Aquellas personas que decidieron dejar las armas y están en proceso de reincorporación corren un alto riesgo.
El 9 de septiembre se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos y, paradójicamente, en la misma fecha el defensor del Pueblo alertó por los riesgos de seguridad de los excombatientes.
“La seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos”, señaló Camargo.
Según un informe de la entidad, presentado en un evento en Granada, Antioquia, el riesgo para esa población es elevado, especialmente en zonas con limitada presencia de la oferta social estatal, particularmente en territorios rurales dispersos o de frontera.
“En especial hay exacerbación de la violencia en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquia, donde se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación. También se han identificado riesgos en Medellín, Bogotá y sus alrededores, donde hay factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”, dijo Carlos Camargo.
En el informe, la entidad alerta que grupos armados al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las facciones disidentes de las FARC, quieren vincularlos a sus filas a través de acciones de disuasión, de cooptación o de sometimiento violento.
Para el departamento antioqueño, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha emitido 31 alertas tempranas, de las cuales 12 advierten riesgo para población en proceso de reincorporación.
Durante dicho evento, precisamente, el defensor lanzó el Pacto por la No estigmatización, con el que se busca que los líderes sociales y quienes luchan por los derechos de las comunidades, así como los excombatientes en proceso de reincorporación, no sean víctimas de calificaciones despectivas, sino que su trabajo sea reconocido a diario, por el valor que tiene.
“Las personas en proceso de reincorporación son una población en especial condición de vulnerabilidad. Por eso, es urgente la implementación de acciones de protección individuales y colectivas para esta población en riesgo, que se tomen en cuenta los escenarios advertidos por la Defensoría del Pueblo y que también sean flexibles y se adapten a las necesidades de dichas poblaciones, tanto en zonas rurales dispersas como en entornos urbanos”, puntualizó Carlos Camargo.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre marzo y junio de 2021 se han presentado 16 asesinatos contra excombatientes de la guerrilla de las FARC y 49 homicidios de líderes sociales.
La ONU señala que desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, 278 exguerrilleros han sido asesinados en todo el país.
Por su parte, la organización Indepaz asegura que los firmantes del Acuerdo en 2021 son 36, contando el caso más reciente, de Blanca Rosa Monroy, excombatiente de las FARC.
La mujer se encontraba haciendo su proceso en Pereira participó de la Unidad Nacional de Protección. De acuerdo con Indepaz, la asesinaron mientras departía con más personas en una reunión.
El instituto tiene en sus cuentas que desde la firma del Acuerdo, 285 excombatientes han sido asesinados.