En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al exgobernador de Magdalena Ómar Díazgranados Velásquez, al hallarlo responsable de irregularidades en un contrato de suministros escolares para niños del departamento. Esta sanción disciplinaria se suma al proceso que por el mismo caso adelanta la Contraloría y que separó de su cargo a Diazgranados. El procurador general, Alejandro Ordóñez, ordenó también compulsar copias a la Fiscalía para investigar penalmente la actuación del exgobernador. En la medida, que puede ser apelada ante el mismo Ministerio Público, también se sancionó disciplinariamente por un periodo de 12 años a Julián Mazeneth Corrales, quien se desempeñó como secretario privado del despacho del gobernador. Según estableció la Procuraduría, él firmó el documento sin cerciorarse de tales sobrecostos. Dentro de las consideraciones, el ente de control señaló que la firma Sinco del Caribe vendió los mismos kits por 18.000 pesos a otras entidades, mientras que a la Gobernación se los vendió a 54.520 pesos. Cuestiona también la Procuraduría que con los dineros pagados de más, se causó un detrimento que afectó directamente la posibilidad de conseguir una mayor cobertura escolar.