Después de que el exagente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Camilo Bula aceptó irregularidades en el manejo de bienes incautados al narcotráfico, este viernes el juez quinto de conocimiento lo sentenció a ocho años y tres meses de cárcel. Según el fallo, Bula, quien compareció al juzgado a escuchar la sentencia, sabía que cometía un delito. Además, se consideró que actuó con dolo valiéndose de su cargo como servidor público porque no sólo cometió la conducta punible una vez, sino en repetidas ocasiones, dijo el juez. El exagente liquidador ha colaborado con la justicia para desenmascarar a quienes están detrás del escándalo que ocasionó un detrimento patrimonial derivado de un peculado a favor de terceros por 31.550 millones de pesos y un peculado en beneficio propio por 393 millones de pesos. Bula fue imputado por el ente investigador por el manejo irregular sobre cuatro bienes en Barranquilla: un centro comercial, un centro ejecutivo, una casa de nombre Bello Horizonte y un lote-parqueadero. “El avalúo no corresponde al precio real de lo que era el centro comercial el Country. Para la fecha del avalúo, eran 99 locales y fueron avaluados 11 locales inexistentes, que no corresponden a lo que dice la escritura pública”, indicó la Fiscalía en las diferentes diligencias desarrolladas durante el proceso. El ente investigador recordó que de los bienes sobre los cuales tuvo influencia Bula hubo oferta por debajo de su precio real al que entregaba Catastro. En el caso del centro comercial, aseguró que Bula influeyó para que se realizara la venta a un costo alejado de su precio real, lo que genera un detrimento patrimonial de 22.252 millones de pesos. En cuanto al Centro Ejecutivo II, la Fiscalía indicó que el “avalúo no cumple con los términos de ley, porque no fueron utilizados los documentos actualizados para ejecutar la venta”. El peculado a favor de terceros para la Fiscalía en este caso fue de aproximadamente 7.461 millones de pesos. Sobre la Casa Bello Horizonte, la Fiscalía dio cuenta de que se dio una subvaloración de 1.011 millones de pesos, lo que ocasionó un detrimento del patrimonio estatal y un peculado a favor de terceros. Por último, se encuentra un lote-parqueadero que fue vendido por debajo de su precio real, lo cual llevó, según la investigación, a que se presentara un desfalco al Estado por 825 millones de pesos. Bula tiene suspendida la acción penal en su contra por siete delitos, puesto que logró un principio de oportunidad con la Fiscalía. Entre lo pactado por el exfuncionario con el ente acusador está el servir de testigo en procesos contra otros implicados. Además debe reparar a las víctimas. Las víctimas del proceso se mostraron descontentas con la pena y apelaron el fallo, para que sea el Tribunal Superior de Bogotá el que entre a decidir en segunda instancia.