionado Rueda presenta una nueva lista con otras ocho personas que pertenecen al llamado grupo criminal de Los Pachenca. Ellos son:
Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, detenido en España, señalado de concierto para delinquir y homicidio agravado. Es señalado de comandar la organización criminal.
Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca. Es uno de los criminales más buscados en Santa Marta.
Norberto Quiroga Poveda, preso en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Conocido con el alias de ‘5.5′, quien sería el principal articulador de todas las actividades narcotraficantes y violentas de esta estructura, según la Fiscalía.
John Rafael Salazar Salcedo, alias Flash. Señalado de ser el segundo al mano de los Pachenca. Está preso en Valledupar.
También figuran José Luis Pérez Villanueva, Cesar Gustavo Becerra Gómez, Eduar Castaño Morales y Santiago Rafael Pertuz Caballero.