En fallo de primera instancia, José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.), fue inhabilitado por trece años por su participación directa en todas las irregularidades que rodearon el proceso de licitación para la entrega del millonario contrato que buscaba para la operación de disposición de residuos en la capital santandereana. Por estos mismos hechos de corrupción, recientemente la Procuraduría General también sancionó disciplinariamente al exalcalde Bucaramanga Rodolfo Hernández.

En el fallo disciplinario se encontró que Barrera Arias fue el encargado del proceso de contratación para la evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica que buscaba implementar una nueva tecnología para el manejo final de las basuras en la ciudad, el cual concluyó en la suscripción de un contrato de consultoría por un valor cercano a los 345.000 millones de pesos con Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Ingeniero Rodolfo Hernández | Foto: Semana

En el proceso de licitación se vulneraron todos los principios de contratación pública, puesto que no seleccionó de manera objetiva al contratista, sino que se le otorgó, sin ningún tipo de problemas, el millonario contrato a un empresario que había sido recomendado por el alcalde Rodolfo Hernández a los directivos de la EMAB.

Tras corroborar que no existió ningún tipo de evaluación imparcial, sino que había un interés personal en la selección de Alarcón Ayala como ejecutor de la consultoría; la Procuraduría concluyó que se vulneraron ampliamente los principios de imparcialidad y selección objetiva en la contratación pública. En el fallo se calificó la falla del entonces funcionario como gravísima.

Senador Rodolfo Hernández | Foto: Guillermo Torres Reina

El pasado 31 de mayo, la Procuraduría General determinó que Rodolfo Hernández incurrió en un interés indebido en la licitación que terminó beneficiando a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado.

En la decisión judicial se señaló que el entonces mandatario tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar, a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección.

Hasta noviembre Rodolfo Hernández renunciaría al Senado. | Foto: NO

En un viaje a Bogotá el alcalde se reunió con representantes de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer cómo se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada.

Después de ese encuentro, el mismo Hernández coaccionó al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras.

Senador Rodolfo Hernández | Foto: Guillermo Torres Reina

Por estos hechos, el exalcalde de Bucaramanga enfrenta un juicio penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos. Casualmente, en este caso, el testigo estrella en su contra es el mismo José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

“Juntaremos el testimonio de José Manuel Barrera Arias, computado y testigo de los hechos, quien conoció del direccionamiento o favorecimiento del contrato de consultoría a favor de Jorge Alarcón por parte del ingeniero Rodolfo Hernández, al cumplir sus órdenes como directivo de la Emab, además de saber el direccionamiento facilitándole los estudios previos al futuro contratista Jorge Alarcón para que los corrigiera, revisara y modificara a su favor”, detalló el fiscal quinto de administración pública de la Fiscalía de Santander en la audiencia que se celebró en enero pasado.

Barrera Arias manifestó su intención de colaborar con las autoridades en este proceso por corrupción a cambio de beneficios jurídicos.