La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador del departamento del Cauca (2016-2019) y actual representante a la Cámara Óscar Rodrigo Campo Hurtado, por una “posible omisión de hacer efectiva la participación de la mujer en niveles decisorios de la administración departamental”.
El Ministerio Público aseguró que el funcionario “pudo incurrir en mala conducta y una violación de los deberes funcionales que le asistían por el rol ejercido”, el cual lo obligaba a dar cumplimiento a la Ley de Cuotas, la cual habría pasado por alto con el nombramiento de hombres en los cargos de nivel decisorio.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que al investigado se le reprocha la presunta infracción del principio de igualdad, sin que al parecer existiera alguna causal o justificación para la actuación de Campo Hurtado.
La Procuraduría General, provisionalmente, calificó la presunta falta cometida por el servidor como falta grave cometida con culpa grave.
Pliego de cargos por irregularidades en PAE
En otras actuaciones del organismo de control, el exsecretario de Educación del departamento del Meta y representante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera, así como el exjefe de Asuntos Contractuales de la Gobernación Juan Pablo Reyes González, fueron acusados por la Procuraduría General de la Nación de supuestas irregularidades en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que estos funcionarios podrían haber intervenido en la planificación del contrato en 2016, lo que “conllevó a que a los beneficiarios les fueran suministrados alimentos que incumplían con el aporte nutricional establecido por el Ministerio de Educación”.
“La entidad estableció que posiblemente se omitió en el componente técnico una minuta nutricional acorde a las exigencias del programa, lo que pudo afectar las necesidades nutricionales de la población escolar, con lo que habrían quebrantado los principios de economía, eficacia y responsabilidad”, señaló la Procuraduría.
Para ambos casos, el Ministerio Público señaló que provisionalmente calificó la presunta conducta de los disciplinables como falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Indagación a la Alcaldía de Ibagué
Por otra parte, la Procuraduría General inició una investigación preliminar contra los funcionarios públicos de Infibagué y la Alcaldía Municipal de Ibagué, para examinar posibles irregularidades en la contratación del servicio de alumbrado público en la ciudad.
El Ministerio Público busca determinar si hubo deficiencias en la prestación del servicio de alumbrado, si se han producido retrasos en la ejecución del contrato 159 de 2022, firmado por Infibagué para modernizar las luminarias en la ciudad. También, si en la realización del convenio bilateral suscrito por la administración anterior se incumplieron las condiciones de calidad acordadas para garantizar el adecuado funcionamiento de las luces instaladas.
De acuerdo con la publicación de un diario local, y que recolectó la Procuraduría, “si bien el contrato Nro. 159 de 2022 al parecer estaría dirigido a modernizar el 100 % del alumbrado público en la ciudad, en la anterior administración municipal, concretamente durante la vigencia 2019, ya se habrían cambiado las luminarias de sodio a tecnología LED en algunos sectores”.
En el artículo periodístico también se denunció, según el organismo de control, que “las luminarias instaladas por la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo y la empresa Celsa S.A.S. entre 2018 y 2019, por valor de casi seis mil millones de pesos, habrían dejado de funcionar apenas un año después, por lo que debió exigirse la garantía de diez años, pero una vez revisadas y hecha la reposición estás volvieron a fallar”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar e individualizar los servidores públicos presuntamente comprometidos, establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron y determinar si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado.
Finalmente, el Ministerio Público indicó que remitió copias a la Contraloría Municipal de Ibagué para lo de su competencia.