La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santa Marta, Javier Alfredo Valle Anaya, para que destape todos los patrones criminales que se dieron entre agentes del Estado y el paramilitarismo para atentar contra docentes y sindicalistas en el norte del país.
En un fallo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de 66 páginas se resolvió “aceptar el sometimiento de forma condicionada a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Javier Alfredo Valle Anaya, identificado con C.C. No. 78.696.079 de Montería, Córdoba, en su condición de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, exclusivamente por los hechos del proceso de radicado No. 110013107010201400024, por cumplirse los ámbitos de competencia y bajo los parámetros de un análisis de intensidad leve, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión”.
Otra de las decisiones trascendentales en el sometimiento de Valle Anaya fue no darle libertad condicional, quien se encuentra condenado desde 2017 a 40 años de cárcel por el asesinato del sociólogo y docente universitario Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez, cometidos en 2004.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizó los aportes de verdad presentados por Valle Anaya, que forma parte del régimen de condicionalidad de la JEP. Dicha sala concluyó que los aportes, a pesar de ser muy generales y “sin mayor riqueza descriptiva” de los hechos, tienen potencial de “impactar positivamente en la develación de patrones de macrocriminalidad” que están relacionados con la connivencia de agentes estatales con grupos paramilitares, especialmente en lo que tiene que ver con la persecución de docentes y sindicalistas señalados de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes como las extintas Farc-EP.
Esa relación empieza con el caso del propio profesor asesinado, Correa de Andréis, quien era integrante de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Asoprosimbol) para la época de los hechos, y habría sido uno de los acusados por funcionarios del extinto DAS de ser colaborador de la guerrilla para que terminara siendo objetivo del Bloque Norte de los paramilitares.
“Con dichos aportes, además, se corrobora que las AUC realizaron alianzas con miembros del DAS para así lograr consolidar su control territorial en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Sobre este particular, el compareciente fue conteste en relacionar a sus superiores en situaciones de connivencia con las AUC, lo que les permitió consolidar sus estrategias de expansión y control”, cita el fallo de la JEP.
Alias Don Antonio, hombre cercano al exjefe paramilitar Jorge 40 en el Atlántico, reveló que la orden para asesinar al profesor Correa de Andréis se dio después de que fue detenido y posteriormente puesto en libertad por el delito de rebelión. La justicia no tenía las pruebas suficientes que lo vincularan con los testigos que no conocían al docente y que habrían mentido.
Alias Don Antonio señaló que las supuestas evidencias que tenían para matarlo se las dio el propio DAS y estaban consignadas, al parecer, en el mismo informe de inteligencia que le había servido al organismo para judicializarlo y detenerlo semanas antes de que fuera asesinado. Ese informe del DAS contenía, entre otras afirmaciones sin sustento, que Correa de Andréis era el mismo alias Eulogio, ideólogo del ELN.
Valle Anaya se encontraba fuera del país, en Estados Unidos, desde 2005. Fue capturado en ese país por autoridades migratorias en 2018 y deportado a Colombia en septiembre de 2022. Desde entonces, se encuentra en una cárcel.