La Corte Suprema estudiará si avala o no el preacuerdo de Alfredo Bettín con la justicia quien admitió que frenó procesos en contra del exgobernador Juan Carlos Abadía para no ser removido de su cargo como delegado ante la corte. Alfredo Bettín, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, aceptó el cargo de prevaricato por omisión. No obstante, con ocasión de una negociación de preacuerdo sería condenado por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Ahora la Corte Suprema –sala de primera instancia– tendrá que darle la bendición a la negociación en la que él admite que benefició ilegalmente al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, por petición de los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. En el acta de preacuerdo quedó establecido que se impondrá una pena menor a cambio de su colaboración con la justicia y delatar hechos de corrupción en las altas cortes. Además, de pedir perdón a la administración de justicia y a los colombianos.
La procuraduría se opuso a que la pena sea menor a la que se le daría por el delito imputado, prevaricato por omisión. “Quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública serán excluidos de beneficios penales”, indicó el concepto del Ministerio Público. Agregó que la condena a una persona por una pena diferente al delito que le fue imputado va en contra del principio de legalidad. La decisión definitiva será tomada por los magistrados el 10 de octubre. Le recomendamos: Exgobernador Alejandro Lyons está en poder de agentes de Migración de EE.UU. Bettín resultó salpicado hace dos años por el ventilador de Gustavo Moreno, el exfiscal extraditado a Estados Unidos. Todo indica que Bettín la sacará barata, pero su admisión tiene repercusiones importantes en otros procesos. Primero, porque reconoce que actuó de manera dolosa para engavetar investigaciones y que lo hizo por influencia de Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, dos exmagistrados a quienes se les acaba de derrumbar otra ficha en el dominó. Además, porque admite que su omisión benefició al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, un político que tiene varios pendientes con la justicia. En el acta de preacuerdo quedó establecido que se impondrá una pena menor a cambio de su colaboración con la justicia y delatar hechos de corrupción en las altas cortes. El exmandatario regional fue sacado del ruedo político por una inhabilidad de diez años que le impuso la Procuraduría. Llegó a la gobernación del Valle cargando la cruz de ser el supuesto heredero de los votos de su padre Carlos Herney Abadía (sentenciado por financiar su campaña con dineros calientes del Cartel de Cali) y de Juan Carlos Martínez Sinisterra (condenado por enriquecimiento ilícito con plata de narcos y parapolítica). Abadía ahora es considerado por las autoridades como otro presunto "cliente" de la organización criminal que logró llevar la corrupción a la cúpula de la justicia. Puede leer: Gustavo Moreno y el mapa de la corrupción En el despacho de Bettín, Abadía habría conseguido que se le archivaran por lo menos dos investigaciones en su contra y logró dilatar una imputación de cargos que finalmente fue anunciada en noviembre del 2016. Este tercer caso -dice la Fiscalía- tardó siete años en volverse formal, y no fue por la lentitud usual de la justicia, sino por una "parsimonia a propósito". Pero Bettín no contaba con los cambios de administración en la cúpula de la Fiscalía, lo que hizo que se posara encima de él una gran presión y se viera obligado a anunciar la medida judicial en el 2017. El anuncio de llevar al exgobernador ante los estrados coincide con la renuncia de Gustavo Moreno a la defensa de Abadía, decisión que tomó para poderse ir a trabajar a la dirección anticorrupción de la Fiscalía. De este modo, la defensa del Abadía pasó a manos de abogados designados por el exmagistrado Leonidas Bustos. Abadía se defiende Este proceso contra Abadía ahora está en etapa de juicio por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Está relacionado a las posibles irregularidades que cometió como Gobernador del Valle en la celebración de un convenio de cooperación que firmó cuatro meses antes de salir del cargo. La iniciativa buscaba distribuir textos escolares en 40 bibliotecas del departamento pero al parecer terminó engordando los bolsillos de terceros. El exgobernador tiene una aprecisación totalmente distinta a la del exfiscal Bettin. En conversación con esta revista Juan Carlos Abadía hizo varias precisiones. Inicialmente, señaló que todo gobernador al acabar su periodo tiene decenas de investigaciones pues es común que las veedurías y contradictores políticos hagan denuncias. El exgobernador puntualiza que aunque enfrentó varias investigaciones "la mayoría de esos procesos ya fueron cerrados a mi favor y aclaro, Luis Gustavo Moreno solo fue abogado mio en un proceso". Además, desmintió la afirmación de que Moreno haya renunciado a su defensa para asumir el cargo de jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. “Eso es paja. Totalmente falso, él renunció mucho antes porque decidió aspirar a la Personería. Fue después, casi un año después, que eso no le resultó que se fue a trabajar con Néstor Humberto Martínez, quien acaba de ser elegido fiscal general”. Concrétamente con relación al exfiscal Bettín, el exgobernador explicó que este tenía a cargo varios procesos en su contra "El exfiscal Bettín solo me archivó dos de cerca de una decena de proceso que tenía". Y fue precisamente el entonces fiscal Bettín, asegura Abadía, quien decidió imputarme cargos en un proceso que es el que está ahora ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre los exmagistrados Ricaurte y Bustos el exgobernador asegura que no tuvieron ninguna influencia en sus procesos. “A Bustos lo conocí cuando ya me habían archivado esos dos procesos. Y sí, contraté a un abogado de su oficina, esa persona fue mi abogado solo cinco meses. Este abagado me defendió en ese breve tiempo precisamente porque Bettín me acusó. El exmagistrado Bustos nada ha tenido que ver con mis archivos", concluyó Abadía. El exfiscal Alfredo Bettín entró a la Fiscalía en el 2009 durante la administración interina de Guillermo Mendoza Diago. Llegó a ocupar una fiscalía delegada ante CSJ, puesto que abandonó una vez vinieron los señalamientos de Moreno en su contra. Previo a su salida fue designado en la coordinación de las delegadas ante la corte. Le recomendamos: El día que Alejandro Lyons destapó en Miami el cartel de la toga