Por crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó cargos a siete integrantes del Bloque Noroccidental de la guerrilla de las Farc.
En la citación de la Sala se advierte que existe documentación que permite vincular a estos guerrilleros en toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
Este bloque fue el responsable de más de 300 secuestros, entre ellos, los del excongresista Óscar Tulio Lizcano, y el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el consejero de paz Gilberto Echeverri.
Entre los citados se encuentran Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo o el Viejo; y Pedro Baracutao García Ospina, exintegrante del Estado Mayor del Bloque y actualmente representante a la Cámara por el Partido Comunes.
Para la JEP, tras contrarrestar información y recolectar testimonios, los jefes del Bloque Noroccidental tuvieron poder y mando regional para liderar la ejecución de la política de secuestro que fijó el Secretariado de las Farc.
En esta estrategia se fijaron tres patrones criminales para financiar su estructura, para forzar el intercambio de guerrilleros presos y para controlar los territorios de Antioquia, el sur de Córdoba, el norte del Chocó, Risaralda y Caldas.
Las cifras indican que después del Bloque Oriental, el Bloque Noroccidental fue el segundo de los siete bloques de las Farc-EP con más secuestros, con cerca del 25 % de todos los casos de país.
En el caso del Bloque Noroccidental, la investigación de la JEP arrojó evidencia de que esta estructura, como las demás, secuestró para forzar el intercambio por guerrilleros presos, para financiarse y para controlar los territorios donde delinquía. Igualmente, ejecutó retenciones de personas a las que señalaba de colaborar con “el enemigo”.
Las privaciones de la libertad se hacían en residencias, en casas de recreo, en las tomas guerrilleras, en los retenes en las vías y en los ataques de la antigua guerrilla a la población civil. En todos los patrones la Sala encontró crímenes adicionales al secuestro y el asesinato, relacionados con el maltrato que la guardia cometía sin control de los superiores. Lo que es propio de la región durante el conflicto armado fue la gran cantidad de actores armados irregulares que competían por el control del territorio y de las rutas e ingresos provenientes del narcotráfico, y la intensidad de la violencia que desataron contra los civiles.
La Sala identificó 94 secuestros por control territorial, de las cuales 31 víctimas fueron señaladas por la guerrilla de haber ayudado o de pertenecer al Ejército o a grupos paramilitares. Los comparecientes reconocieron ante la JEP que cometieron “errores de inteligencia de combate” cuando decidieron asesinar o desplazar a los “colaboradores del enemigo” sin una investigación o motivación profunda.
Entre esos casos está el de Antonio Flórez Loaiza. Fue secuestrado el 8 de mayo de 1999, cuando iba en un carro hacia ek municipio de Argelia (Antioquia). Le dijeron que lo retenían por ser informante de grupos paramilitares. Durante su secuestro, Loaiza padeció maltrato físico y psicológico. Fue llevado hacia una zona montañosa del municipio de Nariño (Antioquia), y allí fue interrogado por varios guerrilleros. También fue amenazado de muerte y sus captores simularon dispararle en varias oportunidades para que confesara que era un informante.
El Bloque Noroccidental también aplicó la “Ley 003″, que emitió el último Secretariado de las Farc en el año 2000. Con esta “ley”, la guerrilla se otorgó el poder de secuestrar como castigo a supuestos “corruptos”.
Igualmente, secuestraban como parte de las sanciones que les imponían a los civiles que no obedecían sus órdenes. “Éramos estrictos también en el relacionamiento de los guerrilleros con la sociedad civil, mediante normas de convivencia”, dijo ante la JEP el compareciente Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro. Normas que no implicaban solamente lo que ellos consideraban “justicia”, sino el control “a la cacería, a las aguas, el trabajo ecológico, el medioambiente, todo ese tipo de cosas”.
Las Farc-EP decidieron mantener cautivos a militares para forzar al Estado colombiano a un intercambio por guerrilleros presos. Solo entre 1996 y 2002, la extinta guerrilla secuestró a cerca de 489 integrantes de la fuerza pública y de esos al menos 55 estaban en manos del BNOCC.
A principios de los años 2000, al ver que el secuestro de militares no daba el resultado esperado, empezaron a secuestrar a figuras nacionales de las tres ramas del poder público. “Hay que coger gente del Senado, de la Cámara, magistrados y ministros, los que integran los tres poderes y verán cómo brincan”, dijo en 2001 Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como Jorge Briceño o como el Mono Jojoy.
Entre los casos con impacto regional están los crímenes contra el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y su asesor de Paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, en 2002. El Frente 34, hombres al mando de alias El Paisa, un subalterno de Luis Óscar Úsuga (Isaías Trujillo), los secuestró en el Puente de El Vaho a 4 kilómetros del municipio de Caicedo, mientras lideraban una Marcha de “No Violencia.
Los funcionarios fueron secuestrados cuando intentaban hablar con la guerrilla para que levantara el cerco sobre el municipio de Caicedo y que los campesinos pudieran sacar su cosecha al mercado. Según reconocieron los comparecientes ante la JEP, El Paisa decide retenerlos inicialmente y luego el Secretariado da la orden definitiva de secuestro para intercambio por guerrilleros presos.
Gaviria y Echeverri luego fueron asesinados en un intento de rescate del Ejército, por orden de la guerrilla. El compareciente Pedro Baracutao reconoció que “el Ejército intentó un rescate, incluso desembarcar exactamente en el campamento donde estaba El Paisa con los secuestrados y en ese momento él da la orden a los subalternos de accionar las armas en contra de los soldados y el gobernador”. Esta era la orden que tenía la guardia en estos casos. 10 integrantes de la fuerza pública que estaban cautivos en el mismo campamento también fueron asesinados, y tres sobrevivieron.
El Bloque también fue responsable del secuestro del exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizano, el 5 de agosto del año 2000, en Riosucio (Caldas). Estuvo en cautiverio ocho años y dos meses entre Risaralda y la selva húmeda del Chocó, custodiado por unidades al mando de Martín Cruz Vega (Rubín Morro). “Lo que más me golpeó a mí fue la soledad”, dijo Lizcano en un informe ante la JEP. “Yo salí como una piltrafa humana (...) Sabía que iba a morir y por eso resolví fugarme, yo rebajé 60 kilos como vieron, vi el sol dos veces en la selva del Chocó”, relató sobre los malos tratos que recibió. El compareciente Vega reconoció su responsabilidad por ese secuestro ante la JEP: “El daño causado a Lizcano fue sin duda grande, en especial si se tiene en cuenta que era un hombre mayor de edad y estaba muy enfermo y lamentablemente duró mucho tiempo retenido”.
Otro hecho que la Sala recogió por su nivel de crueldad fue el del cabo José Norberto Pérez. Su hijo Andrés Felipe Pérez, quien sufría de cáncer, les pidió varias veces a las Farc-EP que liberaran a su papá para reencontrase con él antes de morir. Pero el niño falleció en diciembre de 2001 sin poder cumplir su deseo. Y a los dos meses, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental luego de que intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP.