La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aprobó la aceptación de cargos del exgobernador de Guainía, Efrén de Jesús Ramírez Sabana, en el proceso que le adelanta la Fiscalía General de la Nación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.
La Corte explicó que “estos cargos le fueron formulados debido a las irregularidades en la celebración de un contrato de obra para el mes de octubre de 2007, por un valor superior a dos mil quinientos millones de pesos”.
Toda la investigación dejó en evidencia que Ramírez Sabana permitió la apropiación a un particular de 870 millones de pesos del contrato que se dio como parte de un convenio que previamente había adjudicado el departamento de Guainía con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para la ejecución de obras, construcción de puentes, terraplenes y drenaje.
Frente a esta situación, la Sala de Primera Instancia de la Corte indicó que se “emitirá el respectivo fallo estableciendo la pena que se impondrá al exmandatario”.
La Fiscalía también le imputó cargo al Ramírez por una supuesta vía que contrató la Gobernación del Guainía en 2008. Un proyecto que, en teoría, iba a beneficiar a poblaciones indígenas, pero los únicos beneficiados fueron los contratistas y funcionarios públicos que se quedaron con el dinero.
El entonces gobernador, Efrén de Jesús Ramírez Sabana, lideró el proyecto para la construcción de la mencionada vía, con unas consideraciones que más bien parecían una burla a la inteligencia de sus electores. Aseguró que la vía iba a facilitar la entrada y salida de las comunidades indígenas, que necesitaría la construcción de puentes, terraplenes y drenajes, pero todo terminó en una falacia.
En esa investigación, la Fiscalía señaló que “se detectó incongruencia entre la necesidad y el motivo de la contratación. Esa intención de beneficiar a los pueblos indígenas y a otros habitantes no era cierta ni tenía sustento, puesto que en la zona donde estaban previstas las obras no había asentamientos ni grupos poblacionales, tampoco existía movimiento de camiones u operación fluvial”.
Por ese caso se habrían destinado más de 2.550 millones de pesos para adecuar el corredor Huesitos-Puerto Caribe (Guainía) para convertirlo en un tramo que facilitaría el tránsito del transporte de carga y optimizar las condiciones de vida de las comunidades. “De otra parte, se definió la construcción de puentes, terraplenes y drenajes en puntos donde geográficamente resultaba imposible la ejecución. Asimismo, se estableció que los diseños y estudios nunca se pusieron a disposición del consorcio contratista, lo que representó atrasos y la no culminación del proyecto”, advirtió el ente acusador.
Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que emitir un nuevo fallo en el proceso que le queda al exgobernador del Guainía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.