Por considerar que se le vulneraron gravemente sus derechos a la seguridad personal, la libre movilidad y la integridad física, con la reducción progresiva y sistemática de su esquema de seguridad, el exfiscal General Eduardo Montealgre Lynett presentó una tutela ante la Corte Constitucional.
El exjefe del ente investigador reclamaba que pese a que su vida e integridad estaban en riesgo la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión de quitarle varios de sus escoltas y camionetas para su movilidad diaria, situación que lo afectó de manera muy grave.
Montealegre fue más allá y advirtió que la compulsa de copias que había hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, registradas en 1997, así como las declaraciones que ha hecho públicamente en su contra lo mantenían en una situación riesgo junto a su grupo familiar.
“(...) Contaba con un riesgo extraordinario, tanto por las decisiones que había adoptado como Fiscal General de la Nación, así como por las notorias y conocidas diferencias que tenía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, señaló el exjefe del ente investigador (2012-2016) para reclamar la protección de sus derechos fundamentales.
Por estos hechos, se recuerda, Montealegre fue reconocido como víctima dentro de la investigación que se adelantó contra el expresidente por su presunta participación en la presión y manipulación a testigos. La defensa de Uribe ha citado varios testigos que señalan que el exfiscal junto a su exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, participaron en un plan para afectar el buen nombre e integridad del exmandatario.
Por considerar que se trata de un caso inédito y del cual jamás se ha hablado de fondo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que seleccione para su estudio la tutela firmada por Montealegre, esto con la necesidad de definir los casos de seguridad y protección.
“(...) resulta novedoso estudiar un tema nunca antes tratado, como lo es el riesgo que se deriva de haber fungido en un alto cargo del Estado, sobre todo cuando se trata del fiscal General de la Nación, cuyos riesgos de seguridad para el funcionario y su familia”, señala la solicitud de insistencia en la selección de este caso.
En el documento de siete páginas, el magistrado Ibáñez sostuvo que en la tutela se anexaron diferentes elementos de soporte que permiten inferir la situación de riesgo del exfiscal General y su grupo familiar, así como el desmonte de su esquema de seguridad.
“(...) acorde a lo señalado por el accionante y soportado en diversos documentos que forman parte del expediente, pareciera que la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, redujo el esquema de seguridad de Luis Eduardo Montealegre Lynnett y su familia, con fundamento en, esencialmente, los mismos medios de prueba que fundamentaron la decisión adoptada en el Acta de Continuidad de la Medida de Protección del 6 de junio de 2019″, resalta.
Pese a esto, “de lo que preliminarmente podía advertirse es que parecían ser latentes y actuales las amenazas y riesgos del accionante y su familia, las cuales no habían cambiado al momento de adoptarse esa decisión, sino que, probablemente, podían haberse aumentado”.
Vale recordar que en mayo de 2012, pocas semanas después que el Consejo de Estado anulara su elección, la exfiscal General, Viviane Morales denunció que se le había retirado el esquema de su seguridad. Los hechos se presentaron coincidencialmente un día después del tentado contra el exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, que obligó extremar las medidas de seguridad en contra de todos los funcionarios y exfuncionarios del Estado, principalmente, aquellos que hubieran tomado decisiones en contra de la guerrilla de las Farc y su Secretariado.