Las diferencias entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el fiscal General, Francisco Barbosa, no dan tregua y fueron parte de la intervención de este último en el marco del congreso de la Asociación Nacional de Industriales (Andi). Allí, advirtió que hay una gran crisis institucional y puso como ejemplo, sin citar su nombre, a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien fue sacada por una firma masiva de contratos al parecer sin justificación que ya la tienen respondiendo ante la justicia.

“Existe una gran crisis de confianza. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes en el país. Lo hemos visto con diferentes hechos, una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para saquear recursos públicos, confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas”, afirmó el fiscal Barbosa en clara referencia a los escándalos que están rodeando el Gobierno Petro.

Además, advirtió de “prácticas violatorias de los derechos humanos en muchos lugares del territorio nacional, persecución al sector privado, a los empresarios, una violencia inusitada contra los líderes sociales, un aumento de masacres sin precedentes de 145 %, y una inseguridad que accede y golpea a la ciudadanía porque la política hoy cede ante la transacción criminal que es distinta a la paz”, dijo en evidente crítica a las negociaciones de paz.

“Esta persecución ha llevado a que por ejercer mi cargo con carácter y atado estrictamente a mis competencias haya sido denunciado penalmente en más de 100 ocasiones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por delitos inverosímiles en una democracia, como traición a la patria, sedición o seducción a las fuerzas militares para promover golpes de Estado. Por fortuna el Congreso de la República está al lado de la democracia y no de las persecuciones”, advirtió el Fiscal.

Caso Odebrecht

La Fiscalía busca esclarecer las supuestas irregularidades en la contratación pública que ejecutó Odebrecht en Colombia durante los años 2009 y 2016. En ese camino, se imputarán cargos a 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Al parecer, el ente de acusación tendría material probatorio y evidencias físicas que pondría en evidencia que estos ciudadanos habrían intervenido en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II para ayudar, presuntamente, a la multinacional brasileña.

“La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras irregularidades”, aseguró la Fiscalía.

Los 33 implicados, en diferentes grados de responsabilidad, deberán responder por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ellos ocupaban cargos trascendentes en la ANI, como la presidencia, vicepresidencias, gerencias y comités con injerencia en los procesos contractuales.

Las amenazas de muerte y el ocultamiento de información

El fiscal Barbosa también hizo referencia al plan para asesinarlo que fue revelado hace pocos días, y que, según ha denunciado, ya era de conocimiento de las Fuerzas Militares, desde hace tres meses, y esa información no había sido comunicada ni al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ni al presidente Gustavo Petro.

“Cuando se conoce información que puede llevar a la muerte o al asesinato de servidores públicos y en vez de ser comunicadas se esconde o se entrega a cuentagotas. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia”, fue el radical mensaje del fiscal Barbosa.

En este escenario, el Fiscal recordó que se encontraba en Estados Unidos, pidiendo medidas urgentes para que le sea protegida su vida y la de su familia. “Hace dos días, en la ciudad de Washington, por primera vez en la historia de Colombia, tuve que solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se deje de asediar la función de investigación en Colombia, cuando de forma permanente se ha intentado vulnerar esa autonomía e independencia. 150 páginas de petición y 250 páginas de anexos prueban la persecución”.

Los 33 imputados

  • Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.
  • Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).
  • Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).
  • Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.
  • José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.
  • Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.
  • Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.
  • María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera.
  • Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
  • Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).
  • Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8.
  • Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).
  • Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.
  • Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista).
  • Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno – vicepresidente de Gestión Contractual.
  • David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
  • Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.
  • Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.
  • Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.
  • Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.
  • Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).
  • Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.
  • Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07.
  • María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.
  • Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos - Gestión Contractual 2.
  • Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales.
  • Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.
  • Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2.
  • Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).
  • Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo.
  • Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).
  • Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero.
  • Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.