El exgobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez, salió en defensa de su gestión de gobierno, ante la denuncia radicada en la Fiscalía sobre presuntos sobrecostos en un millonario contrato firmado por la Gobernación de Arauca.
Este contrato, destinado a dotar a los colegios del Departamento de mobiliario y equipos educativos, ha sido objeto de investigación por la Fiscalía, que indaga sobre los posibles sobrecostos.
En declaraciones exclusivas a SEMANA, Rodríguez aseguró que la denuncia es infundada y busca desprestigiar al actual gobierno de Renson Martínez sin justificación alguna. Según el exgobernador, el contrato en cuestión fue firmado en junio del año pasado, mucho antes de que este gobierno asumiera el cargo.
“Este proyecto es de hace más de un año, mucho antes de que Renson fuera candidato a la Gobernación, y mucho antes de que él tuviera alguna relación con este proceso”, afirmó Rodríguez, quien detalló que el contrato fue gestionado por la administración anterior y que la intervención de Martínez en el proceso es inexistente.
Rodríguez hizo énfasis en un informe de la Contraloría General de la República, que auditó el proceso, y no encontró irregularidades ni vicios legales en la contratación. “El informe de la Contraloría no solo resalta que el proyecto se ajustó a los principios de planeación y a la normativa legal, sino que también concluye que no hubo hallazgos de índole contable, presupuestal ni técnica que comprometan la ejecución del proyecto”, explicó Rodríguez.
SEMANA indagó dicho informe y efectivamente en el segundo párrafo se lee: “Dotación de elementos para el mejoramiento y fortalecimiento de las sedes educativas oficiales del departamento de Arauca, efectuada en la presente actuación especial de fiscalización, no se identificaron situaciones que evidencien incumplimiento a los principios de la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta que el desarrollo del objeto dentro de la ejecución contractual, la ejecución contable y financiera y de acuerdo al análisis técnico realizado, el proyecto fue ejecutado de manera satisfactoria”.
A pesar de los señalamientos de la denuncia en la Fiscalía, que citó presuntos sobrecostos en la adquisición de bienes como canecas de basura, poltronas y televisores, el exgobernador subrayó que la Contraloría no identificó “situaciones que evidencien incumplimiento a los principios de vigilancia y control fiscal”. Según el informe oficial, los elementos adquiridos fueron entregados a las sedes educativas de acuerdo con lo estipulado en el contrato, con los rectores de cada institución confirmando la recepción de los materiales.
El exmandatario también rechazó de manera tajante las insinuaciones de un posible direccionamiento del contrato hacia el ELN, una acusación que el denunciante mencionó en su denuncia. Rodríguez calificó estas afirmaciones como “totalmente falsas” y como un intento de estigmatizar a la región de Arauca, que ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado. “Este tipo de denuncias no solo son infundadas, sino que además son peligrosas, ya que solo contribuyen a polarizar aún más un departamento que ya ha sufrido demasiado por la violencia”, expresó.
En su intervención, Rodríguez invitó a los ciudadanos y a los medios de comunicación a verificar los datos y documentos oficiales antes de emitir juicios. Aseguró que los soportes del proceso contractual, incluidos los informes de la Contraloría y el SECOP, demuestran que el proyecto fue ejecutado de manera correcta y sin irregularidades. “No hay base alguna para sostener las acusaciones que se han hecho. La única intención detrás de estas denuncias es la política, buscando socavar la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente”, concluyó Rodríguez.
La defensa del exgobernador surge en un momento en que la oposición política al gobierno de Martínez ha intensificado sus críticas, lo que ha generado un clima de tensión en la región.
Este nuevo capítulo en la política araucana deja abierta la pregunta sobre la transparencia de los procesos administrativos en el departamento y sobre las motivaciones detrás de las denuncias que, según algunos, responden más a intereses políticos que a una verdadera intención de justicia.